El PP impide con su mayoría que las parejas de hecho se equiparen a los matrimonios.
El partido del Gobierno insiste en su proyecto de unión civil, pero elude dar fecha para su debate.
Emilio de Benito | El País, 2000-09-20
https://elpais.com/diario/2000/09/20/sociedad/969400801_850215.html
El partido del Gobierno insiste en su proyecto de unión civil, pero elude dar fecha para su debate.
Emilio de Benito | El País, 2000-09-20
https://elpais.com/diario/2000/09/20/sociedad/969400801_850215.html
El PP impuso ayer su mayoría en el Congreso para rechazar las propuestas para legislar acerca de las parejas de hecho de IU, PSOE, CiU e Iniciativa per Catalunya (IC). La portavoz popular, Rosa Estaràs, coincidió con los otros ponentes en que "debe haber una regulación" y que "hay una afectividad" en este tipo de uniones, pero justificó el voto de su grupo aduciendo "que no iba a resolver la situación". Estaràs defendió, "con mejoras", el proyecto de unión civil del PP de 1997, pero no anunció fecha para presentarlo. Pedro Zerolo, presidente de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays, acusó al partido gubernamental de "prostituir" la Constitución y de "filibusterismo" por querer bloquear el debate.
PSOE, IU e IC coincidían en equiparar, en diversos grados, matrimonio y parejas de hecho y en apoyar que las parejas homosexuales puedan adoptar. CiU, no. Las cuatro propuestas fueron votadas por separado. En todos los casos, los únicos votos en contra fueron los del PP. CiU sólo votó a favor de su propia proposición, y se abstuvo en las demás. En la tribuna para el público asistió el teniente coronel José María Sánchez Silva, quien recientemente ha hecho pública su homosexualidad. El proyecto de unión civil que presentaron los populares en 1997 se diferencia de los demás en que no hace referencia a la afectividad entre los miembros de la pareja, y sólo exige que sus componentes convivan y se comprometan a prestarse ayuda.
La diputada del PP fue prolija en la enumeración de los motivos para el voto de su grupo. Entre los generales, mencionó que no había que caer "en falsos progresismos". Insistió en que la Constitución sólo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, aunque aceptó que el modelo de familia que propugna puede ser "más amplio". Después pasó a criticar puntos concretos de los proyectos de los otros partidos. Así, al comentar la propuesta que había defendido la socialista Cristina Alberdi, comentó que ésta definía un tipo de unión "mucho más fácil de disolver" que el matrimonio, y que establecer un plazo de seis meses de convivencia para que la pareja adquiriera todos sus derechos suponía "suprimir el noviazgo", y que no había "referencia en todo el mundo" que pudiera "determinar la duración del enamoramiento".
Sobre la proposición de CiU, que defendió Mercé Pigem, afirmó que no regulaba suficientemente la ruptura, y que presentaba "contradicciones" en el método para registrar las parejas, como que bastara el padrón municipal para justificarlas, "con lo que se podría dar el caso de que si cambiaran de ciudad perderían los derechos". También criticó que, según el proyecto del grupo catalán, bastaría con "convivir una noche" para ser considerado pareja de hecho si de la unión nacieron hijos.
La intervención de Estaràs fue interrumpida en varias ocasiones por los abucheos y las risotadas de la oposición. Al acabar, se escucharon gritos de "¡Arrepentíos, hermanos!" y "¡Qué barbaridad!".
Demanda social
El debate comenzó con la presentación por parte de Marisa Castro de la propuesta de IU. Castro justificó la iniciativa en la "demanda social" y en que hacía falta acabar con el "gota a gota" de leyes autonómicas (como las de Navarra, Aragón y Cataluña) y de registros, que hacían que los españoles tuvieran distintos derechos dependiendo de dónde vivieran, y pidió un registro unificado dependiente del Ministerio de Justicia. Argumentos similares utilizaron los demás grupos, incluidos los representantes de Coalición Canaria (el partido que elaboró la primera propuesta en 1997) y PNV. La representante del PSOE, Cristina Alberdi, fue la más crítica con la actitud del PP. "Falta voluntad política y hay miedo a indisponer a ciertos elementos sociales y grupos religiosos". "Algunos quisieran que lo que es pecado sea también delito", afirmó, y anunció que, pese a la "cerrazón" del PP el proyecto saldría adelante en el futuro. "Los conservadores se oponen ahora como antes se oponían al divorcio", manifestó.
También Mercé Pigem atacó la postura del PP y su defensa de las uniones civiles, un empeño de "regular situaciones que no tienen necesidad de ser reguladas". Ese proyecto "es un error, y la persistencia en el error no lo convierte en un acierto".
Joan Saura, portavoz de IC, mostró su "desazón" por la previsible postura del PP, e instó a sus diputados a votar en conciencia. "Hoy vamos a perder, pero antes o después vamos a ganar", afirmó, "porque no hay ni un sólo argumento para negar que un hombre pueda querer a otro hombre, o una mujer a otra mujer, y la sociedad ha hecho de esto algo normal".
La adopción por homosexuales fue el punto más controvertido. Según Estaràs, no hay estudios que demuestren que "no es perjudicial" para los niños. "Sé que es lo más polémico, pero todavía no he encontrado ninguna razón para negar la adopción a parejas de gays o lesbianas", manifestó en cambio Marisa Castro. El derecho del niño es "crecer en una familia con afecto", y no en instituciones donde se convierten en "carne de cañón" para la delincuencia, afirmó. Insistió en que con el reconocimiento de este derecho se "da carta de naturaleza a algo que ya existe".
PSOE, IU e IC coincidían en equiparar, en diversos grados, matrimonio y parejas de hecho y en apoyar que las parejas homosexuales puedan adoptar. CiU, no. Las cuatro propuestas fueron votadas por separado. En todos los casos, los únicos votos en contra fueron los del PP. CiU sólo votó a favor de su propia proposición, y se abstuvo en las demás. En la tribuna para el público asistió el teniente coronel José María Sánchez Silva, quien recientemente ha hecho pública su homosexualidad. El proyecto de unión civil que presentaron los populares en 1997 se diferencia de los demás en que no hace referencia a la afectividad entre los miembros de la pareja, y sólo exige que sus componentes convivan y se comprometan a prestarse ayuda.
La diputada del PP fue prolija en la enumeración de los motivos para el voto de su grupo. Entre los generales, mencionó que no había que caer "en falsos progresismos". Insistió en que la Constitución sólo reconoce el matrimonio entre hombre y mujer, aunque aceptó que el modelo de familia que propugna puede ser "más amplio". Después pasó a criticar puntos concretos de los proyectos de los otros partidos. Así, al comentar la propuesta que había defendido la socialista Cristina Alberdi, comentó que ésta definía un tipo de unión "mucho más fácil de disolver" que el matrimonio, y que establecer un plazo de seis meses de convivencia para que la pareja adquiriera todos sus derechos suponía "suprimir el noviazgo", y que no había "referencia en todo el mundo" que pudiera "determinar la duración del enamoramiento".
Sobre la proposición de CiU, que defendió Mercé Pigem, afirmó que no regulaba suficientemente la ruptura, y que presentaba "contradicciones" en el método para registrar las parejas, como que bastara el padrón municipal para justificarlas, "con lo que se podría dar el caso de que si cambiaran de ciudad perderían los derechos". También criticó que, según el proyecto del grupo catalán, bastaría con "convivir una noche" para ser considerado pareja de hecho si de la unión nacieron hijos.
La intervención de Estaràs fue interrumpida en varias ocasiones por los abucheos y las risotadas de la oposición. Al acabar, se escucharon gritos de "¡Arrepentíos, hermanos!" y "¡Qué barbaridad!".
Demanda social
El debate comenzó con la presentación por parte de Marisa Castro de la propuesta de IU. Castro justificó la iniciativa en la "demanda social" y en que hacía falta acabar con el "gota a gota" de leyes autonómicas (como las de Navarra, Aragón y Cataluña) y de registros, que hacían que los españoles tuvieran distintos derechos dependiendo de dónde vivieran, y pidió un registro unificado dependiente del Ministerio de Justicia. Argumentos similares utilizaron los demás grupos, incluidos los representantes de Coalición Canaria (el partido que elaboró la primera propuesta en 1997) y PNV. La representante del PSOE, Cristina Alberdi, fue la más crítica con la actitud del PP. "Falta voluntad política y hay miedo a indisponer a ciertos elementos sociales y grupos religiosos". "Algunos quisieran que lo que es pecado sea también delito", afirmó, y anunció que, pese a la "cerrazón" del PP el proyecto saldría adelante en el futuro. "Los conservadores se oponen ahora como antes se oponían al divorcio", manifestó.
También Mercé Pigem atacó la postura del PP y su defensa de las uniones civiles, un empeño de "regular situaciones que no tienen necesidad de ser reguladas". Ese proyecto "es un error, y la persistencia en el error no lo convierte en un acierto".
Joan Saura, portavoz de IC, mostró su "desazón" por la previsible postura del PP, e instó a sus diputados a votar en conciencia. "Hoy vamos a perder, pero antes o después vamos a ganar", afirmó, "porque no hay ni un sólo argumento para negar que un hombre pueda querer a otro hombre, o una mujer a otra mujer, y la sociedad ha hecho de esto algo normal".
La adopción por homosexuales fue el punto más controvertido. Según Estaràs, no hay estudios que demuestren que "no es perjudicial" para los niños. "Sé que es lo más polémico, pero todavía no he encontrado ninguna razón para negar la adopción a parejas de gays o lesbianas", manifestó en cambio Marisa Castro. El derecho del niño es "crecer en una familia con afecto", y no en instituciones donde se convierten en "carne de cañón" para la delincuencia, afirmó. Insistió en que con el reconocimiento de este derecho se "da carta de naturaleza a algo que ya existe".
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