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2020/06/27

DOCUMENTACIÓN | MEMORIA | QUINCE AÑOS DE MATRIMONIO IGUALITARIO

Público / Aprobación del matrimonio igualitario, 2005-06-30 //

Quince años de matrimonio igualitario: "Sean del mismo o diferente sexo", la frase que lo cambió todo.

El Congreso español aprobó hace ahora 15 años un cambio en el Código Civil que abrió las puertas para el matrimonio igualitario y colocó a España en la avanzadilla mundial en materia de derechos LGTBI. Tres lustros más tarde, la ultraderecha ha hecho renacer un discurso del odio que nos retrotrae a un pasado que parecía olvidado.
Marisa Kohan | Público, 2020-06-27
https://www.publico.es/politica/quince-anos-matrimonio-igualitario-sean-diferente-sexo-frase-cambio.html

Nunca antes en nuestra historia una frase tan breve ha provocado cambios sociales tan drásticos. Sólo tres palabras añadidas al final de un brevísimo texto dieron el acceso a derechos fundamentales a un amplia parte de la población que hasta ese momento eran ciudadanos de segunda. En el camino hubo de todo. Reuniones en el garaje de Ferraz con el entonces secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero; oferta de Aznar para una ley de pareja sin llamarlo matrimonio, llamadas al desacato por porte de la Conferencia Episcopal e incluso un monarca que no quiso "ser como el rey de los belgas", quien abdicó durante 36 horas para no tener que sancionar una ley que avanzaba derechos de las mujeres al aborto.

Lo que desde hace años denominamos ley de matrimonio homosexual o igualitario, en realidad no existe. Nunca existió. Y ese fue el mayor triunfo.

Porque no existe ninguna ley específica que regule el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino un Código Civil que en 2005, por fin, acogió en su artículo 44 los derechos de toda la ciudadanía al matrimonio. Donde la ley establecía que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código", el 2 de julio de 2005 se incorporó las siguiente aclaración: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo".

Este 30 de junio se cumplen 15 años desde la aprobación de esta modificación en el Congreso de los Diputados. Una sesión que mantuvo a casi toda la ciudadanía con el corazón en vilo. Unos, los más, porque pensaban que algo se podía torcer y que la votación no saliera adelante. Para entonces la ciudadanía española, de forma mayoritaria, se había manifestado a favor de este cambio legal. Otros, los menos pero más ruidosos, porque se oponían a una reforma que, decían, amenazaba a la propia existencia de la familia, devaluaba la institución del matrimonio y abriría la puerta a la zoofilia o al matrimonio con las mascotas. Y estos no eran los peores ataques.

El próximo 3 de julio se cumplirán tres lustros desde que esta modificación se publicara en el Boletín Oficial del Estado y entrara realmente en vigor. Desde entonces se han celebrado cerca de 50.000 matrimonios de personas del mismo sexo en nuestro país (49.477, según los datos del INE), registrándose las mayores cifras de estos enlaces en 2018 (4.726) y 2019 (5.108). Pero los datos estadísticos dicen poco de lo que se consiguió, de los debates que hubo que superar para igualar derechos, de las consecuencias que para las personas LGTBI tuvo esta reforma y de cómo este cambio transformó nuestra sociedad.

¿Por qué se tenía que llamar matrimonio?
Entre el principio de este siglo y el año 2005 en que finalmente se aprobó el matrimonio igualitario, diversos discursos intentaron retrasar o descafeinar la conquista de este derecho. Uno de los más persistentes fue el que tenía que ver con el nombre que se le daba y la forma de conseguirlo. La repetida frase de "que hagan lo que quieran, pero que no lo llamen matrimonio" inundó los debates televisivos, políticos y las calles. Ya no se discutía siquiera que no hubiera que conceder derechos, incluso todos los derechos, pero que no se denominaran de la misma forma que las uniones entre un hombre y una mujer.

"Incluso Aznar, entonces presidente del Gobierno, nos ofreció una ley de parejas con todos los derechos. Era un momento en que ya había un clamor por el matrimonio igualitario y una presión por parte de Europa porque éramos casi el único país en que no había nada. Pero la condición era que no se llamara matrimonio. Y le dijimos que no. Incluso la Iglesia, viendo lo que se venía, acabó diciendo que ley de pareja sí, cuando poco antes se habían opuesto", recuerda Beatriz Gimeno, entonces presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) y hoy directora del Instituto de la Mujer.

"Llamarlo matrimonio era importante por lo que hoy sigue siendo importante. Porque las cosas iguales hay que llamarlas iguales; si no, son distintas. El matrimonio no se podía llamar de otra forma porque entonces hubiera contenido otros derechos. La igualdad se llama igual y no tiene escalas de grises. La consecución de muchos derechos civiles se ha hecho esperar y ha requerido su tiempo, como la educación a las mujeres o el acceso al voto, pero en ningún caso se generaban nuevas figuras estancas para acceder a ellas, sencillamente porque no hubiera sido igualdad, sino otro tipo de discriminación", incide la activista Sylvia Jaén, que hace 15 años estuvo en la coordinación del área internacional de la FELGTB y hoy es viceconsejera de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias.

"El vocabulario nunca es banal o indiferente en política, y mucho menos en políticas sociales. Y en este caso era sencillo. Queremos los mismos derechos con el mismo nombre", añade.

Pero esta batalla no se libró sólo de puertas para afuera, sino que fue un debate que hubo que ganar primero dentro de los propios colectivos. La necesidad de conseguir algo que mejorara la situación de los derechos de personas LGTBI y la convicción de que la ciudadanía y los políticos no aceptarían la plena equiparación de estos en las leyes, influía en que muchos apostaran por la estrategia de pelear una ley de parejas lo más amplia posible.

"Exigir que nuestros derechos se incorporaran en la ley que ya existía, que fuera matrimonio, y no en una ley especial, generó tensiones. Muchos argumentaban que no se iba a conseguir y que no debíamos pedirlo porque la sociedad española no estaba preparada. Decían que esto podía generar aún más rechazo hacia los homosexuales, que podían pensar que estábamos pidiendo más de lo que nos correspondía y que lo único que conseguiríamos serían reacciones en contra", recuerda Gimeno.

"Veníamos de momentos muy duros. Las personas LGTBI sufrían una amplia y profunda discriminación entonces. No hay que olvidar que empezamos a reivindicar estos derechos en plena crisis del sida, cuando veíamos que se morían compañeros y la familia que no había querido saber nada de su hijo por ser homosexual impedía a su pareja despedirse en los últimos momentos de vida de su amor, o les cambiaban la llave del piso tras el entierro porque lo que habían construido juntos estaba a nombre del que había fallecido y muchas familias dejaban al otro directamente en la calle. Situaciones de este tipo nos dieron la fuerza para reivindicar y decir que queríamos tener los mismos derechos porque la injusticia era grandísima", recuerda Toni Poveda, vicepresidente de la Fundación Pedro Zerolo, quien entonces era gerente de la FELGTB.

Zapatero, una pieza clave e inesperada
Uno de los pasos decisivos para conseguir el cambio fue convencer al entonces recién nombrado secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, para que en el programa electoral de su partido a los comicios de 2004 cambiara la petición de una ley de pareja por la exigencia del matrimonio igualitario. Una reunión organizada en el garaje de Ferraz (sede nacional del partido) que en esos momentos estaba en obras, congregó a parte del activismo (Pedro Zerolo, Beatriz Gimeno, Boti García, Miguel Ángel Fernández...) y aliados como Juan Fernando López Aguilar (quién sería posteriormente ministro de Justicia) o Leyre Pajín, entre otros.

"Zapatero nos había pedido que lo convenciéramos y de esa reunión salió totalmente convencido y modificó el programa, a pesar de la oposición de la parte más conservadora de su partido, como José Bono, que puso objeciones. Por nuestra parte, pensábamos que era más fácil que un partido que iba a estar en la oposición incorporara propuestas más radicales en su programa, y para entonces nadie, ni siquiera creo que el propio Zapatero, confiaba en que sería presidente. Pero ganó y lo llevaba en el programa. El día de las elecciones supimos que habíamos conseguido la reforma, porque Zapatero había salió muy convencido del encuentro y deslumbrado por la elocuencia de Pedro Zerolo y por la sencillez y la solidez de nuestro discurso", recuerda Gimeno.

Pero el de la denominación no fue el único debate. La idoneidad o no de las personas LGTBI para tener o adoptar hijos y la campaña de desprestigio público hacia este colectivo social fueron otros de los caballos de batalla de los conservadores, con un fuerte protagonismo de la Iglesia y de los grupos ultra. El empuje de la derecha fue tan brutal, recuerdan muchos de los protagonistas de esta lucha, que la sociedad comenzó a abrir los ojos y a contemplar abiertamente en los platós de televisión y en los púlpitos las discriminaciones que las personas LGTBI sufrían hasta entonces en silencio.

El discurso del odio contra las personas homosexuales era cotidiano y cuasi universal. Lo que hizo este debate fue colocar un altavoz gigantesco a las barbaridades que hasta ese momento se decían solo en la esfera de lo privado: que los homosexuales provenían de familias desestructuradas, que tenían padres o madres alcoholizados, que sus hijos también serían homosexuales...

"Había que permitir que esa extrema derecha se manifestase en público, que se dejase ver, para ganar la simpatía social. Porque esos insultos que recibías enfrente de las cámaras, eran los que teníamos que soportar en el día a día durante toda nuestra vida", recuerda Silvia Jaén.

La estrategia estaba ya bien marcada. No se trataba de entrar en ningún debate identitario, ni en derechos concretos, ni siquiera en las discriminaciones históricas que arrastraba el colectivo. Sólo de exigir igualdad y respeto a los derechos humanos y no salirse del guión. Si se conseguía la reforma, todo el resto entraba en el paquete de derechos.

El día que se votó la modificación del Código Civil en el Congreso, una amplia representación del activismo estaba en el palco de visitantes. Expectantes, porque según el relato de varios de ellos no las tenían todas consigo. Los márgenes en la votación eran estrechos. Algunos partidos, como Convergencia y Unió, habían dado libertad de voto. Otros, como el PP, habían marcado su postura en contra. La votación, finalmente, fue de 187 votos favorables (con el voto afirmativo de la diputada del PP Celia Villalobos que se saltó la disciplina de voto) y 147 en contra (todos los del Partido Popular).

"Cuando se aprobó la reforma nos quedamos en shock", recuerda Poveda. "Nos dimos cuenta de que habíamos ganado porque los diputados afines comenzaron a aplaudir, pero nosotros tardamos segundos eternos en comenzar a festejar", rememora Jaén. "Cuando comenzamos toda esta lucha yo le dije a Boti [García] que esto no lo íbamos a ver nosotras, sino nuestros hijos e hijas. Fíjate lo que teníamos en la cabeza. Así que cuando vi que se aprobó me quedé en blanco, sin reaccionar. Me sacaron corriendo para hablar con la prensa y cuando me rodearon periodistas y cámaras, yo que no soy nada expresiva, me puse a llorar".

Pero aún faltaba sancionar la ley. La presión entonces se dirigió hacia el rey. La Conferencia Episcopal, en un movimiento desesperado, había llamado al desacato a todos los católicos contra esta reforma y esto incluía al monarca. Pero Juan Carlos I se limitó a afirmar: "Yo soy el rey de España, no el rey de Bélgica", y firmó la norma. Con ello hacía alusión al rey Balduino, que unos pocos años antes había abdicado del trono durante 36 horas para evitar sancionar la ley del aborto en su país.

​Una reforma que lo cambió todo
La reforma de la ley supuso un cambio radical para las personas gais y lesbianas, pero también para la sociedad en su conjunto. A pesar de que el Partido Popular interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la reforma, esto no impidió que la cúpula de la formación, con Mariano Rajoy a la cabeza, celebrara años más tarde la boda de uno de sus altos cargos que se casaba con su compañero. El recurso tardó más de siete años en resolverse, pero en 2012, por fin, el Tribunal Constitucional decretó la legalidad de la ley.

Tal como dijo Zapatero al aprobar la reforma, España se ha convertido en "un país más decente porque una sociedad decente es la que no humilla a sus miembros" y la victoria en derechos "nos hace mejores a todos".

"La ley se aprobó con un margen de aceptación social bastante ajustado, pero tan sólo dos o tres meses después este porcentaje había subido muchísimo, hasta convertir a España en el país que más aceptación tenía respecto a la igualdad", afirma Gimeno. Esta política y activista recuerda que "las leyes educan y conceden legitimidad social a las reivindicaciones. Por eso son tan importantes, porque ejercen una función pedagógica", comenta Gimeno.

El hecho de que a partir de esta conquista lo único que se veía en los medios de comunicación, en las familias, fueran imágenes de personas alegres celebrando la vida, celebrando bodas largamente retrasadas, expresando públicamente su amor, derribó muchas barreras sociales, explican los activistas.

"Hubo algo que no nos esperábamos, y es que cuando comenzaron a celebrarse las bodas hubo tanto sentimiento unido detrás que fue lo que más rápido se transmitió y se contagió. En esas bodas que comenzaron a realizarse, a las que venían las familias, una parte convencidas y otras porque es lo que que tocaba, inevitablemente todos acababan rodeados de felicidad. Y entonces la gente cambió".

Aún faltan muchos derechos por conquistar. "Vivimos en un espejismos de la casi igualdad", explica Jaén, que resalta el hecho de que las personas homosexuales sean las únicas a las que se les obligue a casarse para que se le reconozcan los derechos sobre sus propios hijos.

También los derechos de las personas trans son una asignatura pendiente, que representa el colectivo más vulnerable de las personas LGTB. "Nos queda la conquista de romper los armarios en los espacios laborales, la conquista internacional, para que nuestros matrimonios sean reconocidos en otros países y nos queda conquistar los espacios de mayores, que siguen siendo espacios heteropatriarcales donde a la realidad LGTBi no se la espera. Se acepta a quien viene, pero no se la espera. También ser capaces de envejecer en positivo y de una forma esperada y no volver a ser la excepción", reconoce Jaén.

El riesgo del retroceso
Si el avance de los derechos de la población LGTB puso a España a la vanguardia de la aceptación social, el auge de la ultraderecha en nuestro país ha comenzado a cambiar el discurso. "Es otro país. En poco años pasamos de ser un país contento, que se miraba satisfecho de ser avanzado en derechos, que era transversal y que nos hacía mejores, a una creciente criminalización hacia las feministas y hacia las personas LGTB", afirma Gimeno.

"Ahora volvemos a pelear por la desaparición de los discurso de odio. La discriminación que se había rebajado muchísimo ahora ha crecido. Hubo un momento en el que bajaron muchísimo y había pocas agresiones. Hoy estamos viendo cómo se han incrementado. Las personas con afán discriminador no se atrevían a manifestarlo hace unos años, pero la llegada de la extrema derecha y la legitimación de sus discursos homófobos los ha envalentonado. Y eso que parecía que estaba en decadencia o retroceso ha vuelto a resurgir. Hay muchas más agresiones. Se están visibilizando y han vuelto a surgir discursos de odio que pensamos que eran marginales. Eso es lo que sin duda tenemos que combatir de nuevo. Con todas nuestras armas", concluye Gimeno.
 
NOTA: Imanol Alvarez ilustra con este artículo sus comentarios en Facebook sobre la postura de Pedro Zerolo ante la reivindicación del matrimonio por parte de la COFLHEE [véase, por ejemplo, el n. 58 de Gat Hotsa, de 1995]. En este artículo se indica que la primera batalla se tuvo librar dentro de los colectivos y, tal como nos suele contar Imanol, el primero que estaba en contra de la petición del matrimonio fue Pedro Zerolo, con unos argumentos que aquí quedan más que claros. Añadir: mi testimonio de un debate organizado, al menos por EHGAM, en Donostia, en el que participaba David Montero defendiendo la ley de parejas de hecho.

2019/06/21

DOCUMENTACIÓN | DERECHOS | BEATRIZ GIMENO: LA LUCHA LGTB DESDE LA TRANSICIÓN HASTA HOY, DERECHOS Y LGTBFOBIA

La lucha LGTB desde la transición hasta hoy: derechos y LGTBfobia
Beatriz Gimeno, 2019-06-21

https://beatrizgimeno.es/2019/06/21/la-lucha-lgtb-desde-la-transicion-hasta-hoy-derechos-y-lgtbfobia/ 

No exagero si afirmo que la aprobación en 2005 de la reforma del Código Civil en materia de matrimonio para abrirlo a las parejas del mismo sexo ha sido una auténtica revolución social y cultural a la que no es posible restar importancia; una transformación radical en la consideración social de la homosexualidad y uno de los cambios culturales más importantes que han sucedido en este país en las últimas décadas. Doce años después de aquel logro del activismo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), trabajado minuciosamente durante décadas, la mayor parte de la sociedad lo acepta con completa normalidad y la mayoría de los países democráticos han emprendido el mismo camino. También los partidos políticos han asumido que este derecho está completamente incorporado a lo que la mayoría de la gente concibe como un estándar democrático básico y, de manera más o menos abierta, más o menos rápida y más o menos sincera, han pretendido no quedarse fuera de eso que hoy diríamos que es sentido común mayoritario.

Ya hay una generación de españoles que ha nacido pensando que lo normal es que gays y lesbianas puedan casarse si así lo desean y, sobre todo, pensando que lo extraordinario sería que no pudieran hacerlo. Hoy día eso lo defiende incluso la derecha, que celebra sus bodas homosexuales con normalidad y asiste a ellas, incluso, un señor tan sumamente conservador como Mariano Rajoy. Sin embargo, sería un error olvidar que la conversión de la derecha —además de mucho más reciente de lo que se cree— no es, en realidad, sincera. La lucha por la igualdad LGTB se ha llevado a cabo frente al pensamiento reaccionario (aunque oportunista) que anida en el seno del PP y que los llevan a seguir paralizando las leyes contra la LGTBfobia allí donde tienen que aplicarlas o aprobarlas. Su reciente conversión es superficial y estratégica, y su historia en relación con las reivindicaciones históricas del activismo LGTB ha sido siempre la de constituirse en un muro frente a cualquier avance, así como en apoyo de la ideología de la Iglesia católica en lo relativo a esto.

En este sentido, la gran victoria para el activismo LGTB no fue, en realidad, la aprobación de una norma que nos igualaba legalmente,[1] sino que, al contrario, dicha ley fue consecuencia del verdadero éxito, que no es otro que haber conseguido, en muy poco tiempo, cambiar el sentido común mayoritario respecto a la legítima existencia de una minoría sin poder social, estigmatizada desde hace milenios, marginada social y legalmente en la mayor parte del mundo, perseguida y objeto de injuria permanente; y hacerlo, además, en uno de los países europeos en los que la Iglesia ha tenido más poder político y social y en el que el machismo institucional fue un pilar del régimen durante la dictadura franquista. La aprobación de esta ley significó un cambio cultural muy profundo porque supuso, por una parte, la legitimación de la existencia homosexual, pero también la posibilidad de transformar una institución fundacional del patriarcado como es el matrimonio y, con ello, la capacidad para sacudir, aunque sea levemente, un sistema basado en la ‘heteronorma’ sancionada legalmente.[2]

Este simple cambio legal, que afectó a unas pocas frases del Código Civil, ha tenido una importante capacidad performativa que trascendió, con mucho, la reivindicación concreta de las personas LGTB. La posibilidad de la injuria quedó formalmente desactivada (aunque para la desactivación absoluta de la LGTBfobia aún tenga que transcurrir más tiempo) y se produjo, así, un cambio cultural que supuso una ampliación de las posibilidades de felicidad y libertad de mucha gente. Si bien al principio hubo gente que no entendió lo desestabilizador que era el matrimonio igualitario para la propia institución (ya que subvierte completamente su sentido), quien sí lo entendió con meridiana claridad fue la derecha que, en realidad, siempre tuvo razón en sus miedos. Cuando afirmaban que abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo supondría desnaturalizarlo, estaban en lo cierto; ahora podemos decirlo. Por eso, porque ellos entendían el potencial desestabilizador de este cambio, se opusieron con todas sus fuerzas a perder lo que sin duda era un privilegio, un privilegio de la heterosexualidad sobre cualquier otra forma de organizar la sexualidad, la filiación y la familia. Y por eso fue, y está siendo, tan difícil.

Aunque hoy todos los partidos, incluso los de la derecha, pretendan borrar de su pasado la feroz resistencia que opusieron a ese cambio, lo cierto es que dicha resistencia existió de manera continuada desde los años setenta, como vamos a ver a continuación, y los y las activistas nos sentimos muy solos hasta finales de los noventa, cuando algunos partidos de izquierdas comenzaron a hacerse eco de nuestras reivindicaciones. El Partido Popular se resistió con uñas y dientes hasta el último minuto e, incluso, cuando la cuestión ya estaba en el Parlamento, no se abstuvo de pretender humillarnos y ridiculizarnos. Finalmente, su transformación actual es meramente cosmética: parece asumir el cambio mientras que, al mismo tiempo, dificulta, ralentiza y continúa promocionando la LGTBfobia en todas sus manifestaciones.

La historia de las reivindicaciones LGTB en España desde el final de la dictadura se puede dividir en dos grandes periodos. El primero, hasta finales de los años ochenta, en un contexto de lucha a favor de la derogación de las leyes represivas y de la legalización de las organizaciones LGTB y, el segundo, desde entonces hasta 2005, cuando tuvo lugar la lucha por conseguir una legislación igualitaria en lo referente al matrimonio y a la familia. En medio de estos dos periodos encontramos el sida. Y desde 2005 hasta la actualidad, la lucha es contra la LGTBfobia en todas sus formas, una lucha a la que de ningún modo se ha sumado la derecha.

Hasta la dictadura franquista, la homosexualidad en España se vivía como en el resto de Europa: potente homofobia social y posibilidad de llevar adelante la vida entre cierta indiferencia, dependiendo de diversos factores como la visibilidad, la clase social, la profesión, etcétera. La Guerra Civil significó un cambio, ya que cualquier contienda bélica excita siempre la homofobia y el machismo. El general Queipo de Llano marcó el tono cuando dijo: «Todo afeminado o invertido que calumnie nuestro movimiento debe morir como un perro», y después el franquismo identificó identidad nacional con moral católica, determinando para ello que fuera la Iglesia la que fijara los límites de lo permitido y de lo prohibido en todo lo referente a la sexualidad.[3] El comportamiento homosexual, o su mera visibilidad, estaban incluidos en el cajón de sastre de la represión contra el llamado «escándalo público», que permitía sancionar arbitrariamente cualquier cosa que la autoridad determinase que constituía un escándalo. Posteriormente, en 1954 la homosexualidad fue incorporada en la Ley de Vagos y Maleantes, otro cajón de sastre que permitía incluir cualquier comportamiento que se considerase antisocial o desviado de la norma. Dicho esto, y al contrario de lo que se suele pensar, el franquismo no puso al principio un énfasis excesivo en la represión legal de la homosexualidad, simplemente porque no hacía falta. La represión social y policial era lo suficientemente brutal como para que no fuese necesario un refuerzo legal de dicha represión; cualquiera podía ser considerado «maleante» y acabar en la cárcel.

No obstante, en la década de los años setenta España comenzó a abrirse al exterior. El turismo masivo amplió el foco de lo que podía pensarse o verse y, sobre todo, supuso comprobar que España era una excepción en Europa, que esa realidad negra en la que estábamos instalados no era tan negra más allá de nuestras fronteras. Los y las turistas no trajeron solo los bikinis; o, más concretamente, los bikinis no eran solo un traje de baño, sino que eran, en realidad, toda una declaración de principios con relación a otras maneras de vivir el cuerpo, la sexualidad, las relaciones entre hombres y mujeres... la libertad, en definitiva.

Además, esa misma década en la que el turismo aparecía masivamente por aquí fue aquella en la que, en Europa y en Estados Unidos, el activismo LGTB (y feminista) comenzó su lucha por la igualdad y el reconocimiento, una lucha que acabaría transformando las costumbres sociales y sexuales en, al menos, el tercio rico del mundo. Estas nuevas costumbres —que apenas podían entreverse aquí— asustaron no obstante al franquismo, que sospechaba, con razón, que el deseo de libertad de una sociedad no tiene por qué estar organizado políticamente para romper las costuras que lo mantiene preso. Más de treinta años de moral católica institucional habían convertido las costumbres (y no solo las leyes) en una camisa de fuerza; y la mera existencia, en un paisaje gris. La irrupción masiva del turismo enseñó a las mujeres y a las personas homosexuales[4] que otras existencias y otras maneras de vivir el propio cuerpo eran posibles. Esta es la razón por la que la dictadura, a la que ya le quedaba poco tiempo de vida, decidió en 1970 incrementar su legalidad represiva sobre la diversidad sexual con una nueva ley, la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social, a partir de la cual se juzgaron entre 1970 y 1978 a aproximadamente cinco mil homosexuales por el mero hecho de serlo, y de ellos unos mil fueron enviados a prisión.[5]

La oleada represiva que se desencadenó significó también, además del encarcelamiento y la tortura de miles de personas, el nacimiento de incipientes organizaciones políticas homosexuales que trabajaban en la clandestinidad y cuyo objetivo era, precisamente, despenalizar la homosexualidad. Aparte de exigir la derogación de la ley de peligrosidad social, estas organizaciones defendían un ideario cercano al marxismo y a la lucha obrera que planteaba reivindicaciones de liberación sexual para todas las personas. Es importante señalar aquí que, a pesar de la lucha que se mantuvo, la inquina del régimen y de sus herederos contra la homosexualidad fue tal que la ley de peligrosidad social no se derogó tras la aprobación de la Constitución de 1978, como ocurrió con la mayoría de las leyes represivas. Las personas LGTB no tuvieron nada de que alegrarse con la aprobación de una Constitución que no hizo ninguna referencia a la libertad sexual, que no derogó la ley que la reprimía y que tampoco sirvió para que se legalizara ninguna organización homosexual, mientras que sí se legalizaron los partidos políticos y las organizaciones sociales. Por si fuera poco, los presos que estaban en las cárceles por homosexualidad fueron tratados como presos comunes y no se beneficiaron del indulto de 1975 ni de la Ley de Amnistía del 1977. La Constitución, la de la supuesta reconciliación, se aprobó con presos por homosexualidad en las cárceles y sin que se hubiera legalizado ninguna organización LGTB. La homosexualidad era considerada un peligro social y se le negaba cualquier relación con la lucha política.

Conseguir la legalización de las organizaciones políticas homosexuales fue entonces uno de los principales objetivos del incipiente Movimiento de Liberación Homosexual, junto al de la derogación de la ley de peligrosidad social. Tanto Alianza Popular como UCD se negaban a que organizaciones a las que acusaban de propagar conductas inmorales fueran legalizadas. La mayoría de la gente ignora que en este país costó más legalizar la primera organización homosexual que el Partido Comunista. Así de peligrosos nos veían los herederos del franquismo. No fue hasta 1980 cuando, por fin, el Gobierno de UCD legalizó la primera organización homosexual, aunque no fue hasta 1982, con la victoria del PSOE, cuando se levantó la prohibición general que pesaba sobre las organizaciones homosexuales.

Después de esta primera victoria, las fuerzas se concentraron en conseguir la derogación de la ley de peligrosidad social. Recordemos que esta ley no penalizaba solo la homosexualidad, sino que era un poderoso instrumento de control social sobre cualquiera que el sistema concibiese como «desviado» o «antisocial». Entre estos se incluían quienes practicaran la mendicidad, el vandalismo, el tráfico y consumo de drogas, la venta de pornografía, la prostitución, y cualquier otra persona que fuera considerada peligrosa. El Movimiento LGTB logró, como conseguiría luego con la reivindicación del matrimonio, que su defensa de la derogación de esa ley no fuera vista como un asunto que afectaba únicamente a las personas homosexuales, sino como una cuestión de derechos humanos y de derechos civiles.

Por otra parte, respecto a dicha ley conviene recordar que, aunque algunos artículos referidos a la homosexualidad ya habían sido eliminados en 1979 (siempre con la oposición de UCD y de AP), las personas LGTB podían seguir siendo detenidas por escándalo público, tipo que siguió en vigor hasta 1989. Así, el 23 de octubre de 1986 dos lesbianas fueron detenidas por besarse frente a la antigua Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol. Se las retuvo sin explicación alguna durante dos días, en los cuales se les privó del derecho de defensa. Era 1986 y el motivo de su detención fue un beso.

La oposición que, en esta primera etapa de la lucha (desde el final de la dictadura hasta los años noventa), mostró el establishment político —pero especialmente los herederos del franquismo— no es sino la misma oposición que mostraron después ante la reivindicación del matrimonio igualitario. La derecha siempre ha sido contraria a la posibilidad de que las personas homosexuales y transexuales puedan adquirir un estatus de ciudadanía plena. Su oposición está vinculada a la ideología sexual y familiar de la Iglesia católica y está dirigida contra la normalización social de la diferencia sexual, por más que dentro de su partido algunas personas puedan declararse LGTB desde su atalaya de privilegio, igual que ocurría en el franquismo.

La cuestión de los derechos familiares, de pareja, irrumpió en el escenario político debido al sida. En medio de la crisis humanitaria que provocó esta enfermedad, muchos gays murieron y sus parejas padecieron situaciones indignas ante el completo abandono por parte del Estado. Tuve la oportunidad de ver cómo fallecían personas a las que sus familias habían repudiado por gays y a las que llevaban años sin ver ni apoyar y cómo, una vez producido el deceso, dichas familias aparecían de repente para expulsar al compañero —que había sido marido, amante, enfermero, cuidador— y dejarle sin nada, en ocasiones sin poder siquiera recoger sus cosas personales de la casa común. El sida y sus efectos en la comunidad homosexual provocaron que, de pronto, nos hiciéramos todos viejos, y conllevaron también un cambio radical en los objetivos del activismo. Apareció entonces un tipo de activismo relacionado con el sida, que exigía al Estado que protegiese a las personas enfermas y combatiese la homofobia, que era la causa de un poderoso y destructivo estigma que se extendió por todo el tejido social.[6]

Además de las exigencias relativas a la necesidad del cuidado de las personas enfermas por parte de las instituciones, la epidemia del sida también impulsó a las organizaciones a buscar algún tipo de regularización de los derechos familiares, con la idea de proteger a quienes estaban quedando injustamente desprotegidos. Comenzaron entonces a tener lugar las distintas reivindicaciones de legislaciones de pareja que, poco a poco y en un goteo incesante, se fueron aprobando en diferentes instancias y niveles gracias a partidos de izquierdas y, en algún caso, a la derecha nacionalista, como fue el caso del PNV. PSOE e IU, independientes y partidos nacionalistas fueron aprobando reglamentos y ordenanzas municipales que igualaban a las parejas homosexuales con las heterosexuales, en ámbitos que eran competencia de los Ayuntamientos. Más tarde, se aprobaron algunas leyes autonómicas.

Así pues, durante los primeros años noventa la lucha se centró en conseguir una ley de parejas de ámbito estatal que, por una parte, unificara la cada vez más ingente legislación de ámbito menor (que estaba dispersa y era de naturaleza muy heterogénea) y, por otra, otorgara derechos fundamentales a las personas LGTB, algunos tan básicos como poder decidir el tratamiento médico para la pareja enferma, la custodia de hijos e hijas, el usufructo de los bienes de la pareja fallecida, la herencia o las pensiones. Sin embargo, nada de esto encontró el más mínimo eco en la derecha, que no se movió un milímetro de sus posiciones.

El sida, en todo caso, puso de manifiesto una vez más la homofobia social e institucional, que estaba muy lejos de ser residual. La homofobia que anidaba en los aparatos del Estado, en la Iglesia y en la sociedad en su conjunto se instaló de nuevo en la primera línea. A aquella enfermedad que se llevó tantas vidas por delante se le llamó «cáncer gay» o «castigo divino», y a la comunidad LGTB se la abandonó a su suerte. Solo la propia comunidad organizada pudo empezar a crear las primeras pautas de prevención, solo la propia comunidad se cuidó a sí misma y organizó la resistencia ante los prejuicios y la extrema vulnerabilidad en la que la enfermedad nos situó. Para combatir el sida había que hablar de sexualidad, de homosexualidad y de heterosexualidad, y la sociedad homófoba y pacata tardó mucho en hacerlo, aunque en el camino se perdieron miles de vidas.

La derecha y la Iglesia se han opuesto a todas las campañas de prevención destinadas a salvar vidas. Es doloroso recordar hoy que por no poder hablar de condones se permitiera que enfermara y muriera mucha gente, pero así fue y nadie ha pedido perdón por ello. Y no han cambiado tanto, siguen en el mismo lugar, solo que es la sociedad la que les ha pasado por encima. La derecha, el Partido Popular, asumió sin matices el argumentario de la Iglesia: la mejor prevención del sida es la castidad y las parejas homosexuales no pueden formar familias porque la familia es, sobre todo, una unidad destinada a la procreación. Respecto a esto último, su negativa a considerar siquiera la posibilidad de negociar la ley que necesitábamos, así como su no reconocimiento del Movimiento LGTB como sujeto político, propició un cambio de estrategia que, a la postre, nos llevaría a conseguir aquello con lo que en aquel momento ni siquiera soñábamos: la igualdad legal, el matrimonio igualitario.

Porque durante ese tiempo, a la espera de cualquier avance en el ámbito de los derechos, el Movimiento LGTB estuvo debatiendo internamente acerca de la conveniencia de exigir el matrimonio, el mismo matrimonio al que pueden optar las personas heterosexuales, o de seguir reivindicando una ley de parejas. No hay aquí espacio para profundizar en los matices de ese debate, pero el cambio en la reivindicación tuvo que ver, en primer lugar, con una cuestión estratégica: puesto que el Partido Popular no se movía un milímetro de su posición de negativa a cualquier avance en los derechos LGTB, decidimos que nos moveríamos nosotras y nosotros.[7] A la hora de negociar hay que dejar siempre un margen para ceder, así que decidimos exigir la igualdad completa y no conformarnos con lo que, en todo caso, algunos ya considerábamos una legislación apartheid, es decir, una legislación especial para la gente LGTB. Es interesante remarcar que el activismo LGTB español no se sintió nunca (o no de manera mayoritaria) preocupado por el tema de la identidad, algo que, sin embargo, sí fue un asunto recurrente en algunos países anglosajones. La lucha por el matrimonio en nuestro país se hizo en nombre de la igualdad y de los derechos civiles y, en mi opinión, esto fue uno de los aspectos que favorecieron el hecho de que pronto gozáramos de una simpatía social que no dejó de crecer. Explicamos nuestra posición y conseguimos convencer a la mayoría de que no se trataba de una reivindicación particular de gays y lesbianas, sino de una batalla por ensanchar los márgenes de la libertad de todas las personas; pues legislaciones específicas, como por ejemplo la unión civil o cualquier ley de parejas, no dejaban de ser legislaciones que rehuían la verdadera igualdad. Decidimos, por tanto, dar un salto adelante y exigir un acceso pleno al matrimonio, a la igualdad.

Ni siquiera el PSOE asumía esta posición al principio; de hecho, no lo hizo hasta la llegada a la Secretaría General de Rodríguez Zapatero. En todo caso, el Movimiento LGTB fue valiente y se lanzó con una reivindicación de máximos (en lugar de una de mínimos), porque esperábamos que al hacerlo la derecha se viera obligada a negociar la ley de parejas, la cual creíamos que íbamos a conseguir finalmente. Pero la derecha no lo hizo hasta que fue demasiado tarde y, gracias a su torpeza, perdió esa batalla que ellos consideraban fundamental, dado que durante los quince años en los que estuvimos reivindicando el matrimonio —sin que el Partido Popular se moviera un centímetro de los argumentos de la Iglesia— conseguimos que la sociedad española entendiera que la igualdad no admite parcelaciones y logramos generalizar el concepto de «matrimonio igualitario». Conseguimos, además, que la sociedad lo viviera como una cuestión de ampliación de derechos y libertades; de igualdad, en definitiva. La negativa del PP a cualquier legislación, incluso de mínimos, nos permitió saltar por encima, exigir lo máximo y ganar la batalla por incomparecencia del adversario. El PP pareció darse cuenta del error solo cuando la sociedad española y la mayoría de los partidos apoyaban ya el matrimonio igualitario, y pretendió entonces ofrecernos una ley de parejas como mal menor. Por primera vez se dignó a considerarnos como interlocutores válidos y llegamos, incluso, a mantener una reunión secreta en el Palacio de la Moncloa con un asesor de Aznar que nos propuso llevar al Parlamento una ley de parejas tal y como pedíamos veinte años atrás, pero respondimos que ya era tarde. No estamos hablando de los años ochenta, hablamos de la década del 2000.

Cuando la ley de matrimonio comenzaba su trámite parlamentario, el PP entró por fin en el debate y lo hizo con un arsenal de LGTBfobia del que muy pocos meses después renegaría. Así, afirmó de manera reiterada que «lo que no es igual no se puede llamar igual» y mantuvo públicamente argumentos propios de los años ochenta. Parecía que el tiempo no había pasado para el partido de derechas, que se había convertido, como de costumbre, en portavoz de los argumentos más conservadores, algo que demostró con creces cuando decidió enviar a dirigentes de primer nivel a la manifestación convocada por la Iglesia el 18 de junio de 2005 para mostrar su oposición radical a la modificación del Código Civil y, sobre todo, para permitirse sacar a la calle toda la homofobia y la transfobia social que aún existía (y existe) y que estaba siendo rápidamente deslegitimada. Aquella manifestación, de la que hoy la mayoría de los que asistieron quisieran borrar su foto, existió; igual que existieron los insultos, la humillación pública o la equiparación de la homosexualidad con la pederastia. Allí estaban desfilando quienes, muy pocos años después, se han puesto en la cabecera de la manifestación del Día del Orgullo Gay. Era el año 2005. La asistencia a esa manifestación no fue un error de cálculo por parte del PP, no acudieron a una manifestación que después se les fue de las manos, no. Y no fue así porque ese mismo mes de junio, apenas unas semanas antes de la aprobación en el Pleno del Congreso de la reforma del Código Civil, se convocó una sesión de expertos en el Senado para discutir sobre la idoneidad de que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar hijos o hijas. De entre los varios expertos y expertas convocados por todos los partidos, los dos del PP no solo fueron los únicos que se mostraron radicalmente en contra de dicha posibilidad, sino que hicieron afirmaciones que parecían sacadas de los tiempos más oscuros de la ley de peligrosidad social, como cuando afirmaron que la homosexualidad era una psicopatía, que los gays eran producto de padres alcohólicos y hostiles y madres sobreprotectoras, o que las niñas lesbianas son fácilmente reconocibles porque son más propensas al ejercicio físico. Sin embargo, la sociedad española ya no estaba en eso y los dos comparecientes llamados por el Partido Popular provocaron escándalo y burla a partes iguales, lo que obligó a ese partido a pedir perdón públicamente. Apenas un mes después se aprobó la ley de reforma del Código Civil en materia de matrimonio, lo cual supuso terminar con la desigualdad ante la ley e implicó también una revolución en una institución milenaria, cuyo objetivo desde su origen era, precisamente, asegurar la primacía de la heterosexualidad sobre cualquier otra forma de organización familiar y social.

Nos habíamos convertido en un ejemplo para muchas democracias y para el activismo LGTB de gran parte del mundo. Aquella ley supuso que España se situara a la vanguardia en materia de defensa de los derechos civiles, algo inusitado para un país como el nuestro y con nuestra historia. En realidad, ganamos a la derecha y a los sectores más retrógrados de la Iglesia. Muy pocos años después, el PP buscaba ponerse en la cabecera del Día del Orgullo, pero lo hacía al mismo tiempo que paralizaba cualquier legislación que buscara combatir la LGTBfobia social. Esta es una derecha que tolera, e incluso celebra, las manifestaciones individuales de homosexualidad, siempre que no estén relacionadas con la igualdad social o que no pretendan ser críticas con el supuesto derecho de la Iglesia de continuar educando en la desigualdad sexual, la homofobia y la transfobia. La lucha por la igualdad legal no fue el final de nada, como a veces se cree, sino el principio desde el cual, una vez conseguido un marco legal indispensable, podemos dedicarnos a trabajar por la igualdad social, mucho más complicada de alcanzar.

[1] Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. (Nota de la editora).
[2] Sobre la capacidad subversiva del matrimonio igualitario, véase: Gimeno, B.: «La institución matrimonial después del matrimonio homosexual. ¿Seguimos hablando de lo mismo?», 8 de diciembre de 2009, disponible en <https://beatrizgimeno.es/2009/12/08/la-institucion-matrimonial-despues-del-matrimonio-homosexual-%C2%BFseguimos-hablando-de-lo-mismo/>. [Consulta: 25 de abril de 2018].
[3] Para seguir el orden cronológico de la historia, he consultado el libro de Calvo, K.: ¿Revolución o reforma? La transformación de la identidad política del movimiento LGTB en España, 1970-2005, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2017.
[4] Decir «personas LGTB» sería un anacronismo. Entonces no se hablaba de transexualidad y de bisexualidad como identidades separadas de la homosexualidad.
[5] Para rescatar la memoria de estas personas que fueron a la cárcel por homosexualidad surgió y sigue luchando la Asociación de Ex-Presos Sociales de España, que ya ha conseguido que la Ley de Memoria Histórica las incluyera y les ofreciera una reparación económica.
[6] En Estados Unidos y Francia dicho activismo lo encarnaron grupos como Act Up. En España, el grupo que mejor representó este activismo fue la Radical Gay.
[7] Hice un resumen de la estrategia política seguida por el Movimiento LGTB en «Estrategias de acción y organizativas del movimiento LGTB; conquistas jurídicas: el caso del matrimonio igualitario», publicado en VV. AA.: ‘Más allá de lo imposible. La dimensión política de los derechos humanos en el siglo XXI’, Tafalla, Txalparta, 2016. Este capítulo sería la continuación de este que ahora escribo.

2015/06/30

DOCUMENTACIÓN | DERECHOS | CÓMO SE CONSIGUIÓ EL MATRIMONIO IGUALITARIO

Cómo se consiguió el matrimonio gay.
La conjunción de activistas y políticos logró la aprobación de una ley pionera. El éxito comenzó al superar la idea de que bastaba una regulación de parejas de hecho.
Emilio de Benito | El País, 2015-06-30
https://elpais.com/politica/2015/06/25/actualidad/1435243061_680818.html 

En diciembre de 2002, Pedro Zerolo dio una entrevista a El País con motivo de su reelección como presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Al acabar la exhaustiva conversación –dos horas de grabación; Zerolo siempre fue un chorro de ideas- llevó al periodista hasta una mesa de trabajo en su despacho de abogados del paseo de Rosales de Madrid. Sobre ella, desparramados, decenas de folios, impresiones del BOE y fotocopias de códigos marcados y subrayados. En el ‘off the record’ (las declaraciones que se hacen pactando que no se van a publicar), Zerolo, orgulloso, explicó aquellos papeles: “Son el futuro. Las más de 60 leyes que estamos revisando para cuando se apruebe el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

No dijo “si se aprueba”. No hubo condicional. Lo expresó como una certeza. Y una novedad. El activismo LGTB vivía tiempos convulsos. No hacía tanto, recuerda Miguel Ángel Fernández, entonces miembro de grupo LGTB del PSOE y secretario del Colectivo Lambda de Valencia, y posteriormente coordinador de la secretaría de Movimientos Sociales del PSOE cuando la dirigió Zerolo, que el objetivo más realista del movimiento era conseguir una ley de parejas de hecho que reconociera derechos básicos (herencia, pensión, acceso a la sanidad) a las uniones del mismo sexo.

Era el camino que se ofrecía entonces. Cataluña había aprobado su ley de parejas en 1998, y después llegaron las de Aragón, Navarra, País Vasco, y hasta comunidades gobernadas por el PP, como la valenciana y Madrid, hicieron las suyas. Además, en 1999 Francia aprobó su contrato de unión civil (PACS), poniendo las bases de lo que todos los participantes en esta historia no dudan en calificar ahora como “un matrimonio de segunda”, pero que, a principios de este siglo, parecía un avance enorme. “En 1991 y 1992, cuando empezamos a militar, bromeábamos sobre que nuestros hijos o, más probablemente, nuestros nietos, verían la legalización del matrimonio igualitario”, dice Toni Poveda, expresidente de la FELGTB.

Los últimos años del siglo XX apuntaban a que, después de siglos discriminados, gais y lesbianas se conformarían con una ley de parejas. De hecho, como recuerda Fernández, en 1997 y 1998 hubo dos manifestaciones en Madrid –“eran en febrero y pasábamos mucho frío”- pidiendo esa ley. No fueron tan multitudinarias como las del Orgullo, que desde 1995 a 2000 habían pasado de la pequeña marcha de decenas de activistas a congregar a miles de personas (ya se hablaba de 500.000 o más), pero sí fueron significativas.

Aquella reclamación tuvo su reflejo en las Cortes. Hasta cinco propuestas se presentaron durante las legislaturas de mayoría del Partido Popular (1996-2004), y el propio partido que dirigía José María Aznar llevó la suya en 1997, que no se llegó a votar. Fue la punta del iceberg de un interés del PP por orillar un problema que crecía por momentos, y que causaba una profunda división entre sus votantes y diputados. El veterano activista Jordi Petit, de la Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya y ex secretario general de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), relata cómo fue llamado dos veces a La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, una durante cada una de las dos legislaturas de Aznar. “Fueron encuentros muy discretos, sin ninguna publicidad. Me llamaron para intercambiar opiniones, y ni me pagaron el tren”, recuerda. Él mismo, a través de aquellos encuentros, refleja el cambio de las aspiraciones de la población LGTB. “En el primer encuentro con los asesores de Aznar, pedimos una ley de parejas estatal que reconociera las relaciones de afectividad análogas a la del matrimonio con independencia de su orientación sexual”, recuerda Petit. Aquella fórmula, la de “relación análoga al matrimonio”, había sido acuñada por una abogada, María José Valera, que consiguió por primera vez que se indemnizara como si fuera el viudo a la pareja masculina de un hombre muerto en accidente de tráfico, cuenta Petit. “Más tarde se usó en la ley de arrendamientos urbanos de 1992”, y se mantuvo después.

Pero el propio Petit admite que cuando en la segunda legislatura (2000-2004) le volvieron a llamar, ya la coordinadora catalana había decidido que “no aceptaría leyes gueto”. “Teníamos claro que no entraríamos en una ley de segunda”. La calle ya pedía el matrimonio sin ambages, y que el PP al final no hiciera nada al respecto “fue una suerte”, reflexiona ahora Petit. “No queríamos un sucedáneo, tenía que ser matrimonio sí o sí. Algunos decían que el matrimonio no iba a salir jamás, pero luego se vio que el PACS francés fue un tapón que no reconocía la afectividad y era solo un contrato que, además, dejaba fuera aspectos como la posibilidad de adquirir la nacionalidad de la pareja o la adopción, y han tardado 15 años en regular el matrimonio igualitario”, añade.

Con ese bagaje, el congreso de la FELGTB de 2002 fue una “refundación orientada a la lucha por el matrimonio”, afirma Beatriz Gimeno, quien era presidenta de la asociación cuando se aprobó la ley. Pero hicieron falta una serie de cambios para que esa meta se viera con realismo.

El primero fue la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero en 2000 en el congreso del PSOE que le nombró secretario general. El expresidente tuvo una madrina en Trinidad Jiménez, la misma que ofreció a Zerolo ir en su lista para el Ayuntamiento de Madrid en 2003, con lo que dio el salto desde el activismo en los movimientos sociales al de la política formal. “Le presenté a Zapatero a raíz de su entrada en el Ayuntamiento. No cabe duda de que Pedro era muy simpático y tenía mucho liderazgo. Le nombré portavoz de Medio Ambiente para que se construyera un perfil más allá del activismo LGTB, pero él nunca renunció a él. Zerolo participó mucho en la campaña, y, cuando Zapatero le conoció, quedó convencido”.

Nadie duda de aquel flechazo –el propio Zapatero ha admitido que aceptó la necesidad de esa ley por Zerolo-, pero no todo fue cuestión de simpatía. Gimeno cuenta que “al poco de ganar Zapatero el congreso”, fueron convocados a Ferraz, la sede del PSOE en Madrid. “Lo difícil fue convencerle de que pasara de una ley de parejas a la de matrimonio. Cuando nos vimos con él en un sótano de Ferraz al poco de ser elegido, gracias a Leire Pajín, en aquel momento secretaria de Movimientos Sociales del partido, no lo tenía muy claro. Pero hablamos mucho y él dijo que le habíamos convencido y que lo iba a meter en el programa”. Gimeno, que es actualmente diputada autonómica en Madrid, elegida en las listas de Podemos, cree que, en parte, fue relativamente fácil ganar su apoyo “porque nadie pensaba que fuera a ganar” en las próximas elecciones. “Pero una vez metido en el programa él se lo creyó, y nunca más temí por el proceso”, afirma. Jiménez va más allá en la importancia de que Zapatero estuviera convencido: “Con otros líderes del PSOE de entonces la ley no habría salido”, asegura.

Aquel apoyo político fue reforzado con el de otros partidos de izquierda, como IU. “A ellos también tuvimos que convencerles. Su reparo era que decían que casarse era conservador. En una reunión, una diputada me preguntó muy agresiva que por qué queríamos casarnos. Tuve que contestarle que ella se había casado ya tres veces”, cuenta Gimeno.

La lucha en los despachos no les hizo perder la de la calle. En octubre de 2003 los activistas escenificaron su apuesta y acudieron a los registros civiles de Madrid y Valencia a pedir casarse. Contaban con el rechazo, afirman Poveda y Fernández, pero aquella protesta fijó el objetivo. Y, también, dejó dos fotos simbólicas de los protagonistas símbolo de ese cambio. En Madrid, Zerolo, su novio, Jesús Santos, y la pareja formada por Gimeno y Boti García llevaron como testigos a las portavoces del PSOE, Trinidad Jiménez, y de IU, Inés Sabanés. En Valencia, a Fernández y Poveda les acompañaron Carmen Montón (PSOE) y el portavoz de L'Entesa en las Cortes Valencianas, Ramón Cardona.

“Eso fue antes de que fuera diputada nacional”, comenta Montón. Ella formó parte de “una casualidad” que, cuando el PSOE ganó las elecciones de 2004, llevó a buen término la promesa del programa electoral de modificar el Código Civil “a fin de posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio de cuantos derechos conlleva, en igualdad de condiciones con otras formas de matrimonio, para asegurar la plena equiparación legal y social de lesbianas y gais”.

Montón –“una joven de 29 años sin conocimientos jurídicos”, como ella misma se define- se hizo cargo de la portavocía en la Comisión de Igualdad, y Zerolo de la secretaría de Movimientos Sociales en la ejecutiva del PSOE. “Yo era muy atrevida. Convencimos al portavoz del grupo, que era Alfredo Pérez-Rubalcaba, para presentar una proposición no de ley por parte del grupo parlamentario. Bono expresó dudas respecto a la adopción, pero luego nos apoyó”, cuenta. Fernández afirma que fue el propio Zerolo quien pidió a Rubalcaba y a Zapatero ese nombramiento para una diputada joven que se estrenaba esa legislatura, porque quería tener una aliada. Aun así, convencer a los diputados no fue fácil. “No hubo una guerra, pero sí tuvimos que ir uno a uno. Y no solo con los del PSOE; también queríamos que se unieran los de IU, ERC, PNV, CiU. Que fuera todo el mundo a excepción del PP, que sabíamos que se iba a negar”, añade. “Cuando fui a la Comisión de Justicia, hubo muchas preguntas sobre la adopción. Se esgrimieron estudios que eran falsos. Fue como estar ante un tribunal”, afirma.

Aquellos meses crearon “un fuerte vínculo en un pequeño grupo”, dice la diputada: Zerolo, Gimeno, Poveda, Fernández, ella misma... “Era un proyecto muy bonito del que nacieron alianzas indestructibles. Nos llamábamos todos los días, comentando lo que había pasado, preparando argumentarios, adaptándolos”, dice. “Aprendimos mucho”, afirma Poveda. “Por ejemplo, a referirnos a la jerarquía católica, y no a la Iglesia católica, porque teníamos el apoyo de muchas agrupaciones de base y queríamos marcar la diferencia. También que había que contestar con serenidad, sin agresividad”, cuenta.

En aquella lucha política y mediática, contaron con muchos otros cómplices. Fernández recuerda a Ximo Cádiz, que fue secretario de la FELGTB, “y una máquina haciendo argumentarios”. Gimeno menciona el papel de Javier Gómez, entonces tesorero de la FELGTB y militante reconocido del PP (su boda con el abogado Manuel Ródenas fue la única gay que celebró Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de Madrid). “Él nos contaba lo que pasaba en el partido, y así íbamos preparados”, relata. Precisamente por Gómez y los encuentros personales, Giménez se dio cuenta de que “no todo el PP estaba contra la ley. Muchos tenían hermanos, hijos, amigos, gais o lesbianas, y cuando los veías te decían: ‘Ánimo, lo vais a conseguir”. Aquella división se mantuvo hasta el día de la votación de la ley. Con las invitaciones de los parlamentarios de izquierda agotadas, hubo gais que obtuvieron invitaciones de diputados del PP para asistir a la sesión, aunque los invitadores iban a votar que no.

Poveda añade a la lista de aliados fundamentales a Pilar Blanco Morales, directora de Registros y Notariado, “que sacaba argumentos propios que ni nosotros habíamos previsto, como hizo en un debate con Benigno Blanco, del Foro de la Familia”.

El trámite fue relativamente rápido –lógico si se tiene en cuenta el trabajo previo-, y tuvo una fuerte oposición en las Cámaras y en la calle. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto el 1 de octubre de 2004 y el Congreso votó la ley el 30 de junio de 2005. Pero, en medio, los obispos, parte del PP y organizaciones como el Foro de la Familia convocaron una manifestación el 18 de junio como último recurso de protesta. Fue muy numerosa, pero no torció la voluntad del Gobierno. “Aquella vez vi a Zerolo triste. Costaba ver tanto odio”, recuerda Fernández. Doce días después, la ley salió adelante con 187 votos: los de PSOE, ERC, Izquierda Verde, PNV, BNG, CC, CHA y los diputados de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Carles Campuzano y Mercè Pigem. Celia Villalobos, del PP, también votó a favor. Se abstuvieron los otros cuatro diputados de CDC, y votaron en contra el PP y los diputados de Unió Democràtica de Catalunya (147 votos en total).

Parte de los populares no se resignó, y presentaron un recurso de anticonstitucionalidad. En noviembre de 2012, el tribunal avaló la ley. 31.610 matrimonios después (datos hasta 2014, los últimos que da el INE), de los que el 39% son de mujeres, la normalidad legal de estas parejas es el fruto de toda aquella frenética actividad.

2003/11/22

DOCUMENTACIÓN | ACCIONES | TRES PAREJAS DE HOMOSEXUALES INICIAN EN EL REGISTRO CIVIL LA BATALLA LEGAL PARA CASARSE

Tres parejas de homosexuales inician en el Registro Civil la batalla legal para casarse.
La iniciativa, apoyada por PSOE e IU, plantea llevar la reivindicación hasta el Constitucional.
Emilio de Benito / Jaime Prats | El País, 2003-11-22
https://elpais.com/diario/2003/10/23/sociedad/1066860006_850215.html 

"El amor ya lo tenemos; se trata de un acto de militancia". Dos parejas de gays (una de Madrid y otra de Valencia) y una madrileña de lesbianas apelaron ayer a su compromiso con la lucha de los derechos de los homosexuales para explicar su decisión de acudir a los registros civiles para inscribirse para casarse. El primer paso, la presentación de la solicitud, se saldó con éxito y fue aceptada. Pero el juez aún tiene que permitir la boda. Si la rechaza, como es presumible, los novios y la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) están dispuestos a llevar su reivindicación hasta el Tribunal Constitucional.

Las tres parejas acudieron ayer coordinadamente a las 13.00 para reclamar su derecho a casarse. En Madrid lo hicieron Beatriz Gimeno, presidenta de la FELGT, y su novia, Boti García, presidenta del Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid (COGAM), y el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y ex presidente de la FELGT, Pedro Zerolo, y su novio, Jesús Santos, militante del COGAM. En Valencia lo hicieron Miguel Ángel Fernández, secretario de la FELGT, y Antonio Poveda, secretario de organización del Col.lectiu Lambda.

Los testigos de las parejas de Madrid fueron las portavoces del PSOE e IU en el Ayuntamiento de la capital, Trinidad Jiménez e Inés Sabanés. En Valencia también hubo representación política: la secretaria de Movimientos Sociales y del PSPV-PSOE, Carmen Montón, y el portavoz adjunto de L'Entesa en las Cortes Valencianas, Ramón Cardona. "Se trata de una demostración del apoyo de la izquierda a su petición", declaró "emocionada", al final del trámite, Jiménez. "A ver cómo hacemos para casarles las dos juntas", bromeó con Sabanés.

Pocas posibilidades
La petición tiene "pocas posibilidades" de prosperar, según reconocieron los protagonistas. "Ante la continua negativa del PP a reconocer nuestras parejas [el partido del Gobierno fue el único que votó en contra de legalizar el matrimonio de parejas homosexuales por última vez el pasado febrero] vamos a intentar que los tribunales nos den la razón, como ha pasado en Canadá, donde el Supremo ha tenido que admitirlo", afirmó Gimeno, quien animó a otras parejas de homosexuales a seguir su ejemplo y les ofreció el apoyo de la FELGT. "Con las leyes de pareja autonómicas actuales no vamos a ninguna parte", añadió.

Más optimistas, Sabanés y Zerolo coincidían en que "es posible que un juez progresista nos dé una sorpresa". "Tenemos confianza en que el juez resuelva afirmativamente porque las leyes deben ser aplicadas teniendo en cuenta la realidad social del momento, y la última encuesta del CIS indica que hay más de un 60% de españoles a favor de la igualdad de nuestros derechos", recalcó Zerolo.

Sonriente, García enseñaba ante sus compañeras (trabaja en el mismo registro al que ayer acudió como usuaria) el papel de inscripción. "De momento, ya tenemos un número de registro [el 5.186 y el 5.187] como cualquier otra pareja", manifestó después de los 20 minutos de trámite.

El carácter reivindicativo del acto no ocultó la implicación personal de las parejas, las tres con un mínimo de siete años de convivencia (García y Gimeno celebraban ayer su octavo aniversario juntas). Los seis novios recalcaron que su objetivo es conseguir unos derechos y un reconocimiento legal. "A lo largo de más de 13 años, hemos conseguido el respeto de nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo y nuestros vecinos. Ahora es el momento de que el Estado muestre el suyo", afirmó Fernández.

2003/11/10

DOCUMENTACIÓN | OFENSIVAS | EL REGISTRO CIVIL DE MADRID RECHAZA LA SOLICITUD DE BODA DE ACTIVISTAS HOMOSEXUALES

El Registro Civil de Madrid rechaza la solicitud de boda de los activistas homosexuales.
Emilio de Benito | El País, 2003-11-10

https://elpais.com/diario/2003/11/11/sociedad/1068505206_850215.html 

Beatriz Gimeno, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, gays y Transexuales (FELGT) no podrá casarse de momento con la que es su novia desde hace ocho años, Boti García, presidenta del Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid [COGAM]. Tampoco podrán contraer matrimonio el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo y su pareja de los últimos siete años, Jesús Santos. El magistrado del Registro Civil de Madrid Luis de la Haza Ruano justificó ayer en la "tradición" su decisión, y no autorizó la celebración de las bodas, que fueron solicitadas el 22 de octubre.

"No existe en los textos legales definición explícita del concepto de matrimonio, pero, sin duda alguna, se trata tradicionalmente de una institución en la que la diferenciación de sexo es esencial", razona el magistrado. En los cinco folios del auto, De la Haza recuerda que la Constitución se refiere a "todos", "toda persona" o "cualquier ciudadano" cuando enumera los derechos, mientras que hace "excepción" y realiza "diferenciación por el sexo al establecerse que 'el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio".

Decepción y rabia
La decisión ha sido recibida con decepción y rabia por las parejas. "Esperábamos una negativa con más calado jurídico, y no una basada en decisiones y sentencias de los años setenta y ochenta, muy restrictivas y ancladas en un tiempo social y políticamente superado", dijo Gimeno. La presidenta de la Federación de Gays y Lesbianas recordó que, según el CIS, más de un 60% de los españoles aprueba ya que gays y lesbianas puedan casarse.

Por su parte, Miguel Ángel Fernández, secretario de la FELGT, manifestó que ni él ni su novio, Antonio Poveda, habían recibido todavía respuesta a la solicitud que presentaron el mes pasado en Valencia. "Esperamos que, aunque nos nieguen la posibilidad de casarnos, las argumentaciones vayan por otro camino y hagan una interpretación desde lo que son las realidades actuales y conforme a este tiempo", declaró.

El ejemplo de las tres parejas ha sido seguido por otras en Cantabria, País Vasco, Canarias y Madrid, que han planteado ya o están preparando el trámite para contraer matrimonio. El objetivo de esta movilización de la Federación es insistir en la demanda "hasta que un juez admita el matrimonio", o continuar con el proceso judicial hasta llegar al Tribunal Supremo o al Constitucional.

"Al final tendrán que darnos la razón, porque ya tenemos la mayoría social y política. Hay que recordar que, en los últimos debates en el Congreso, todos los partidos menos el PP y Unió Democràtica de Catalunya (una de las formaciones que integran CiU) votaron a favor de modificar el Código Civil para regular el matrimonio de las parejas homosexuales", afirmó Gimeno.

DOCUMENTACIÓN | OFENSIVAS | EL REGISTRO CIVIL DENIEGA LA SOLICITUD DE MATRIMONIO DE GAIS O LESBIANAS

El Registro Civil deniega la solicitud de matrimonio a un concejal 'gay' de Madrid.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y bisexuales recurrirá la decisión por ser "discriminatoria".
El País, 2003-11-10
https://elpais.com/sociedad/2003/11/10/actualidad/1068418802_850215.html 

El juez del Registro Civil de Madrid ha dictado auto denegatorio de las solicitudes de matrimonio civil formuladas el pasado 22 de octubre por Pedro Zerolo, concejal socialista de Madrid, y su pareja, Jesús Santos; y por Beatriz Gimeno y Boti García Rodrigo, ambas presidentas de organizaciones de lesbianas. La Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales (FELGT) ya ha anunciado que recurrirá esta decisión, que consideran discriminatoria con las parejas homosexuales, hasta llegar, si es necesario, al Tribunal Constitucional y al de Derechos Humanos de Estrasburgo.

La FELGT ha informado de que el Juez ha dictado un auto denegatorio contra el que cabe recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. En el auto, el juez alude en primer lugar "a la necesidad de acudir" al artículo 44 del Código Civil que dispone que "el hombre y la mujer tiene derecho a contraer matrimonio conforme con las disposiciones de este código". Agrega que no existe en los textos legales definición explícita del concepto de matrimonio "pero, sin duda alguna, se trata tradicionalmente de una institución en la que la diferenciación de sexo es esencial, lo que podemos constatar históricamente de muy numerosas formas...".

Alude asimismo el auto a la Constitución en su artículo 10.2, que dispone que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos Internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España". Por lo tanto, agrega, se debe determinar cuál es la regulación que del derecho al matrimonio se realiza en ellos e indica que tanto en la Declaración Universal como el Convenio de Roma y el Pacto Internacional de Nueva York se reconoce el derecho del hombre y mujer a contraer matrimonio.

Las razones del juez
Argumenta asimismo que la jurisprudencia de los Tribunales Internacionales "es clara" al interpretar las citadas normas y en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea se señala en su fundamentación que el término matrimonio, según la definición admitida en general por los Estados miembros, "designa una unión entre dos personas de distinto sexo". Alude también el auto a dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 1986 y 1990 que declaran que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo "no implica vinculación del articulo 12 del Convenio de Roma, que al garantizar el derecho a casarse se refiere al concepto tradicional de matrimonio entre dos personas de distinto sexo".

Finalmente indica que en una sentencia del Tribunal Constitucional se señala que es una opción del legislador dar tratamiento diferenciado cuando tenga que resolver situaciones diferenciadas a la hora de apreciar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. La FELGT ya ha anunciado que interpondrá recurso y, en caso de que fuera también denegatorio, iniciará entonces la vía jurisdiccional con la que pretende llegar, caso de que fuera necesario, al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. "Esperábamos este auto. Nuestra intención es recurrirlo y llevar la discriminación a los tribunales", ha declarado Gimeno.

En su calidad de presidenta de la FELGT, ha considerado que "no es de recibo" que, justo cuando se celebran 25 años de la Constitución española, un sector de los ciudadanos y ciudadanas de este país no tenga garantizada todavía la igualdad ante al ley. "Nosotros también vamos a celebrar el aniversario de la Constitución, pero diciendo que sin igualdad no hay democracia", ha explicado.

2003/10/23

DOCUMENTACIÓN | DERECHOS | ZAPLANA VE "ESPERPÉNTICA" LA PETICIÓN DE MATRIMONIO DE GAIS Y LESBIANAS

Zaplana ve "esperpéntica" la petición de matrimonio de los activistas gays.
Emilio de Benito | El País, 2003-10-23

https://elpais.com/diario/2003/10/24/sociedad/1066946406_850215.html 

Que dos novios vayan a un registro civil con sus testigos para iniciar los trámites para casarse es normal (lo hacen unas 200.000 parejas al año, según el INE); pero si lo hacen dos gays o dos lesbianas se trata de una acción "folclórica" y "esperpéntica", afirmó ayer en un encuentro organizado por Nueva Economía y Europa Press el ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana. El ministro aclaró que no se refería a "la cuestión de fondo [el derecho de gays y lesbianas a casarse], que merece ser estudiada", sino a la forma. "Es decir, que como no tenemos nada que hacer mañana, pues vámonos al Registro Civil". El ministro añadió que el tema merecía un debate más "reposado y sosegado".

Zaplana se refería a la petición que tres parejas (dos de gays y una de lesbianas, todas ellas con más de siete años de convivencia) hicieron el miércoles en los registros civiles de Madrid y Valencia de casarse. Los novios acudieron acompañados por representantes del PSOE e IU, que actuaron de testigos y manifestaron su apoyo a la iniciativa.

Por su parte Carlos Alberto Biendicho, presidente de la Plataforma Popular Gay (un grupo de militantes y simpatizantes del PP que no forma parte de la estructura del partido), criticó la actuación y la calificó de "bufonada". "Pero compartimos el fondo de la demanda, porque todavía hay cuatro millones de personas que viven discriminadas simplemente porque el principio de aconfesionalidad no se cumple, lo que puede llevarnos a demandar a la Conferencia Episcopal como instigadora de una discriminación por orientación sexual", dijo.

Biendicho recordó que el último congreso de Nuevas Generaciones (las juventudes del PP) incluyó en su programa que se regularan los matrimonios de parejas gays y lesbianas. Pero no se muestra optimista de que su partido vaya a hacerlo en la próxima legislatura. "Es casi seguro que se haga una regulación de las parejas de hecho, pero mientras la Iglesia católica haga de lobby en el PP, España nunca aprobará el matrimonio de gays y lesbianas", añadió.

El más duro con la actuación de las tres parejas homosexuales fue el director de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Inocente García, quien opinó que el movimiento gay tiene como objetivo "la destrucción de la familia". "La ley tiene que proteger a la familia y no hacer leyes para pretendidos derechos de una pareja de homosexuales", afirmó.

Respuesta inmediata
La respuesta de los protagonistas ha sido inmediata. Pedro Zerolo, concejal socialista de Madrid y uno de los novios implicado, recordó que su actuación fue la misma que hacen miles de parejas en España cada año, y afirmó que si el PP no hubiera rechazado sistemáticamente en el Parlamento (hasta cuatro veces en la última legislatura) la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio de gays y lesbianas la iniciativa no hubiera tenido ninguna repercusión mediática. "O como mucho tendría el mismo folclore que el resto de las bodas, como la de Cascos, Rajoy o la hija del presidente", añadió.

Peor le pareció lo de "esperpéntico". "Si la realidad para él es un circo, le recuerdo que en este circo hay trapecistas, que nos jugamos la vida por nuestros derechos, y quienes hacen el payaso. Que piense cuál es su papel", añadió.

La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales, Beatriz Gimeno, respondió al portavoz de la Conferencia Episcopal que "el concepto de familia no lo define la Iglesia ni la Real Academia de la Lengua, sino la Constitución". "Y la Constitución se refiere a la protección de la familia, no exclusivamente a la del matrimonio tradicional". "Y de lo que no hay duda es de que Boti [García, presidenta del Colectivo de Lesbianas y Gays de Madrid] y yo formamos una familia desde hace ocho años", dijo.

MIKEL/A, AQUÍ ESTAMOS Y NO NOS OCULTAMOS

Mikel/a enseña cacho en la 2ª Gayakanpada de EHGAM, 27-29 agosto 1993, Muxika // STARS COFLHEE es un trabajo realizado por Julen Zabala Alon...