Este
país es una fuente inagotable de sorpresas. Ahora resulta que la ley
del divorcio que se discutirá en el Congreso de los Diputados será la
presentada por UCD. Curioso que el partido del Gobierno, nada dado a
veleidades feministas ni progresistas, presente y defienda una
regulación del divorcio. Cierto es que el asombro dura sólo unos
instantes, a nada que se mire un poco de cerca el asunto. Vayamos por
partes: después de la experiencia italiana, UCD sabe muy bien que
oponerse frontalmente al divorcio es perder y que, de tener que perder
algo, mejor que sea poco y además no aparecer como perdedor...
Recientemente,
UCD hizo saber que no presentaría un proyecto de ley y que la
regulación del divorcio la plantearía a través de la reforma del Código
Civil. El mismísimo señor ministro de Justicia explicaba el porqué: de
este modo sería más difícil una reforma posterior del Código Civil que
tratase de mejorar su propuesta. ¡Como argumento de derechas,
conservador a ultranza, no está mal! Y la verdad es que lo que va a
proponer UCD, de divorcio no tiene ni el nombre; más bien se trata de
una interminable carrera de obstáculos para impedir que los ciudadanos y
ciudadanas de este Estado puedan divorciarse alguna vez. Por encima de
todo, la defensa de la institución matrimonial, poco importa la voluntad
de los cónyuges. A éstos se les impide que de común acuerdo puedan
acceder al divorcio, y menos aún hacerlo a petición de uno de ellos.
Empieza la carrera de obstáculos; después del requisito obligatorio de
la separación previa, los habrá que, según unas condiciones, podrán
divorciarse al cabo de un año -los menos- y los habrá que tendrán que
esperar... ¡siete años! Siempre y cuando al otro cónyuge el divorcio no
le «ocasione perjuicios de excepcional gravedad» (sic). La mano de la
Iglesia católica se ve, no sólo se adivina, en tamaño castigo que la UCD
nos quiere imponer.
Un triste papel Los grandes
partidos de la izquierda parlamentaria están jugando de nuevo un triste
papel. Creo que nadie se escandalizará si digo que el PSOE y el PCE-PSUC
están dejando hacer a la UCD. Los proyectos de ley de divorcio de
socialistas y comunistas han sido rechazados en el Congreso de los
Diputados, uno tras otro. De ninguno de los dos podía decirse que
estuvieran inspirados en la defensa de los intereses de las mujeres,
aunque ¡qué menos! fueran más progresistas que la propuesta de UCD.
Socialistas y comunistas se han limitado a encajar la «derrota» de sus
proyectos y, de momento, ya han cumplido con sus deberes parlamentarios.
Ni antes ni después han buscado el suscitar un amplio debate fuera del
Parlamento, interesando a hombres y mujeres en la defensa del divorcio.
Y si no lo han hecho, ¿podemos esperar que se opongan ahora con fuerza a
UCD? Ya se empiezan a oír de nuevo las voces de siempre que hablan de
consenso, de que hay que ser realista, que el país no está para grandes
confrontaciones, que más vale una mala ley de divorcio que seguir como
estamos... Los periódicos se han hecho eco ya de reuniones de UCD con el
PSOE -de momento- para buscar acuerdos de cara a la discusión del
proyecto gubernamental. Intentos de acuerdos, una y otra vez; acuerdos
entre cuatro paredes, acuerdos que sustituyan la lucha de todos los
hombres y mujeres que sí quieren, de verdad, una ley de divorcio.
Cuando
llegue la discusión en el Parlamento, esperemos que haya otras voces
disonantes y que no sean precisamente las de Coalición Democrática y la
de Blas Piñar, que ya tienen cargadas todas sus baterías para seguir en
su cruzada de defensa de la «sacrosanta institución matrimonial».
Frente
a todos estos proyectos y minileyes, la mayoría de las organizaciones
feministas, la
Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado
español, ha elaborado una ley de divorcio y la está dando a conocer por
todas partes. Es una propuesta rabiosamente democrática que parte de la
situación de las mujeres y sale en su defensa.
Los puntos centrales de la ley de la coordinadora feminista son los siguientes:
- Que el divorcio sea gratuito y de rápida tramitación.
- Que
no haya que alegar causas para acceder al divorcio, bastando el mutuo
acuerdo de los cónyuges o la decisión de uno de ellos.
- Que las
mujeres divorciadas, salvo aquellas que tengan medios económicos propios
o que sus ex maridos posean recursos económicos importantes, perciban
un subsidio a cargo del Estado y una formación profesional encaminada a
acceder a un puesto de trabajo.
- Que las madres que así lo
deseen puedan seguir conviviendo con sus hijos e hijas y que éstos, a
partir de la edad de diez años, puedan decidir si desean convivir con el
padre o la madre.
Son puntos todos ellos imprescindibles para
que una ley de divorcio sea democrática y feminista, para que respete y
defienda la libertad y los derechos de todos los ciudadanos -hombres y
mujeres- y, de un modo especial, los de las mujeres, dada la situación
de marginación y opresión que sufrimos en esta sociedad patriarcal y
capitalista.
Limitaciones de espacio, que impiden argumentar
pormenorizadamente los puntos centrales de la ley de la coordinadora
feminista. Esperemos que haya nuevas ocasiones de volver sobre ello. Me
limitaré a reflexionar en voz alta sobre los presupuestos de fondo,
sobre la filosofía que late tras la letra de la ley.
Cuando dos
personas deciden libremente dejar de vivir juntas, nadie puede
obligarles a lo contrario y la ley no debe inmiscuirse en su vida
privada ni en las razones que les han llevado a tomar tal decisión. Otro
tanto ocurre cuando es uno de los cónyuges quien desea romper la
convivencia en común. A nadie se le puede imponer por la fuerza una
unión que no desea. Lo que tendrá que hacer la ley será velar para que
la situación en la que quede la otra parte sea la menos perjudicial
posible. Estas razones, de elemental democracia y respeto a la voluntad
de las personas, cobran aún más peso si tenemos en cuenta que el
matrimonio no es una opción «voluntaria», en especial para las mujeres,
en esta sociedad patriarcal. Casarnos, ser buenas esposas y madres de
familia sigue siendo la profesión, la tarea para la que se nos sigue
educando a las mujeres en esta sociedad. Y las mujeres saben muy bien
que el matrimonio no es precisamente ese paraíso del que somos reinas
una vez al año, el Día de la Madre...
Exigir que tenga que haber
causas para acceder al divorcio, aunque sean causas muy genéricas y
vagas, no es sino partir de la consideración de que el matrimonio es un
bien preciado, que hay que defender a capa y espada, pasando incluso por
encima de la voluntad de quien ha decidido romperlo; buscando un
culpable en última instancia. ¿Cómo se podría defender, desde un punto
de vista feminista, que haya que buscar al culpable de la ruptura de la
institución matrimonial, cuando uno de los pilares básicos de la
opresión de la mujer es precisamente la familia patriarcal?
¿Por
qué la coordinadora feminista plantea en su ley que, salvo en las
justas excepciones que decía más arriba, sea el Estado quien se haga
cargo de las pensiones y de la formación profesional de las divorciadas
hasta que accedan -las que tengan edad para ello- a un puesto de
trabajo? Porque defendemos que el divorcio sea accesible a las clases
trabajadoras, y no sólo a la burguesía. Propugnar que la pensión la
paguen los maridos es antidemocrático y clasista, ya que el divorcio
sería un privilegio que sólo se podrían costear las clases pudientes. De
hecho, los ricos ya se las arreglan hoy para divorciarse a través de
múltiples modalidades.
Independencia del marido Porque
defendemos la autonomía, la independencia de las mujeres, y no el que
sigan dependiendo del marido después de divorciadas. ¿Cómo va a emerger
en las mujeres la conciencia de que la sociedad les debe un puesto de
trabajo y van a luchar por conquistar su independencia económica y el
reconocimiento de sus derechos como seres autónomos si, después de
divorciadas, se les sigue considerando esposas (ahora en la modalidad de
ex) que viven a cargo de su antiguo marido?
Y porque la
institución matrimonial es, entre otras cosas,
un contrato económico
camuflado que reduce a las amas de casa a la condición de trabajadoras
no reconocidas y ejército de reserva del capital. ¿Qué cosa más conforme
a la realidad que exigirle al Estado que cargue con la factura
correspondiente a la ruptura de un contrato (el matrimonial) que
mientras estuvo en vigencia le reportó tan notables beneficios, tantos
ahorros, y que reconozca como trabajadoras en paro a quienes hasta
entonces -y para suerte del Estado capitalista- no eran más que
trabajadoras en paro encubierto? No son privilegios lo que reclamamos
para las mujeres, sino sus derechos, al igual que lucharnos por los
derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en paro, que
son muchos más cientos de miles que los que tiene en su censo el
Ministerio de Trabajo.
Sabemos que esta ley de la coordinadora
plantea exigencias contrarias a las de UCD, a las de la Iglesia católica
y a las de la derecha en general, y que es muy incómoda para quienes
estén dispuestos a seguir buscando el consenso con aquéllos, aun a costa
de pasar por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía y,
particularmente, de las mujeres. Pero también sabemos que sólo una ley
de estas características podrá ser bien recibida por las mujeres y
también por los hombres progresistas del Estado español. En eso estamos.
Empar Pineda. Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. Miembro del comité federal del Movimiento Comunista
