Julián García Vargas, Ministro de Defensa: "El Estado debe castigar a los insumisos".
Miguel González | El País, 1992-05-23
https://elpais.com/diario/1992/05/24/espana/706658406_850215.html
Miguel González | El País, 1992-05-23
https://elpais.com/diario/1992/05/24/espana/706658406_850215.html
La coincidencia del Día de las Fuerzas Armadas con la huelga ha rodeado este año de polémica una fiesta que pretende reducir la evidente distancia entre la sociedad y los ejércitos.
Pregunta. ¿No es una muestra de obstinación negarse a cambiar la fecha?
Respuesta. Yo no quisiera añadir más comentarios sobre esta coincidencia de fechas, pues ya ha habido muchos y algunos subidos de tono. Recientemente indiqué que no es razonable someter una decisión del Gobierno, y menos una de este tipo, a las decisiones de otras entidades de carácter privado, en este caso los sindicatos. También dije que sería preferible que no existiera dicha coincidencia. Creo que con ello queda cancelada la cuestión.
P. Una de las razones del distanciamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad es la impopularidad, sobre todo entre los jóvenes, del servicio militar obligatorio. No parece que encarcelar a los insumisos sea la mejor solución para ello.
R. Como antiguo inspector de Hacienda debo decir que tan impopular es el servicio militar como los impuestos. La realización del servicio militar o de la prestación sustitutoria siempre supone un cierto sacrificio para quien lo lleva a cabo y, por tanto, es humanamente comprensible que haya una actitud, si no de rechazo, tampoco de aceptación acrítica. Pero la realidad es que otra alternativa, económica y demográficamente, no es posible, si queremos tener unas Fuerzas Armadas.
Lo que no quisiera es incidir en el debate técnico-jurídico abierto tras la instrucción del fiscal general del Estado sobre la insumisión, porque no me corresponde dilucidarlo. Pero sí quiero decir que, globalmente, el Estado debe conseguir que se sancionen y se disuadan las actitudes delictivas y, según el ordenamiento vigente, la insumisión lo es. No hay que confundirla, aunque a veces se haga, con la objeción de conciencia, que es absolutamente legal y tiene como consecuencia la realización de una prestación social, que puede ser muy útil.
P. Pero no hay, según las encuestas, una percepción social de la insumisión como delito.
R. Lamentablemente, los españoles también son muy permisivos con la evasión fiscal, que, cuando supera cierta cuantía, constituye delito.
P. El Gobierno ha difundido la Directiva de Defensa Nacional, hasta ahora secreta.
R. La directiva es un documento sencillo, que traza las grandes líneas de la política de defensa y seguridad y, por su carácter general, podrá aplicarse durante un largo periodo de tiempo. Yo creo que no se ha destacado suficientemente que este documento introduce en nuestro país un nuevo concepto de la seguridad que es cooperativo, compartido con nuestros socios y aliados. La consecuencia es que nuestras FFAA tienen que abrirse al mundo en actuaciones complementarlas de la política exterior.
P. ¿Cuáles serían esas actuaciones? ¿Qué condiciones deben darse para que las Fuerzas Armadas españolas intervengan fuera de su territorio?
R. España va a participar en misiones de la ONU cuando sea requerida por esta organización, en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad. También va a participar en misiones de la OTAN, siguiendo su particular fórmula de integración y, finalmente, lo hará en misiones de la Unión Europea Occidental cuando este organismo se institucionalice y determine cuáles son esas actividades que, según los primeros documentos, tendrán carácter humanitario, de mantenimiento de la paz o de interposición. Nos podemos imaginar muchas situaciones, pero en todas ellas se seguirán los principios del derecho internacional.
P. La directiva insiste gastar en defensa el 2% del Producto Interior Bruto, pero este propósito tropieza, a la hora de la verdad, con los presupuestos.
R. No es un objetivo para el año que viene ni para el 94, sino para el final de la década. Ese porcentaje supone una aproximación a la media de los socios de la CE y la OTAN, con los que habrá que compartir los gastos de la seguridad colectiva. Hay una situación presupuestaria difícil en todos los países y especialmente en EE UU, que sostenía el esfuerzo defensivo aliado.
Eso supone que, desde ahora, el esfuerzo se va a repartir de forma más equitativa y ello será especialmente claro cuando se institucionalicen los mecanismos de seguridad de la CE, donde hay un reparto de los gastos proporcional al peso de cada país. No se trata de un objetivo caprichoso, sino de un porcentaje al que tenemos que acercarnos por las obligaciones que ya hemos contraído.
P. Hay dos posiciones en la UEO: la del Reino Unido, que ha asignado fuerzas a la organización, siempre que la OTAN no las necesite; y la de Francia y Alemania, que han creado un Cuerpo de Ejército Europeo.
R. Yo no creo que haya una diferencia tan grande. La iniciativa franco-alemana supone que unidades de esos dos países y de otros que se incorporen en el futuro se unen formando un cuerpo de ejército que luego se asigna globalmente a la UEO. La propuesta británica supone que cada país asigna individualmente sus fuerzas y es la UEO quien las integra en un solo colectivo. Se trata de dos sistemas para hacer lo mismo: construir unos mecanismos europeos de seguridad y, al mismo tiempo, reforzar la relación con EE UU y la OTAN, que durante mucho tiempo será indispensable para aportar la logística, comunicaciones y soporte para cualquier actuación en el campo de la defensa.
P. ¿Y España?
R. España tomará una decisión respecto a ese cuerpo de ejército cuando el proceso de institucionalización de la UEO se complete. Proceso que, por cierto, va bastante más rápido de lo que esperábamos y en el que España juega un papel de animador. Desde el principio hemos mirado con simpatía la iniciativa franco-alemana y en su momento tomaremos una decisión positiva al respecto. Nos estamos preparando para ello y la constitución de la Fuerza de Acción Rápida supone un paso en esa dirección. En todo caso, lo haremos en las condiciones más adecuadas para España: no desplazaremos de forma permamente unidades fuera nuestro territorio y asignaremos unidades que también estarán a disposición de la OTAN, porque no podemos, con dificultades presupuestarias, duplicar esfuerzos.
P. ¿Qué va a ocurrir con el Avión de Combate Europeo?
R. Hay que reconocer que el ACE ha perdido parte de su importancia militar y es preciso, por tanto, simplificar las especificaciones técnicas del avión, abaratar su coste y alargar el periodo de fabricación. Esta es nuestra postura, que ha sido bien recibida por Alemania y quizá no tanto por el Reino Unido e Italia. Nadie ha decidido todavía cancelar el proyecto y creo que, antes de hacerlo, se evaluarán las repercusiones tecnológicas, industriales y económicas, porque puede darse la paradoja de que anularlo en estos momentos signifique un coste económico muy elevado, difícilmente soportable para el país que tome la decisión. Desde luego, si uno de los socios importantes renuncia, el proyecto sería altamente inviable.
Pregunta. ¿No es una muestra de obstinación negarse a cambiar la fecha?
Respuesta. Yo no quisiera añadir más comentarios sobre esta coincidencia de fechas, pues ya ha habido muchos y algunos subidos de tono. Recientemente indiqué que no es razonable someter una decisión del Gobierno, y menos una de este tipo, a las decisiones de otras entidades de carácter privado, en este caso los sindicatos. También dije que sería preferible que no existiera dicha coincidencia. Creo que con ello queda cancelada la cuestión.
P. Una de las razones del distanciamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad es la impopularidad, sobre todo entre los jóvenes, del servicio militar obligatorio. No parece que encarcelar a los insumisos sea la mejor solución para ello.
R. Como antiguo inspector de Hacienda debo decir que tan impopular es el servicio militar como los impuestos. La realización del servicio militar o de la prestación sustitutoria siempre supone un cierto sacrificio para quien lo lleva a cabo y, por tanto, es humanamente comprensible que haya una actitud, si no de rechazo, tampoco de aceptación acrítica. Pero la realidad es que otra alternativa, económica y demográficamente, no es posible, si queremos tener unas Fuerzas Armadas.
Lo que no quisiera es incidir en el debate técnico-jurídico abierto tras la instrucción del fiscal general del Estado sobre la insumisión, porque no me corresponde dilucidarlo. Pero sí quiero decir que, globalmente, el Estado debe conseguir que se sancionen y se disuadan las actitudes delictivas y, según el ordenamiento vigente, la insumisión lo es. No hay que confundirla, aunque a veces se haga, con la objeción de conciencia, que es absolutamente legal y tiene como consecuencia la realización de una prestación social, que puede ser muy útil.
P. Pero no hay, según las encuestas, una percepción social de la insumisión como delito.
R. Lamentablemente, los españoles también son muy permisivos con la evasión fiscal, que, cuando supera cierta cuantía, constituye delito.
P. El Gobierno ha difundido la Directiva de Defensa Nacional, hasta ahora secreta.
R. La directiva es un documento sencillo, que traza las grandes líneas de la política de defensa y seguridad y, por su carácter general, podrá aplicarse durante un largo periodo de tiempo. Yo creo que no se ha destacado suficientemente que este documento introduce en nuestro país un nuevo concepto de la seguridad que es cooperativo, compartido con nuestros socios y aliados. La consecuencia es que nuestras FFAA tienen que abrirse al mundo en actuaciones complementarlas de la política exterior.
P. ¿Cuáles serían esas actuaciones? ¿Qué condiciones deben darse para que las Fuerzas Armadas españolas intervengan fuera de su territorio?
R. España va a participar en misiones de la ONU cuando sea requerida por esta organización, en cumplimiento de resoluciones del Consejo de Seguridad. También va a participar en misiones de la OTAN, siguiendo su particular fórmula de integración y, finalmente, lo hará en misiones de la Unión Europea Occidental cuando este organismo se institucionalice y determine cuáles son esas actividades que, según los primeros documentos, tendrán carácter humanitario, de mantenimiento de la paz o de interposición. Nos podemos imaginar muchas situaciones, pero en todas ellas se seguirán los principios del derecho internacional.
P. La directiva insiste gastar en defensa el 2% del Producto Interior Bruto, pero este propósito tropieza, a la hora de la verdad, con los presupuestos.
R. No es un objetivo para el año que viene ni para el 94, sino para el final de la década. Ese porcentaje supone una aproximación a la media de los socios de la CE y la OTAN, con los que habrá que compartir los gastos de la seguridad colectiva. Hay una situación presupuestaria difícil en todos los países y especialmente en EE UU, que sostenía el esfuerzo defensivo aliado.
Eso supone que, desde ahora, el esfuerzo se va a repartir de forma más equitativa y ello será especialmente claro cuando se institucionalicen los mecanismos de seguridad de la CE, donde hay un reparto de los gastos proporcional al peso de cada país. No se trata de un objetivo caprichoso, sino de un porcentaje al que tenemos que acercarnos por las obligaciones que ya hemos contraído.
P. Hay dos posiciones en la UEO: la del Reino Unido, que ha asignado fuerzas a la organización, siempre que la OTAN no las necesite; y la de Francia y Alemania, que han creado un Cuerpo de Ejército Europeo.
R. Yo no creo que haya una diferencia tan grande. La iniciativa franco-alemana supone que unidades de esos dos países y de otros que se incorporen en el futuro se unen formando un cuerpo de ejército que luego se asigna globalmente a la UEO. La propuesta británica supone que cada país asigna individualmente sus fuerzas y es la UEO quien las integra en un solo colectivo. Se trata de dos sistemas para hacer lo mismo: construir unos mecanismos europeos de seguridad y, al mismo tiempo, reforzar la relación con EE UU y la OTAN, que durante mucho tiempo será indispensable para aportar la logística, comunicaciones y soporte para cualquier actuación en el campo de la defensa.
P. ¿Y España?
R. España tomará una decisión respecto a ese cuerpo de ejército cuando el proceso de institucionalización de la UEO se complete. Proceso que, por cierto, va bastante más rápido de lo que esperábamos y en el que España juega un papel de animador. Desde el principio hemos mirado con simpatía la iniciativa franco-alemana y en su momento tomaremos una decisión positiva al respecto. Nos estamos preparando para ello y la constitución de la Fuerza de Acción Rápida supone un paso en esa dirección. En todo caso, lo haremos en las condiciones más adecuadas para España: no desplazaremos de forma permamente unidades fuera nuestro territorio y asignaremos unidades que también estarán a disposición de la OTAN, porque no podemos, con dificultades presupuestarias, duplicar esfuerzos.
P. ¿Qué va a ocurrir con el Avión de Combate Europeo?
R. Hay que reconocer que el ACE ha perdido parte de su importancia militar y es preciso, por tanto, simplificar las especificaciones técnicas del avión, abaratar su coste y alargar el periodo de fabricación. Esta es nuestra postura, que ha sido bien recibida por Alemania y quizá no tanto por el Reino Unido e Italia. Nadie ha decidido todavía cancelar el proyecto y creo que, antes de hacerlo, se evaluarán las repercusiones tecnológicas, industriales y económicas, porque puede darse la paradoja de que anularlo en estos momentos signifique un coste económico muy elevado, difícilmente soportable para el país que tome la decisión. Desde luego, si uno de los socios importantes renuncia, el proyecto sería altamente inviable.
