DOCUMENTACIÓN | OFENSIVAS | EXCLUIDAS LESBIANAS Y MUJERES SOLAS DE LA REPRODUCCIÓN ASISTIDA PÚBLICA

Excluidas lesbianas y mujeres solas de la reproducción asistida pública.
Sanidad propone a las autonomías que el único criterio sea el de la infertilidad.
María R. Sahuquillo | El País, 2013-07-18
https://elpais.com/sociedad/2013/07/18/actualidad/1374178125_262676.html 

Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro...) estarán vetados a parejas de lesbianas y a mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que está definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de fertilidad. Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del ministerio aseguraron que cualquiera que sea estéril podrá acceder a estos tratamientos. En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos”.

La normativa actual establece —a través de un Real Decreto de 2006— que la sanidad pública solo financia esta prestación cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta vía por la que algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a las lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una el hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo tenían difícil para someterse a estos tratamientos.

Las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a mujeres solas o lesbianas —fuera de los criterios establecidos por la nueva cartera básica de servicios— podrán seguir haciéndolo; pero solo si demuestran que tendrán presupuesto suficiente para hacerlo. Algo que con la coyuntura económica actual es cuando menos complicado.

La propuesta para la prestación de reproducción asistida a la que ha tenido acceso El País, que se presentará en el Consejo Interterritorial de Sanidad del martes, establece que los tratamientos de reproducción asistida se aplicarán “a las parejas” que cumplan, además, otros criterios: la mujer no puede ser mayor de 40 años (para inseminación artificial con semen de la pareja, 38) y el hombre de 50; y no pueden tener en común ningún hijo sano. Además, si algún miembro de la pareja se esterilizó voluntariamente o tiene problemas para cumplir el tratamiento por razones de salud o debido a su entorno social serán excluidos.

Esto, tal y como figura en el documento enviado a las comunidades autónomas, dejaría fuera también a las mujeres solas y a las lesbianas con problemas de fertilidad, aunque el ministerio aseguran lo contrario. Esta afirmación aparentemente contradice al último documento enviado a las autonomías. El texto remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por el grupo de trabajo que define la cartera básica de servicios— también define la esterilidad como la “ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Este requisito obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con hombres. O a las que no tienen pareja, a buscar una para concebir.

Atendiendo a criterios estrictamente de fertilidad o no, Isabel Gómez, vocal de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Bisexuales y Transexuales (FELGTB), cree que se trata de una medida ideológica. “El Gobierno se está amparando en una visión monolítica de lo que es una familia. Si Sanidad revisa los criterios para la financiación de este servicio debería hacerlo para acotar diferencias y limar discriminaciones. Parece que se está haciendo todo lo contrario”, dice. Gómez está convencida de que la exclusión de las parejas de lesbianas o de las mujeres solas obedece a la idea “que tiene el Gobierno de la familia: la formada por un hombre y una mujer”.

La vocal de la FELGTB cree, además, que el argumento de la infertilidad es una mera excusa. “Efectivamente, podemos ser fértiles, pero nuestra forma de vida no nos permite hacer un apareamiento en pareja. Nosotros queremos tener hijos para quererlos, amarlos, cuidarlos y hacerlos personas competentes; no podemos atender a ese sesgo que no contempla todos los tipos de familias que hay”, expone.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz Rico cree que los criterios de inclusión en la prestación pública recogidos en el texto son discriminatorios. “Se está haciendo una interpretación restringida de la legislación. Establece una serie de condicionamientos que vuelven a la definición de pareja como la formada por hombre y mujer; y eso no sería conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo”, incide. Ruiz Rico también tiene dudas sobre la constitucionalidad de establecer como criterio de acceso solo la infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado puede ser discriminatorio al final para las mujeres solas o las lesbianas y supone un veto insalvable que impedirá que se beneficien de los tratamientos”, apunta.

Mariluz Vázquez, miembro de la Asociación de Madres Solteras por Elección, también cree que la propuesta de Sanidad es injusta. “Lo nuestro, como mujeres solas, desde fuera se ve como un capricho; en cambio, para el resto formar una familia se contempla como una necesidad. Y todo pivota sobre esa idea”, reclama. Vázquez explica que actualmente la mayoría de las mujeres en su situación deciden acudir a las clínicas privadas —centros que hacen gran parte de los más de 54.000 tratamientos de fertilidad que se realizan al año en España— por las trabas que en muchas regiones les ponen en la sanidad pública. Los criterios son tan dispares que dentro de una misma región algunos centros atienden a mujeres solas y otros no. “Depende del equipo médico”, aclara.

La reproducción asistida siempre ha sido una de las prestaciones más desiguales del sistema nacional de salud. Las larguísimas listas de espera —en algunos casos más de dos años para acceder a la primera consulta— y las diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso entre Administraciones han sido constantes durante años. Tanto que el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social han pedido explicaciones varias veces a las autonomías. La propuesta de Sanidad, que debe terminar con estas inequidades, había sido largamente esperada. Sin embargo, sostiene el embriólogo José Antonio Castilla, secretario general de la Sociedad Española de Fertilidad, se está unificando a la baja. “Excluir del servicio a las mujeres solas o a las parejas de lesbianas es una acotación. Entiendo que haya que acotar, pero estamos excluyendo a un colectivo sin ninguna razón médica para ello. Un colectivo, además que da resultados de alto rendimiento en estos tratamientos”, expone.

Y TAMBIÉN...
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Sin varón no eres madre.
Silvia García es la segunda lesbiana a la que Asturias niega la inseminación por carecer de pareja masculina estéril.
Carolina García | El País, 2011-04-26
https://elpais.com/diario/2011/04/26/sociedad/1303768805_850215.html
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Tres comunidades se niegan a pagar la fecundación a lesbianas.
Sanidad apoya el veto y niega que haya discriminación por la orientación sexual.
Carolina García / Emilio de Benito | El País, 2011-04-27
https://elpais.com/diario/2011/04/27/sociedad/1303855204_850215.html
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¿Tengo derecho al tratamiento de fertilidad?
La mayoría de las autonomías no asumen la terapia para solteras o parejas homoparentales La revisión de la cartera de servicios amenaza con eliminar esta posibilidad donde aún se permite.
Jaime Prats | El País, 2012-10-20
https://elpais.com/sociedad/2012/10/19/actualidad/1350675283_805811.html
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Las lesbianas aún no podrán ser madres por fecundación asistida.
Un 57% de los franceses está a favor de las bodas homosexuales Un 63% se opone a que las lesbianas tengan hijos con ayuda médica.
Susana González Vejo / Gerard Martínez García | El País, 2013-02-12
https://elpais.com/sociedad/2013/02/04/actualidad/1360003660_434445.html

DOCUMENTACIÓN | ACTIVISMO | LAS FEMINISTAS CATALANAS DEBATEN DIFERENCIARSE DEL HOMBRE AL EJERCER EL PODER

Las feministas catalanas debaten diferenciarse del hombre al ejercer el poder.
Las dificultades para vivir la maternidad se plantean como asunto clave del futuro.
Milagros Pérez Oliva | El País, 1996-05-27
https://elpais.com/diario/1996/05/27/sociedad/833148004_850215.html

Veinte años de lucha feminista han colocado a muchas mujeres en condiciones subjetivas, preparación y posición idóneas para ejercer el poder en muchos ámbitos de la vida colectiva. Pero el movimiento feminista se plantea ahora un paso más: cómo ejercerlo de forma diferente a los hombres y poder así transformar las estructuras sociales. Este ha sido uno de los temas debatidos en las jornadas 'Veinte años de feminismo en Cataluña', en las que han participado 2.600 mujeres. Las dificultades para ejercer la maternidad centrarán la lucha de las nuevas generaciones de mujeres.

Muchas mujeres llegan al poder, pero no lo ejercen de una forma diferente a como lo hacen la mayoría de los hombres en su caso. Otras intentan hacerlo, pero no acaban de saber cómo. ¿Es posible una forma diferente de ejercer el poder? Según la historiadora Milagros Rivera, el ‘poder’ es un concepto del orden masculino al que ella opone el de autoridad. "El poder se impone de forma coactiva, mediante la jerarquía. La autoridad en cambio circula entre dispares y es fluida: se gana o se pierde en función de lo que hacemos cada día. Es satisfactoria para quien la ejerce, y también para quien la reconoce".

"En el poder en sentido masculino", prosigue Rivera, "la relación es el medio para conseguir un objetivo, normalmente de dominación, y es excluyente. En la autoridad, la relación es un fin en sí mismo y es abierta, transformadora. Autoridad procede de la palabra 'augere', que significa hacer crecer, y se ejerce como una instancia de mediación. Por esa razón las mujeres queremos ejercer la autoridad y no queremos ejercer el poder". Pero se trata de ejercerla desde los ámbitos de decisión.

"Hasta ahora hemos conquistado el poder para hacer, es decir, para disponer de nosotras. Ahora hemos de plantearnos cómo ejercemos el poder para hacer que se haga, es decir, para transformar la sociedad. Y, eso va a exigir una reflexión profunda", indicó la antropóloga Dolores Juliano. 

Mediación social
Precisamente por su especialización histórica, como mediadoras en el ámbito privado, las mujeres poseen un gran capital histórico que las hace más idóneas para ejercer la mediación social. De ahí que muchas veces se perciba como diferente la forma que tienen algunas mujeres de mandar. El peligro consiste en que, en la práctica, únicamente se permita acceder a los puestos de responsabilidad a aquellas mujeres que hayan interiorizado una concepción masculina del poder, es decir, que no supongan un peligro transformador.

La sindicalista Angelina Puig resumió así el reto que plantea del futuro: conseguir crear cada vez más espacios de libertad, desde los cuales tener la capacidad de ejercer la autoridad femenina.

Marina Subirats, que acaba de dejar la dirección del Instituto de la Mujer, advirtió que el feminismo debe estar alerta porque, con el acceso de la derecha al poder, puede producirse un retroceso social, y porque la medida que avanzamos la reacción de los hombres resulta más dura".

"Así como hasta ahora el feminismo se ha centrado en la exigencia de autonomía y libertad, simbolizadas sobre todo en la lucha llevada a cabo por el aborto libre, en los próximos años será la dificultad de ejercer la maternidad la que centre la lucha de las nuevas generaciones de mujeres", explicó la decana de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona.

"Las jóvenes", señala, "han interiorizado ya la propia autoestima y se conciben iguales, pero ahora se van a encontrar con que no pueden ejercer la maternidad y la actividad pública al mismo tiempo. Y eso va a crear una contradicción profunda que hará plantear el cambio radical de muchas estructuras sociales".

DOCUMENTACIÓN | JORNADAS | CONGRESO DE LESBIANAS "PARA SALIR DE UNA SITUACIÓN VERGONZANTE"

700 mujeres asistieron al congreso de lesbianas "para salir de una situación vergonzante".
Emma Roig | El País, 1988-06-05
https://elpais.com/diario/1988/06/06/sociedad/581551208_850215.html 

Unas 700 lesbianas de toda España se reunieron durante el pasado fin de semana en Madrid para celebrar sus terceras jornadas nacionales con el fin de "salir de la situación vergonzante a que nos someten", según dijo la dirigente feminista Empar Pineda. "Muchísimas mujeres son lesbianas sin saberlo o sin quererlo reconocer, y yo conozco muchos casos de mujeres que, después de oírnos hablar, se han dado cuenta de sus auténticas inclinaciones sexuales", añadió.

Las jornadas concluyeron "con enorme satisfacción por la defensa del lesbianismo del movimiento feminista y por la constatación de que cada vez hay más grupos de lesbianas", según una de las asistentes. En la actualidad existen 15 grupos de mujeres homosexuales en España. Sin embargo, las asistentes reconocieron que el lesbianismo sigue siendo “el tabú de los tabúes”. En las jornadas se ha debatido la situación de las madres lesbianas, la ausencia de lesbianas en la creación artística, los problemas laborales del colectivo y sus fantasías sexuales y la utilización del lesbianismo como acusación en los procesos de divorcio y separación. "Estamos ganando en existencia real; cada vez somos más lesbianas las que nos atrevemos a salir del silencio", explicó Empar Pineda, que resaltó la reacción positiva de los transeúntes que presenciaron ‘la gran besada’ en la que participaron 200 lesbianas el pasado sábado en la Puerta del Sol de Madrid.

Otra de las actividades organizadas fue un taller de defensa personal, que impartieron las lesbianas de Pamplona, para defenderse de las agresiones que sufren en la calle "por demostrar su amor o deseo", según explicó Empar Pineda. A las jornadas, celebradas en un centro escolar de la carretera de Colmenar Viejo (Madrid), asistieron representantes de Suiza, Perú y el Reino Unido.

Estas últimas participaron en un debate sobre la situación que ha creado en su país la aprobación de una ley que reprime la sexualidad de los homosexuales femeninos y masculinos.

Una parodia sobre todo lo debatido cerró las terceras jornadas que celebran las lesbianas en España. La primera edición se desarrolló en 1980, un año antes de que se constituyeran como grupo dentro del movimiento feminista. La dirigente feminista Empar Pineda resaltó que "la opción sexual es privada; pero organizar jornadas como éstas, en las que se sale del gueto, tiene el valor de ser un testimonio público, y eso es importante, porque la mayoría de las lesbianas vive una doble vida".

NOTA: En realidad debieron ser las segundas jornadas, tal y como aparece en diversas fuentes. En el Centro de Documentación de Mujeres 'Maite Albiz' está toda la documentación, incluidas las notas de prensa. La imagen del cartel de las Jornadas, organizadas por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español (COFEE) está basada en una imagen de una besada realizada como protesta por el caso de la detención de dos mujeres que se dieron un beso en la Puerta del Sol.

DOCUMENTACIÓN | DERECHOS | EL DERECHO AL DIVORCIO

El derecho al divorcio.
Angela García Valdecasas / Carmen Vigil · Colectivo Feminista de Madrid | El País, 1979-07-16
https://elpais.com/diario/1979/07/17/sociedad/301010405_850215.html 

Los derechos humanos no tienen un carácter ‘universal’ y ‘atemporal’. Por el contrario, el reconocimiento de cualquier ‘derecho’ responde siempre a unas determinadas condiciones históricas y se hace posible en un momento dado de la evolución social. Así, por ejemplo, el derecho a la libre elección del cónyuge, que hoy nadie discute, ha sido violado durante siglos con la aprobación general.

El derecho al divorcio no es una excepción. Si su conquista es un hecho relativamente reciente dentro del mundo ‘desarrollado’, no es porque hasta ahora no se haya ‘caído’ en la cuenta de que mantener a dos personas ligadas en contra de su voluntad constituye un atentado contra la ‘libertad’ de esas personas, sino porque, hasta hace poco, no han existido las condiciones materiales precisas para poder resolver la cuestión -y, por tanto, para poder planteársela-. Qué duda cabe que, en la sociedad actual, la posibilidad de poner fin a una relación conyugal particular no supone ningún peligro para las instituciones sociales básicas. Pero, ¿a quién se le podría haber ocurrido plantearse el derecho al divorcio en los señoríos feudales de la alta Edad Media? A nadie, evidentemente.

Por otro lado, el derecho al divorcio dejará de tener sentido cuando varíe -si es que algún día conseguimos que varíe- la actual forma de organización social de la especie humana. Porque la existencia del divorcio -se mire como se mire- presupone la existencia de la institución matrimonial. Todos aquellos que se oponen al divorcio porque piensan que constiluye un ataque contra el matrimonio y la familia se encuentran en un craso error. El divorcio no cuestiona el matrimonio, porque no tendría razón de ser si el matrimonio no existiese. Nadie se divorcia si no se ha casado previamente, y algunas personas se divorcian sólo para poder volver a casarse. En este sentido, muchos sociólogos han demostrado ya que la frecuencia de divorcios no debe interpretarse como un signo de que la institución matrimonial está en crisis, sino, todo lo contrario, como un signo de que es floreciente.

Así, pues, los acérrimos defensores del matrimonio y la familia -que son muchos en este país- no tienen nada que temer ante la inminente llegada del divorcio. Para su tranquilidad, les diremos que la extinción de la familia requiere la realización de una serie de transformaciones socioeconómicas cuya dificultad intrínseca hace que las feministas no seamos precisamente optimistas en cuanto a la proximidad de su puesta en marcha. Entretanto, el divorcio viene a ofrecernos simplemente la posibilidad de corregir un error de elección, lo cual supone, ya de por sí, un avance con respecto a la situación anterior, y debe ser saludado, por tanto, como una conquista progresista.

Sin embargo, hay que señalar que, hoy por hoy, el divorcio se concibe todavía en la mayoría de los países como un remedio más que como un derecho. En este sentido, cabe destacar que ni siquiera la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge explícitamente el derecho al divorcio -como tal-, sino que alude a él de forma implícita, al establecer la igualdad de derechos del hombre y la mujer «en caso de disolución del matrimonio». Es de suponer que el mantenimiento de esta ambigüedad no durará mucho, dado que para un Estado no confesional no existe ninguna razón que impida considerar el derecho a disolver el matrimonio tan inalienable como el derecho a contraerlo. Es, simplemente, cuestión de tiempo -de devolución social de la conciencia colectiva- el que el divorcio sea asimilado por toda la sociedad como un derecho fundamental de la persona. Pero, en realidad, ése no es el problema. Porque una cosa es reconocer teóricamente un derecho, y otra, muy distinta, garantizar ese derecho en la práctica. ¿Cuántos derechos reconocidos como ‘inalienables’ son violados institucionalm ente de forma sistemática? Sólo a título de ejemplo podríamos citar el derecho al trabajo, por aquello de que en estos momentos el tema del paro está en el candelero. Por eso, lo importante no es tanto que la posibilidad de disolución del matrimonio sea reconocida como un derecho fundamental de la persona. Lo verdaderamente importante es que dicha disolución se regule de forma tal que ‘todos’ los ciudadanos puedan acceder a ella. Para que esto sea así, lo primero que debe tenerse en cuenta es que todos los ciudadanos, aunque sean ‘iguales ante la ley’, no se encuentran, de hecho, en igualdad de condiciones materiales. Las desigualdades pueden ser de muchos tipos, pero de cara al divorcio hay una que interesa resaltar especialmente. Puesto que la disolución del matrimonio atañe siempre a dos personas de sexo diferente, la desigualdad de las situaciones del hombre y la mujer dentro de la sociedad conyugal cobran una relevancia especial a la hora de regular aquella disolución.

En efecto, sea cual sea su extracción social, lo cierto es que la mayoría de las mujeres abandonan paulatinamente su puesto de trabajo o sus estudios cuando contraen matrimonio, o, más exactamente, cuando comienzan a tener hijos. Con ello, las diferencias entre sus posibilidades económicas y las de sus maridos, que ya existían antes de casarse (para nadie es un secreto la discriminación de que es objeto ‘a priori’ la población femenina en el mercado de trabajo), crecen y se agudizan conforme pasa el tiempo de matrimonio. Al cabo de unos cuantos años de dedicarse exclusivamente a las tareas domésticas, sus posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo -sin formación, sin experiencia, sin antigüedad- son prácticamente nulas. En el mejor de los casos, serán arrojadas a los puestos menos cualificados y peor remunerados.

Así, pues, una ley de divorcio que no tuviera en cuenta la precaria situación en que quedan las mujeres después de unos cuantos años de matrimonio -situación que no se puede disociar del hecho de haher estado casadas y dedicadas al cuidado del marido y de los hijos- sería una ley de divorcio inservible para la población femenina. Lo cual es tanto más grave si se considera que son precisamente las mujeres quienes piden normalmente la separación, y que, en la mayor parte de los casos, sus maridos no la desean. Naturalmente, si siempre existiese mutuo consenso, si marido y mujer acordasen siempre civilizadamente los términos y las condiciones en que debe producirse la separación, no habría ningún problema. Pero la realidad es que, en la mayoría de los casos, el juicio es conflictivo y contradictorio. Y cuando el juicio es contradictorio, la existencia de causas constituye una exigencia jurídica imposible de soslayar (al menos por el momento).

A la vista de todo ello, son varias las condiciones mínimas que, a nuestro juicio, debe cumplir una ley de divorcio.

En primer lugar, cuando exista mutuo consenso, la sentencia de divorcio ha de ser automática y el juez debe limitarse a ratificar los acuerdos previamente tomados por los cónyuges, modificándolos únicamente en el caso de que dichos acuerdos lesionaran los intereses de uno de ellos o de los hijos.

En segundo lugar, cuando el juicio sea contradictorio, las causas han de ser lo suficientemente amplias como para permitir acogerse a ellas a todas las personas que no deseen continuar su relación conyugal, y el procedimiento lo suficientemente rápido, ágil y poco costoso como para estar al alcance de cualquier bolsillo.

Por último, y fundamentalmente, la ley debe ofrecer a las mujeres suficientes garantías de que, tanto ellas como sus hijos, van a poder continuar viviendo en condiciones dignas después de la separación. Y esto, sea cual sea su situación y el nivel económico de sus maridos.

¿Cumple con estos requisitos el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Codificiación del Ministerio de Justicia? Rotundamente, no. ¿Los cumple, tal vez, el proyecto de ley -indudablemente más progresista- elaborado por el Partido Socialista? Desgraciadamente, tampoco de una forma satisfactoria.

Como tampoco nos extraña, en cambio, que sí nos satisfaga el proyecto de ley elaborado por la Asociación de Mujeres Separadas -en cuya redacción final hemos colaborado varias organizaciones ferninistas-. Después de todo, la postura más progresista con respecto a cualquier tema en el que existan partes en conflicto (y en el divorcio, desde luego, las lay) proviene siempre de la parte más perjudicada.

Resultan obvias las dificultades habidas a la hora de redactar un proyecto que, partiendo de la desigualdad de hecho entre ambos cónyuges dentro del matrimonio, se ajustara a derecho y resultase compatible con una Constitución que establece falazmente la igualdad entre hombres y mujeres.

¿Para qué todo este esfuerzo? La única forma de que la repercusión del proyecto fuese realmente importante, habida cuenta de que el feminismo no dispone de representación parlamentaria, sería la consecución de las 500.000 firmas requeridas para promover su presentación y discusión en las Cortes. ¿No es esto demasiado dificil para las feministas? En efecto, lo es. Tanto más cuanto que las feministas, hoy por hoy, no contamos con la fuerza de nuestro número, ni siquiera con la fuerza de nuestra unidad (en el tema del divorcio, como en tantos otros, el movimiento feminista está dividido). De momento, la única fuerza con la que contamos es la de nuestra razón. Sin embargo, el tema del divorcio es demasiado importante para las mujeres como para que nos quedemos cruzadas de brazos mientras los parlamentarios hacen y deshacen a su antojo, sin contar para nada con nosotras. Por ello, todos nuestros esfuerzos, a partir de ahora, estarán encaminados a conseguir que en octubre nuestro proyecto de ley -el de las mujeres- esté en el Parlamento.