Un juez deja en evidencia a Clinton al declarar anticonstitucional la ley de los 'gay' en el Ejército.
Jose Manuel Calvo Roy | El País, 1995-03-30
https://elpais.com/diario/1995/03/31/internacional/796600804_850215.html
Jose Manuel Calvo Roy | El País, 1995-03-30
https://elpais.com/diario/1995/03/31/internacional/796600804_850215.html
El juez Eugene Nickerson abrió ayer una seria vía de agua en la política de parches del presidente Clinton al declarar inconstitucional la ley que impide a los homosexuales alistarse abiertamente en las filas del Ejército. En su dictamen sobre la reclamación de seis gay que desafiaron la prohibición de declarar públicamente su orientación sexual, el juez Nickerson, del tribunal federal de Brooklyn (Nueva York), dice que la ley "no sólo es engañosa, sino qué induce a los homosexuales a mentir", y que constituye una clara violación de la Constítución. El Tribunal Supremo dirá la última palabra.
El juez federal Nickerson ya había dado una pista de por dónde podían ir las cosas cuando en abril del año pasado, después de haber recibido la denuncia de los seis gay, prohibió que fueran expulsados del Ejército mientras el proceso estaba abierto, como tendría que haber ocurrido según la ley. Su sentencia de ayer, que el Pentágono recurrirá, es la primera que desafía la constitucionalidad de la ley. A Clinton, calentando motores para la campaña electoral de 1996, la noticia le supone la reapertura -con consecuencias inciertas y poco prometedoras- de uno de los capítulos menos afortunados de su estancia en la Casa Blanca. Bill Clinton prometió en su campaña electoral de 1992 resolver mediante una orden ejecutiva el problema de la discriminación contra los homosexuales de uniforme. La promesa le estalló en las manos en enero de 1993, antes de tomar posesión de su cargo, porque rápidamente se ganó la oposición de la Junta de Jefes de Estado Mayor y la de los principales líderes demócratas de las dos cámaras. Sam Nunn, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que Clinton avanzaba en la dirección equivocada y que la decisión pertenecía al Congreso, no a la Casa Blanca. La opinión pública, que en enero de 1992 estaba en un 54% a favor de la idea, había disminuido su respaldo al 35% un año después.
Después de meses de negociaciones, la dura realidad produjo una solución salomónica: tratando de evitar el tremendo desgaste político del problema en la primera fase de su mandato, Clinton actuó con la intención de mantener el compromiso electoral sin abrir una crisis en el partido y en el Ejército. La Casa Blanca encargó al Pentágono un texto que recogiera el compromiso electoral de no expulsar a nadie de las Fuerzas Armadas por razones de orientación sexual, sin que eso supusiera una política de puertas abiertas. Lo que salió adelante fue la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que entró en vigor en febrero de 1994 y que desde el principio se conoció como la norma de "no se pregunta nada, no se dice nada". Las Fuerzas Armadas eliminarían de sus formularios de admisión las preguntas relacionadas con la preferencia sexual de los reclutas y no habría expulsiones si el asunto se mantenía en secreto.
Respuesta al apoyo electoral
Mediante esta fórmula, Bill Clinton creyó poder asimilar los argumentos que advertían sobre el "deterioro de la unidad y la cohesión de las unidades militares", debido a la presencia abierta de homosexuales en los cuarteles que habían respaldado masivamente su campaña electoral.
El intento de complacer a dos partes, una filosofía intrínsecamente arraigada en el alma política de Clinton, era arriesgado. A los militares y a los políticos les pareció un mal menor, pero los colectivos homosexuales anunciaron desde el primer momento su propósito de llevar la batalla a los tribunales. Ahora, el juez Nickerson les da la razón y su satisfacción es evidente. "Estamos muy satisfechos. Creemos que esta decisión confirma lo que es obvio: que es una política discriminatoria basada únicamente en prejuicios", según Robin Kane, del Grupo de Trabajo Nacional de Homosexuales.
Eugene Nickerson, que antes de tomar la decisión escuchó a la abogada Margaret Plank justificar la ley por las necesidades de la vida militar y defenderla como la mejor defensa de la privacidad de los soldados, dictaminó que el argumento "es el más incongruente: después de aprobada la ley, las duchas, letrinas y barracones no son más privados de lo que eran antes". Matthew Coles, de la Unión de Libertades Civiles, señaló: "No hay una sola prueba de que la presencia de homosexuales haya minado la cohesión militar o la eficacia de las unidades, y la filosofía de 'no preguntar, no decir nada' obliga a los homosexuales a elegir entre servir a su país o mentir".
Entre los expertos llamados a declarar en favor de los seis homosexuales que han ganado el caso se encontraban dos generales retirados y un alto cargo de Defensa. Se da por seguro que el Departamento de Justicia y el Pentágono recurrirán la sentencia del juez federal ante el Tribunal Supremo.
El juez federal Nickerson ya había dado una pista de por dónde podían ir las cosas cuando en abril del año pasado, después de haber recibido la denuncia de los seis gay, prohibió que fueran expulsados del Ejército mientras el proceso estaba abierto, como tendría que haber ocurrido según la ley. Su sentencia de ayer, que el Pentágono recurrirá, es la primera que desafía la constitucionalidad de la ley. A Clinton, calentando motores para la campaña electoral de 1996, la noticia le supone la reapertura -con consecuencias inciertas y poco prometedoras- de uno de los capítulos menos afortunados de su estancia en la Casa Blanca. Bill Clinton prometió en su campaña electoral de 1992 resolver mediante una orden ejecutiva el problema de la discriminación contra los homosexuales de uniforme. La promesa le estalló en las manos en enero de 1993, antes de tomar posesión de su cargo, porque rápidamente se ganó la oposición de la Junta de Jefes de Estado Mayor y la de los principales líderes demócratas de las dos cámaras. Sam Nunn, presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, dijo que Clinton avanzaba en la dirección equivocada y que la decisión pertenecía al Congreso, no a la Casa Blanca. La opinión pública, que en enero de 1992 estaba en un 54% a favor de la idea, había disminuido su respaldo al 35% un año después.
Después de meses de negociaciones, la dura realidad produjo una solución salomónica: tratando de evitar el tremendo desgaste político del problema en la primera fase de su mandato, Clinton actuó con la intención de mantener el compromiso electoral sin abrir una crisis en el partido y en el Ejército. La Casa Blanca encargó al Pentágono un texto que recogiera el compromiso electoral de no expulsar a nadie de las Fuerzas Armadas por razones de orientación sexual, sin que eso supusiera una política de puertas abiertas. Lo que salió adelante fue la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que entró en vigor en febrero de 1994 y que desde el principio se conoció como la norma de "no se pregunta nada, no se dice nada". Las Fuerzas Armadas eliminarían de sus formularios de admisión las preguntas relacionadas con la preferencia sexual de los reclutas y no habría expulsiones si el asunto se mantenía en secreto.
Respuesta al apoyo electoral
Mediante esta fórmula, Bill Clinton creyó poder asimilar los argumentos que advertían sobre el "deterioro de la unidad y la cohesión de las unidades militares", debido a la presencia abierta de homosexuales en los cuarteles que habían respaldado masivamente su campaña electoral.
El intento de complacer a dos partes, una filosofía intrínsecamente arraigada en el alma política de Clinton, era arriesgado. A los militares y a los políticos les pareció un mal menor, pero los colectivos homosexuales anunciaron desde el primer momento su propósito de llevar la batalla a los tribunales. Ahora, el juez Nickerson les da la razón y su satisfacción es evidente. "Estamos muy satisfechos. Creemos que esta decisión confirma lo que es obvio: que es una política discriminatoria basada únicamente en prejuicios", según Robin Kane, del Grupo de Trabajo Nacional de Homosexuales.
Eugene Nickerson, que antes de tomar la decisión escuchó a la abogada Margaret Plank justificar la ley por las necesidades de la vida militar y defenderla como la mejor defensa de la privacidad de los soldados, dictaminó que el argumento "es el más incongruente: después de aprobada la ley, las duchas, letrinas y barracones no son más privados de lo que eran antes". Matthew Coles, de la Unión de Libertades Civiles, señaló: "No hay una sola prueba de que la presencia de homosexuales haya minado la cohesión militar o la eficacia de las unidades, y la filosofía de 'no preguntar, no decir nada' obliga a los homosexuales a elegir entre servir a su país o mentir".
Entre los expertos llamados a declarar en favor de los seis homosexuales que han ganado el caso se encontraban dos generales retirados y un alto cargo de Defensa. Se da por seguro que el Departamento de Justicia y el Pentágono recurrirán la sentencia del juez federal ante el Tribunal Supremo.
