El ministro de Sanidad, Julián García Vargas, aseguró ayer que el Gobierno estudiará el indulto, caso por caso, de todas las mujeres procesadas por abortar, una vez haya sentencia firme, y añadió que "ninguna mujer afrontará consecuencias penales por el hecho de haber abortado". Esta declaración, que se produjo inmediatamente después de que el Consejo de Ministros aprobase el real decreto sobre interrupción voluntaria del embarazo, coincide con las recientes redadas contra clínicas donde se practicaban abortos en Madrid, Salamanca y Valencia.
García Vargas no quiso especificar de qué manera concretará el Gobierno esta promesa de no penalizar a las mujeres que aborten, y reconoció que esta decisión es simplemente fruto de la voluntad política del Ejecutivo, pero no está plasmada en ninguna norma jurídica. Más tarde, portavoces gubernamentales puntualizaron que lo que García Vargas había querido decir es que ninguna mujer será encarcelada por abortar -y, presumiblemente, las que estuvieren detenidas por haberlo hecho en el pasado serán inmediatamente indultadas-, pero admitieron que el Gobierno no tiene potestad para impedir que el poder judicial dicte autos de procesamiento.
El titular de Sanidad acusó a la Prensa de ser responsable de "buena parte de la confusión" creada en torno a las posibilidades legales de abortar en España. Por el contrario, opinó, "las mujeres lo tienen muy claro, y los médicos que no plantean objeción de conciencia también".
El ministro presentó a la Prensa el real decreto aprobado ayer, cuyas líneas maestras ya fueron adelantadas por este periódico (véase El País del 19 de noviembre). Entre otras cosas, el texto prevé la abolición de las comisiones de evaluación "para evitar retrasos", con lo que no se sigue la recomendación recientemente emanada del Consejo de Estado; también se indica que no es obligatoria la instalación de quirófano en las clínicas que practiquen abortos a mujeres cuyo embarazo date de menos de tres meses y en los que la operación implique escaso índice de riesgo.
Superar la clandestinidad
García Vargas presentó el real decreto como "una norma jurídica de contenido exclusivamente sanitario", que viene a desarrollar la normativa en vigor, y cuyos presupuestos son "suficientemente amplios para permitir superar situaciones de clandestinidad".
Sobre la desaparición de las comisiones de evaluación, el ministro explicó que se habían convertido en órganos burocráticos que provocaban retrasos innecesarios.
García Vargas explicó que el Gobierno había sido incluso más riguroso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el tratamiento del asunto, e insistió en que el decreto tiene un contenido sanitario y "no modifica la ley orgánica ni se aparta de la sentencia emitida el pasado mes de abril por el Tribunal Constitucional".
Por su parte, el portavoz gubernamental, Javier Solana, consideró "actuaciones muy concretas las recientes órdenes judiciales contra clínicas de Madrid y Valencia", y aseguró que en ambos casos el Gobierno se ha mantenido por completo ajeno a estas acciones policiales y judiciales. "El Gobierno no tiene nada que ver con esta actividad", dijo Solana refiriéndose a las detenciones, y afirmó también que el Ejecutivo desconoce las causas por las que se han producido estos hechos.
El grupo parlamentario Izquierda Unida, que el pasado 8 de noviembre presentó en el Congreso de los Diputados una proposición sobre regulación voluntaria del embarazo introduciendo la llamada indicación socioeconómica, presentó ayer una pregunta al Gobierno en la que le interroga sobre si se han cursado instrucciones respecto a la persecución de prácticas abortivas. "Los últimos datos indican", dice Izquierda Unida en su pregunta, "que el panorama se ensombrece aún más a través de una política represiva en la que se multiplican las detenciones".
Una fuente gubernamental calificó privadamente las redadas en los centros de planificación como "un intento aislado, por parte de algunos jueces, de meter un gol al Gobierno".
La supresión de la comisión de valoraciones y la posibilidad de que centros privados de estructura sencilla puedan practicar abortos hasta la 12 semana de gestación son las dos principales modificaciones que introduce el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que deroga la normativa del 31 de julio de 1985. Las comisiones de valoraciones y la insuficiente regulación de la cláusula de conciencia por parte de los médicos habían sido los dos principales obstáculos con que ha tropezado hasta ahora la aplicación de la ley del aborto.
El nuevo decreto elimina en parte el primero de estos obstáculos, pero deja intacto el segundo. El decreto sólo modifica algunos de los procedimientos para aplicar la ley, por lo que se mantienen para el futuro las insuficiencias y limitaciones que ésta contiene.
A partir de ahora, la autorización requerirá únicamente el informe favorable de dos especialistas, que serán los responsables de la indicación, es decir, de garantizar que el caso se encuentra en alguno de los tres supuestos previstos en la ley: grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada, embarazo por violación y presunción de que el feto nacerá con graves taras físicas o psíquicas.
Los sectores contrarios al aborto han manifestado que la supresión de la comisión de valoración puede facilitar que se cuelen muchos abortos alegando daños a la salud psíquica de la embarazada. El decreto sólo permitirá una interpretación más laxa de este supuesto en la medida que existan especialistas en este caso psiquiatras- que estén dispuestos a certificarlo.
Sin embargo, no hay indicios de que los médicos vayan a tener un comportamiento diferente del que han tenido hasta ahora, máxime cuando el decreto no impide en el futuro actuaciones judiciales como las detenciones de los últimos días. Al margen de las posibles interpretaciones, la cifra de abortos legales puede incrementarse en el futuro sólo por el hecho de que, al simplificarse el procedimiento, es posible que se acojan a la ley muchos casos que hasta ahora prescindían de ella por temor a una negativa o al escándalo.
Clínicas privadas
El decreto aprobado ayer facilita que la indicación del aborto y su práctica puedan realizarse en centros distintos, siempre que estén acreditados para ello. Hasta ahora, algunos hospitales públicos acreditados se habían negado a practicas abortos indicados por médicos ajenos a ellos.
Por otra parte, en la normativa hasta ahora vigente, sólo podían practicar abortos los centros especialmente acreditados para ello, y se les exigían unas condiciones de servicios, utillaje y personal que sólo los grandes centros podían asumir.
El decreto distingue ahora entre los embarazos de menos de 12 semanas, cuya interrupción apenas entraña riesgos, y las gestaciones de más de 12 semanas, que requieren una intervención más compleja. Los primeros podrán ser practicados en cualquier centro, público o privado, que reúna unas condiciones mínimas.
Esta disposición permitirá la práctica del aborto en numerosas clínicas privadas, algunas de las cuales los han practicado clandestinamente. Estos centros deberán estar coordinados con un hospital de referencia.
El decreto deja algunas lagunas sin cubrir, como por ejemplo las revisiones post aborto. Por otra parte, las complicaciones que pudieran surgir en un aborto practicado en una clínica privada deberán ser asumidas por un hospital de referencia, de modo que el decreto garantiza a las primeras el lucro fácil mientras deposita todas las cargas negativas en los centros públicos.
Alianza Popular considera que el Gobierno, al aprobar una flexibilización del aborto mediante un real decreto, "ha hurtado al Parlamento sus funciones". Este partido afirmó en un comunicado que espera conocer el texto íntegro del decreto para emprender las acciones parlamentarias o de otra índole. También el Frente Nacional, las asociaciones pro vida y la asociación Acción Familiar se manifestaron en contra del decreto. El PCE y organizaciones relacionadas con él, como CCOO, estiman que el decreto liberalizador se ha quedado corto y exigen el aborto libre y gratuito.
Responsables de la ejecutiva federal del PSOE y de la comisión ejecutiva regional de Madrid calificaron el decreto como positivo "porque subsana los anteriores errores del Gobierno socialista" y como un paso importante hacia la consecución de que la maternidad sea una decisión libre de la mujer.
Médicos
El presidente del Consejo General de Colegios Médicos, Ricardo Ferré, dijo que la Organización Médica Colegial se pronunciará más adelante sobre este decreto, cuando hayan analizado con detenimiento los artículos del mismo, y no descartó la posibilidad de recurrir ante los tribunales de justicia si el decreto no recoge las aportaciones emitidas por el Consejo de Médicos. "Me parece muy bien que se hayan tenido en cuenta las recomendaciones de la OMS", dijo Ferré, "pero deberían haberse tomado en consideración también nuestras opiniones porque, de lo contrario, puede parecer un menosprecio hacia el rigor y la capacidad de los médicos españoles", dijo Ferré.
Los sectores feministas y los medios sanitarios progresistas acogieron ayer con escepticismo el nuevo decreto y, prácticamente, todas las organizaciones coincidieron en que no cambiará sustancialmente la situación. Consuelo Ruiz Jarabo, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, considera que "la nueva normativa no resolverá el problema de los miles de mujeres que desean abortar y no se encuentran en los limitados tres supuestos de la ley. Por otra parte, el decreto no garantiza que el sector público asuma la aplicación de la ley y discrimina a las mujeres según tengan o no recursos para pagar el aborto".
En idénticos términos se expresó Ángel López, de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid, quien añadió que el nuevo decreto no evitará situaciones como las recientes detenciones. Según la Asociación de Trabajadores de Planificación Familiar de Cataluña, "todo queda prácticamente igual. La única diferencia es que ahora las clínicas privadas podrán realizar abortos con mayor facilidad". La Comisión pro Aborto de Barcelona calificó el decreto de "nuevo pegote del Gobierno".
