En diciembre de 2002, Pedro Zerolo dio
una entrevista a El País con motivo de su reelección como presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Al acabar la exhaustiva conversación –dos horas de grabación; Zerolo siempre fue un chorro de ideas- llevó al periodista hasta una mesa de trabajo en su despacho de abogados del paseo de Rosales de Madrid. Sobre ella, desparramados, decenas de folios, impresiones del BOE y fotocopias de códigos marcados y subrayados. En el ‘off the record’ (las declaraciones que se hacen pactando que no se van a publicar), Zerolo, orgulloso, explicó aquellos papeles: “Son el futuro. Las más de 60 leyes que estamos revisando para cuando se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
No dijo “si se aprueba”. No hubo condicional. Lo expresó como una certeza. Y una novedad.
El activismo LGTB vivía tiempos convulsos. No hacía tanto, recuerda Miguel Ángel Fernández, entonces miembro de grupo LGTB del PSOE y secretario del Colectivo Lambda de Valencia, y posteriormente coordinador de la secretaría de Movimientos Sociales del PSOE cuando la dirigió Zerolo, que el objetivo más realista del movimiento era conseguir una ley de parejas de hecho que reconociera derechos básicos (herencia, pensión, acceso a la sanidad) a las uniones del mismo sexo.
Era el camino que se ofrecía entonces. Cataluña había aprobado su
ley de parejas en 1998, y después llegaron las de Aragón, Navarra, País Vasco, y hasta comunidades gobernadas por el PP, como la valenciana y Madrid, hicieron las suyas. Además, en 1999 Francia
aprobó su contrato de unión civil (PACS), poniendo las bases de lo que todos los participantes en esta historia no dudan en calificar ahora como
“un matrimonio de segunda”, pero que, a principios de este siglo, parecía un avance enorme. “En 1991 y 1992, cuando empezamos a militar, bromeábamos sobre que nuestros hijos o, más probablemente, nuestros nietos, verían la legalización del matrimonio igualitario”, dice Toni Poveda, expresidente de la FELGTB.
Los últimos años del siglo XX apuntaban a que, después de siglos discriminados,
gais y lesbianas se conformarían con una ley de parejas. De hecho, como recuerda Fernández, en 1997 y 1998
hubo dos manifestaciones en Madrid –“eran en febrero y pasábamos mucho frío”- pidiendo esa ley. No fueron tan multitudinarias como las del Orgullo, que desde 1995 a 2000 habían pasado de la pequeña marcha de decenas de activistas a congregar a miles de personas (ya se hablaba de 500.000 o más), pero sí fueron significativas.
Aquella reclamación tuvo su reflejo en las Cortes. Hasta cinco propuestas se presentaron durante las legislaturas de mayoría del Partido Popular (1996-2004), y el propio partido que dirigía José María Aznar
llevó la suya en 1997, que no se llegó a votar. Fue la punta del iceberg de un interés del PP por orillar un problema que crecía por momentos, y que causaba una profunda división entre sus votantes y diputados. El veterano activista
Jordi Petit, de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya y ex secretario general de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), relata cómo fue llamado dos veces a La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, una durante cada una de las dos legislaturas de Aznar. “Fueron encuentros muy discretos, sin ninguna publicidad. Me llamaron para intercambiar opiniones, y ni me pagaron el tren”, recuerda. Él mismo, a través de aquellos encuentros, refleja el cambio de las aspiraciones de la población LGTB. “En el primer encuentro con los asesores de Aznar, pedimos una ley de parejas estatal que reconociera las relaciones de afectividad análogas a la del matrimonio con independencia de su orientación sexual”, recuerda Petit. Aquella fórmula, la de
“relación análoga al matrimonio”, había sido acuñada por una abogada, María José Valera, que consiguió por primera vez que se indemnizara como si fuera el viudo a la pareja masculina de un hombre muerto en accidente de tráfico, cuenta Petit. “Más tarde se usó en
la ley de arrendamientos urbanos de 1992”, y se mantuvo después.
Pero el propio Petit admite que cuando en la segunda legislatura (2000-2004) le volvieron a llamar, ya la coordinadora catalana había decidido que “no aceptaría leyes gueto”. “Teníamos claro que no entraríamos en una ley de segunda”.
La calle ya pedía el matrimonio sin ambages, y que el PP al final no hiciera nada al respecto “fue una suerte”, reflexiona ahora Petit. “No queríamos un sucedáneo, tenía que ser matrimonio sí o sí. Algunos decían que el matrimonio no iba a salir jamás, pero luego se vio que el PACS francés fue un tapón que no reconocía la afectividad y era solo un contrato que, además, dejaba fuera aspectos como la posibilidad de adquirir la nacionalidad de la pareja o la adopción, y han tardado 15 años en regular el matrimonio igualitario”, añade.
Con ese bagaje, el congreso de la FELGTB de 2002 fue una “refundación orientada a la lucha por el matrimonio”, afirma
Beatriz Gimeno, quien era presidenta de la asociación cuando se aprobó la ley. Pero hicieron falta una serie de cambios para que esa meta se viera con realismo.
El primero fue
la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2000 en el congreso del PSOE que le nombró secretario general. El expresidente tuvo una madrina en
Trinidad Jiménez, la misma que ofreció a
Zerolo ir en su lista para el Ayuntamiento de Madrid en 2003, con lo que dio el salto desde el activismo en los movimientos sociales al de la política formal. “Le presenté a Zapatero a raíz de su entrada en el Ayuntamiento. No cabe duda de que Pedro era muy simpático y tenía mucho liderazgo. Le nombré portavoz de Medio Ambiente para que se construyera un perfil más allá del activismo LGTB, pero él nunca renunció a él. Zerolo participó mucho en la campaña, y, cuando Zapatero le conoció, quedó convencido”.
Nadie duda de aquel flechazo –el propio Zapatero ha admitido que
aceptó la necesidad de esa ley por Zerolo-, pero no todo fue cuestión de simpatía. Gimeno cuenta que “al poco de ganar Zapatero el congreso”, fueron convocados a Ferraz, la sede del PSOE en Madrid. “Lo difícil fue convencerle de que pasara de una ley de parejas a la de matrimonio. Cuando nos vimos con él en un sótano de Ferraz al poco de ser elegido, gracias a Leire Pajín, en aquel momento secretaria de Movimientos Sociales del partido, no lo tenía muy claro. Pero hablamos mucho y él dijo que le habíamos convencido y que lo iba a meter en el programa”. Gimeno, que es actualmente diputada autonómica en Madrid, elegida en las listas de Podemos, cree que, en parte,
fue relativamente fácil ganar su apoyo “porque nadie pensaba que fuera a ganar” en las próximas elecciones. “Pero una vez
metido en el programa él se lo creyó, y nunca más temí por el proceso”, afirma. Jiménez va más allá en la importancia de que Zapatero estuviera convencido:
“Con otros líderes del PSOE de entonces la ley no habría salido”, asegura. Aquel apoyo político fue reforzado con el de otros partidos de izquierda, como IU. “A ellos también tuvimos que convencerles.
Su reparo era que decían que casarse era conservador. En una reunión, una diputada me preguntó muy agresiva que por qué queríamos casarnos. Tuve que contestarle que ella se había casado ya tres veces”, cuenta Gimeno.
La lucha en los despachos no les hizo perder la de la calle. En octubre de 2003 los activistas escenificaron su apuesta y acudieron a los registros civiles de Madrid y Valencia a pedir casarse. Contaban con el rechazo, afirman Poveda y Fernández, pero aquella protesta fijó el objetivo. Y, también, dejó dos fotos simbólicas de los protagonistas símbolo de ese cambio.
En Madrid, Zerolo, su novio, Jesús Santos, y la pareja formada por Gimeno y Boti García llevaron como testigos a las portavoces del PSOE, Trinidad Jiménez, y de IU, Inés Sabanés.
En Valencia, a Fernández y Poveda les acompañaron Carmen Montón (PSOE) y el portavoz de L'Entesa en las Cortes Valencianas, Ramón Cardona.
“Eso fue antes de que fuera diputada nacional”, comenta Montón. Ella formó parte de “una casualidad” que, cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004, llevó a buen término la promesa del programa electoral de modificar el Código Civil “a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva, en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio, para asegurar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gais”.
Montón –“una joven de 29 años sin conocimientos jurídicos”, como ella misma se define- se hizo cargo de la portavocía en la Comisión de Igualdad, y Zerolo de la secretaría de Movimientos Sociales en la ejecutiva del PSOE. “Yo era muy atrevida. Convencimos al portavoz del grupo, que era Alfredo Pérez-Rubalcaba, para presentar una proposición no de ley por parte del grupo parlamentario. Bono expresó dudas respecto a la adopción, pero luego nos apoyó”, cuenta. Fernández afirma que fue el propio Zerolo quien pidió a Rubalcaba y a Zapatero ese nombramiento para una diputada joven que se estrenaba esa legislatura, porque quería tener una aliada. Aun así, convencer a los diputados no fue fácil. “No hubo una guerra, pero sí tuvimos que ir uno a uno. Y no solo con los del PSOE; también queríamos que se unieran los de IU, ERC, PNV, CiU. Que fuera todo el mundo a excepción del PP, que sabíamos que se iba a negar”, añade. “Cuando fui a la Comisión de Justicia, hubo muchas preguntas sobre la adopción. Se esgrimieron estudios que eran falsos. Fue como estar ante un tribunal”, afirma.
Aquellos meses crearon “un fuerte vínculo en un pequeño grupo”, dice la diputada: Zerolo, Gimeno, Poveda, Fernández, ella misma... “Era un proyecto muy bonito del que nacieron alianzas indestructibles. Nos llamábamos todos los días, comentando lo que había pasado, preparando argumentarios, adaptándolos”, dice. “Aprendimos mucho”, afirma Poveda. “Por ejemplo, a referirnos a la jerarquía católica, y no a la Iglesia católica, porque teníamos el apoyo de muchas agrupaciones de base y queríamos marcar la diferencia. También que había que contestar con serenidad, sin agresividad”, cuenta.
En aquella lucha política y mediática, contaron con muchos otros cómplices. Fernández recuerda a Ximo Cádiz, que fue secretario de la FELGTB, “y una máquina haciendo argumentarios”. Gimeno menciona el papel de Javier Gómez, entonces tesorero de la FELGTB y militante reconocido del PP (su boda con el abogado Manuel Ródenas fue la única gay que
celebró Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid). “Él nos contaba lo que pasaba en el partido, y así íbamos preparados”, relata. Precisamente por Gómez y los encuentros personales, Giménez se dio cuenta de que “no todo el PP estaba contra la ley. Muchos tenían hermanos, hijos, amigos, gais o lesbianas, y cuando los veías te decían: ‘Ánimo, lo vais a conseguir”. Aquella división se mantuvo hasta el día de la votación de la ley. Con las invitaciones de los parlamentarios de izquierda agotadas, hubo gais que obtuvieron invitaciones de diputados del PP para asistir a la sesión, aunque los invitadores iban a votar que no.
Poveda añade a la lista de aliados fundamentales a
Pilar Blanco Morales, directora de Registros y Notariado, “que sacaba argumentos propios que ni nosotros habíamos previsto, como hizo en un debate con
Benigno Blanco, del Foro de la Familia”.
El trámite fue relativamente rápido –lógico si se tiene en cuenta el trabajo previo-, y tuvo una fuerte oposición en las Cámaras y en la calle. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 1 de octubre de 2004 y el Congreso votó la ley el 30 de junio de 2005. Pero, en medio, los obispos, parte del PP y organizaciones como el Foro de la Familia
convocaron una manifestación el 18 de junio como último recurso de protesta. Fue muy numerosa, pero no torció la voluntad del Gobierno. “Aquella vez vi a Zerolo triste. Costaba ver tanto odio”, recuerda Fernández. Doce días después,
la ley salió adelante con 187 votos: los de PSOE, ERC, Izquierda Verde, PNV, BNG, CC, CHA y los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Carles Campuzano y Mercè Pigem.
Celia Villalobos, del PP, también votó a favor. Se abstuvieron los otros cuatro diputados de CDC, y votaron en contra el PP y los diputados de Unió Democràtica de Catalunya (147 votos en total).
Parte de los populares no se resignó, y
presentaron un recurso de anticonstitucionalidad. En noviembre de 2012, el tribunal avaló la ley. 31.610 matrimonios después (datos hasta 2014, los últimos que da el INE), de los que el 39% son de mujeres, la normalidad legal de estas parejas es el fruto de toda aquella frenética actividad.
