Empar Pineda | El País, 1979-10-06
https://elpais.com/diario/1979/10/07/sociedad/308098803_850215.html
Este
país es una fuente inagotable de sorpresas. Ahora resulta que la ley
del divorcio que se discutirá en el Congreso de los Diputados será la
presentada por UCD. Curioso que el partido del Gobierno, nada dado a
veleidades feministas ni progresistas, presente y defienda una
regulación del divorcio. Cierto es que el asombro dura sólo unos
instantes, a nada que se mire un poco de cerca el asunto. Vayamos por
partes: después de la experiencia italiana, UCD sabe muy bien que
oponerse frontalmente al divorcio es perder y que, de tener que perder
algo, mejor que sea poco y además no aparecer como perdedor...
Recientemente, UCD hizo saber que no presentaría un proyecto de ley y que la regulación del divorcio la plantearía a través de la reforma del Código Civil. El mismísimo señor ministro de Justicia explicaba el porqué: de este modo sería más difícil una reforma posterior del Código Civil que tratase de mejorar su propuesta. ¡Como argumento de derechas, conservador a ultranza, no está mal! Y la verdad es que lo que va a proponer UCD, de divorcio no tiene ni el nombre; más bien se trata de una interminable carrera de obstáculos para impedir que los ciudadanos y ciudadanas de este Estado puedan divorciarse alguna vez. Por encima de todo, la defensa de la institución matrimonial, poco importa la voluntad de los cónyuges. A éstos se les impide que de común acuerdo puedan acceder al divorcio, y menos aún hacerlo a petición de uno de ellos. Empieza la carrera de obstáculos; después del requisito obligatorio de la separación previa, los habrá que, según unas condiciones, podrán divorciarse al cabo de un año -los menos- y los habrá que tendrán que esperar... ¡siete años! Siempre y cuando al otro cónyuge el divorcio no le «ocasione perjuicios de excepcional gravedad» (sic). La mano de la Iglesia católica se ve, no sólo se adivina, en tamaño castigo que la UCD nos quiere imponer.
Un triste papel
Los grandes partidos de la izquierda parlamentaria están jugando de nuevo un triste papel. Creo que nadie se escandalizará si digo que el PSOE y el PCE-PSUC están dejando hacer a la UCD. Los proyectos de ley de divorcio de socialistas y comunistas han sido rechazados en el Congreso de los Diputados, uno tras otro. De ninguno de los dos podía decirse que estuvieran inspirados en la defensa de los intereses de las mujeres, aunque ¡qué menos! fueran más progresistas que la propuesta de UCD. Socialistas y comunistas se han limitado a encajar la «derrota» de sus proyectos y, de momento, ya han cumplido con sus deberes parlamentarios. Ni antes ni después han buscado el suscitar un amplio debate fuera del Parlamento, interesando a hombres y mujeres en la defensa del divorcio. Y si no lo han hecho, ¿podemos esperar que se opongan ahora con fuerza a UCD? Ya se empiezan a oír de nuevo las voces de siempre que hablan de consenso, de que hay que ser realista, que el país no está para grandes confrontaciones, que más vale una mala ley de divorcio que seguir como estamos... Los periódicos se han hecho eco ya de reuniones de UCD con el PSOE -de momento- para buscar acuerdos de cara a la discusión del proyecto gubernamental. Intentos de acuerdos, una y otra vez; acuerdos entre cuatro paredes, acuerdos que sustituyan la lucha de todos los hombres y mujeres que sí quieren, de verdad, una ley de divorcio.
Cuando llegue la discusión en el Parlamento, esperemos que haya otras voces disonantes y que no sean precisamente las de Coalición Democrática y la de Blas Piñar, que ya tienen cargadas todas sus baterías para seguir en su cruzada de defensa de la «sacrosanta institución matrimonial».
Frente a todos estos proyectos y minileyes, la mayoría de las organizaciones feministas, la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español, ha elaborado una ley de divorcio y la está dando a conocer por todas partes. Es una propuesta rabiosamente democrática que parte de la situación de las mujeres y sale en su defensa.
Los puntos centrales de la ley de la coordinadora feminista son los siguientes:
Limitaciones de espacio, que impiden argumentar pormenorizadamente los puntos centrales de la ley de la coordinadora feminista. Esperemos que haya nuevas ocasiones de volver sobre ello. Me limitaré a reflexionar en voz alta sobre los presupuestos de fondo, sobre la filosofía que late tras la letra de la ley.
Cuando dos personas deciden libremente dejar de vivir juntas, nadie puede obligarles a lo contrario y la ley no debe inmiscuirse en su vida privada ni en las razones que les han llevado a tomar tal decisión. Otro tanto ocurre cuando es uno de los cónyuges quien desea romper la convivencia en común. A nadie se le puede imponer por la fuerza una unión que no desea. Lo que tendrá que hacer la ley será velar para que la situación en la que quede la otra parte sea la menos perjudicial posible. Estas razones, de elemental democracia y respeto a la voluntad de las personas, cobran aún más peso si tenemos en cuenta que el matrimonio no es una opción «voluntaria», en especial para las mujeres, en esta sociedad patriarcal. Casarnos, ser buenas esposas y madres de familia sigue siendo la profesión, la tarea para la que se nos sigue educando a las mujeres en esta sociedad. Y las mujeres saben muy bien que el matrimonio no es precisamente ese paraíso del que somos reinas una vez al año, el Día de la Madre...
Exigir que tenga que haber causas para acceder al divorcio, aunque sean causas muy genéricas y vagas, no es sino partir de la consideración de que el matrimonio es un bien preciado, que hay que defender a capa y espada, pasando incluso por encima de la voluntad de quien ha decidido romperlo; buscando un culpable en última instancia. ¿Cómo se podría defender, desde un punto de vista feminista, que haya que buscar al culpable de la ruptura de la institución matrimonial, cuando uno de los pilares básicos de la opresión de la mujer es precisamente la familia patriarcal?
¿Por qué la coordinadora feminista plantea en su ley que, salvo en las justas excepciones que decía más arriba, sea el Estado quien se haga cargo de las pensiones y de la formación profesional de las divorciadas hasta que accedan -las que tengan edad para ello- a un puesto de trabajo? Porque defendemos que el divorcio sea accesible a las clases trabajadoras, y no sólo a la burguesía. Propugnar que la pensión la paguen los maridos es antidemocrático y clasista, ya que el divorcio sería un privilegio que sólo se podrían costear las clases pudientes. De hecho, los ricos ya se las arreglan hoy para divorciarse a través de múltiples modalidades.
Independencia del marido
Porque defendemos la autonomía, la independencia de las mujeres, y no el que sigan dependiendo del marido después de divorciadas. ¿Cómo va a emerger en las mujeres la conciencia de que la sociedad les debe un puesto de trabajo y van a luchar por conquistar su independencia económica y el reconocimiento de sus derechos como seres autónomos si, después de divorciadas, se les sigue considerando esposas (ahora en la modalidad de ex) que viven a cargo de su antiguo marido?
Y porque la institución matrimonial es, entre otras cosas, un contrato económico camuflado que reduce a las amas de casa a la condición de trabajadoras no reconocidas y ejército de reserva del capital. ¿Qué cosa más conforme a la realidad que exigirle al Estado que cargue con la factura correspondiente a la ruptura de un contrato (el matrimonial) que mientras estuvo en vigencia le reportó tan notables beneficios, tantos ahorros, y que reconozca como trabajadoras en paro a quienes hasta entonces -y para suerte del Estado capitalista- no eran más que trabajadoras en paro encubierto? No son privilegios lo que reclamamos para las mujeres, sino sus derechos, al igual que lucharnos por los derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en paro, que son muchos más cientos de miles que los que tiene en su censo el Ministerio de Trabajo.
Sabemos que esta ley de la coordinadora plantea exigencias contrarias a las de UCD, a las de la Iglesia católica y a las de la derecha en general, y que es muy incómoda para quienes estén dispuestos a seguir buscando el consenso con aquéllos, aun a costa de pasar por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía y, particularmente, de las mujeres. Pero también sabemos que sólo una ley de estas características podrá ser bien recibida por las mujeres y también por los hombres progresistas del Estado español. En eso estamos.
Empar Pineda. Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. Miembro del comité federal del Movimiento Comunista
Recientemente, UCD hizo saber que no presentaría un proyecto de ley y que la regulación del divorcio la plantearía a través de la reforma del Código Civil. El mismísimo señor ministro de Justicia explicaba el porqué: de este modo sería más difícil una reforma posterior del Código Civil que tratase de mejorar su propuesta. ¡Como argumento de derechas, conservador a ultranza, no está mal! Y la verdad es que lo que va a proponer UCD, de divorcio no tiene ni el nombre; más bien se trata de una interminable carrera de obstáculos para impedir que los ciudadanos y ciudadanas de este Estado puedan divorciarse alguna vez. Por encima de todo, la defensa de la institución matrimonial, poco importa la voluntad de los cónyuges. A éstos se les impide que de común acuerdo puedan acceder al divorcio, y menos aún hacerlo a petición de uno de ellos. Empieza la carrera de obstáculos; después del requisito obligatorio de la separación previa, los habrá que, según unas condiciones, podrán divorciarse al cabo de un año -los menos- y los habrá que tendrán que esperar... ¡siete años! Siempre y cuando al otro cónyuge el divorcio no le «ocasione perjuicios de excepcional gravedad» (sic). La mano de la Iglesia católica se ve, no sólo se adivina, en tamaño castigo que la UCD nos quiere imponer.
Un triste papel
Los grandes partidos de la izquierda parlamentaria están jugando de nuevo un triste papel. Creo que nadie se escandalizará si digo que el PSOE y el PCE-PSUC están dejando hacer a la UCD. Los proyectos de ley de divorcio de socialistas y comunistas han sido rechazados en el Congreso de los Diputados, uno tras otro. De ninguno de los dos podía decirse que estuvieran inspirados en la defensa de los intereses de las mujeres, aunque ¡qué menos! fueran más progresistas que la propuesta de UCD. Socialistas y comunistas se han limitado a encajar la «derrota» de sus proyectos y, de momento, ya han cumplido con sus deberes parlamentarios. Ni antes ni después han buscado el suscitar un amplio debate fuera del Parlamento, interesando a hombres y mujeres en la defensa del divorcio. Y si no lo han hecho, ¿podemos esperar que se opongan ahora con fuerza a UCD? Ya se empiezan a oír de nuevo las voces de siempre que hablan de consenso, de que hay que ser realista, que el país no está para grandes confrontaciones, que más vale una mala ley de divorcio que seguir como estamos... Los periódicos se han hecho eco ya de reuniones de UCD con el PSOE -de momento- para buscar acuerdos de cara a la discusión del proyecto gubernamental. Intentos de acuerdos, una y otra vez; acuerdos entre cuatro paredes, acuerdos que sustituyan la lucha de todos los hombres y mujeres que sí quieren, de verdad, una ley de divorcio.
Cuando llegue la discusión en el Parlamento, esperemos que haya otras voces disonantes y que no sean precisamente las de Coalición Democrática y la de Blas Piñar, que ya tienen cargadas todas sus baterías para seguir en su cruzada de defensa de la «sacrosanta institución matrimonial».
Frente a todos estos proyectos y minileyes, la mayoría de las organizaciones feministas, la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado español, ha elaborado una ley de divorcio y la está dando a conocer por todas partes. Es una propuesta rabiosamente democrática que parte de la situación de las mujeres y sale en su defensa.
Los puntos centrales de la ley de la coordinadora feminista son los siguientes:
- Que el divorcio sea gratuito y de rápida tramitación.
- Que no haya que alegar causas para acceder al divorcio, bastando el mutuo acuerdo de los cónyuges o la decisión de uno de ellos.
- Que las mujeres divorciadas, salvo aquellas que tengan medios económicos propios o que sus ex maridos posean recursos económicos importantes, perciban un subsidio a cargo del Estado y una formación profesional encaminada a acceder a un puesto de trabajo.
- Que las madres que así lo deseen puedan seguir conviviendo con sus hijos e hijas y que éstos, a partir de la edad de diez años, puedan decidir si desean convivir con el padre o la madre.
Limitaciones de espacio, que impiden argumentar pormenorizadamente los puntos centrales de la ley de la coordinadora feminista. Esperemos que haya nuevas ocasiones de volver sobre ello. Me limitaré a reflexionar en voz alta sobre los presupuestos de fondo, sobre la filosofía que late tras la letra de la ley.
Cuando dos personas deciden libremente dejar de vivir juntas, nadie puede obligarles a lo contrario y la ley no debe inmiscuirse en su vida privada ni en las razones que les han llevado a tomar tal decisión. Otro tanto ocurre cuando es uno de los cónyuges quien desea romper la convivencia en común. A nadie se le puede imponer por la fuerza una unión que no desea. Lo que tendrá que hacer la ley será velar para que la situación en la que quede la otra parte sea la menos perjudicial posible. Estas razones, de elemental democracia y respeto a la voluntad de las personas, cobran aún más peso si tenemos en cuenta que el matrimonio no es una opción «voluntaria», en especial para las mujeres, en esta sociedad patriarcal. Casarnos, ser buenas esposas y madres de familia sigue siendo la profesión, la tarea para la que se nos sigue educando a las mujeres en esta sociedad. Y las mujeres saben muy bien que el matrimonio no es precisamente ese paraíso del que somos reinas una vez al año, el Día de la Madre...
Exigir que tenga que haber causas para acceder al divorcio, aunque sean causas muy genéricas y vagas, no es sino partir de la consideración de que el matrimonio es un bien preciado, que hay que defender a capa y espada, pasando incluso por encima de la voluntad de quien ha decidido romperlo; buscando un culpable en última instancia. ¿Cómo se podría defender, desde un punto de vista feminista, que haya que buscar al culpable de la ruptura de la institución matrimonial, cuando uno de los pilares básicos de la opresión de la mujer es precisamente la familia patriarcal?
¿Por qué la coordinadora feminista plantea en su ley que, salvo en las justas excepciones que decía más arriba, sea el Estado quien se haga cargo de las pensiones y de la formación profesional de las divorciadas hasta que accedan -las que tengan edad para ello- a un puesto de trabajo? Porque defendemos que el divorcio sea accesible a las clases trabajadoras, y no sólo a la burguesía. Propugnar que la pensión la paguen los maridos es antidemocrático y clasista, ya que el divorcio sería un privilegio que sólo se podrían costear las clases pudientes. De hecho, los ricos ya se las arreglan hoy para divorciarse a través de múltiples modalidades.
Independencia del marido
Porque defendemos la autonomía, la independencia de las mujeres, y no el que sigan dependiendo del marido después de divorciadas. ¿Cómo va a emerger en las mujeres la conciencia de que la sociedad les debe un puesto de trabajo y van a luchar por conquistar su independencia económica y el reconocimiento de sus derechos como seres autónomos si, después de divorciadas, se les sigue considerando esposas (ahora en la modalidad de ex) que viven a cargo de su antiguo marido?
Y porque la institución matrimonial es, entre otras cosas, un contrato económico camuflado que reduce a las amas de casa a la condición de trabajadoras no reconocidas y ejército de reserva del capital. ¿Qué cosa más conforme a la realidad que exigirle al Estado que cargue con la factura correspondiente a la ruptura de un contrato (el matrimonial) que mientras estuvo en vigencia le reportó tan notables beneficios, tantos ahorros, y que reconozca como trabajadoras en paro a quienes hasta entonces -y para suerte del Estado capitalista- no eran más que trabajadoras en paro encubierto? No son privilegios lo que reclamamos para las mujeres, sino sus derechos, al igual que lucharnos por los derechos del conjunto de los trabajadores y trabajadoras en paro, que son muchos más cientos de miles que los que tiene en su censo el Ministerio de Trabajo.
Sabemos que esta ley de la coordinadora plantea exigencias contrarias a las de UCD, a las de la Iglesia católica y a las de la derecha en general, y que es muy incómoda para quienes estén dispuestos a seguir buscando el consenso con aquéllos, aun a costa de pasar por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía y, particularmente, de las mujeres. Pero también sabemos que sólo una ley de estas características podrá ser bien recibida por las mujeres y también por los hombres progresistas del Estado español. En eso estamos.
Empar Pineda. Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español. Miembro del comité federal del Movimiento Comunista
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