Debilidad y delito.
Editorial | El País, 1996-01-22
https://elpais.com/diario/1996/01/23/opinion/822351604_850215.html
Editorial | El País, 1996-01-22
https://elpais.com/diario/1996/01/23/opinion/822351604_850215.html
La juez que investiga el presunto caso de corrupción de menores descubierto en el pub Arny de Sevilla ha decidido prorrogar durante un mes más el secreto del sumario. Al parecer, la investigación está prácticamente concluida, por lo que deben ser otras las consideraciones que han motivado esa decisión. De un lado, la de proteger la identidad de la treintena de menores que aparecen como denunciantes y víctimas de la red de prostitución infantil; de otro, la de amparar también la intimidad de aquellas personas citadas en el sumario pero sobre las que no hay pruebas de su implicación en tan grave suceso. En cualquier caso, la prórroga del secreto sumarial durante algunas semanas apenas cambia los datos del problema. Con secreto sumarial o sin él, existen medidas legales de carácter preventivo para proteger de la curiosidad pública la identidad de los menores. No sucede lo mismo con las personas que, por las razones que fuere, aparecen en el sumario sin estar vinculadas con la red de prostitución. Su derecho constitucional a la intimidad y al honor queda de alguna manera en manos del buen sentido y de la responsabilidad de los medios de comunicación. Y, en última instancia, de medidas legales de dudosa eficacia sólo utilizables a posteriori. A la vista está que el secreto sumarial no evita ese riesgo y hasta es posible que lo agudice, al menos en este país y según nos dicta la experiencia. El interés, más o menos morboso, por conocer el nombre de tal o cual presunto implicado -con más razón si es famoso- ha prevalecido sobre la naturaleza del delito: la inducción de menores de edad a la prostitución. Se ha visto cómo algunos medios no han tenido reparo en publicar nombres no contrastados, citados exclusivamente en listas policiales y de los que no se tiene constancia de que aparezcan siquiera en la investigación sumarial. Existe el riesgo de causar daños irreparables a personas no implicadas, pero señaladas como tales por algunos feroces gendarmes.
Esta reacción es un síntoma de que a algunos estamentos de la sociedad española -poderes públicos, iglesias, etcétera- no les preocupa tanto el problema de la prostitución juvenil como la de carácter homosexual. Desgraciadamente la prostitución de adolescentes, chicos y chicas, está a la vista de todos en las grandes ciudades –en calles y horas determinadas- y se ofrece con todo lujo de detalles en los anuncios, sin que se abran mayores investigaciones cuando se trata de mujeres. En España cerca de un 60% de las mujeres que se dedican a la prostitución comenzaron a ejercer este oficio antes de alcanzar la mayoría de edad.
Ese hecho no parece causar tanta conmoción como cuando este comercio apunta a la práctica de la homosexualidad. Criminalizar esta opción sexual sigue siendo todavía para algunos más importante que impedir que alguien pueda inducir a adolescentes de no importa qué sexo a prostituirse. Las asociaciones de homosexuales han denunciado, no sin razón, el peligro de que el revuelo informativo que ha originado el sumario de Sevilla termine por desatar una caza de brujas contra la comunidad homosexual.
El Código Penal no discrimina en razón del sexo a la hora de penalizar la inducción de menores a la prostitución. Aplíquese la ley a quienes la hayan infringido, pero sin ejercicios de hipocresía social. El Estado tiene la especial obligación de defender al débil, y el menor de edad lo es por definición. Pero no tiene derecho a entrometerse en las opciones sexuales de los ciudadanos.
Ninguna legislación -tampoco el nuevo Código Penal- basta por sí misma para disuadir a quienes hacen negocio mediante la utilización sexual de menores. Pero llama la atención que las autoridades andaluzas no tomaran en su momento ninguna medida sobre lo que al parecer era de conocimiento público y que incluso desoyeran la petición, que les hizo hace un año la juez que investiga el caso para que se adoptaran medidas de protección sobre los menores denunciantes. Lo mismo podría decirse de otras instancias gubernativas o judiciales: la prostitución de adolescentes, hombres y mujeres, está al cabo de nuestras calles sin que nadie tome medidas.
Esta reacción es un síntoma de que a algunos estamentos de la sociedad española -poderes públicos, iglesias, etcétera- no les preocupa tanto el problema de la prostitución juvenil como la de carácter homosexual. Desgraciadamente la prostitución de adolescentes, chicos y chicas, está a la vista de todos en las grandes ciudades –en calles y horas determinadas- y se ofrece con todo lujo de detalles en los anuncios, sin que se abran mayores investigaciones cuando se trata de mujeres. En España cerca de un 60% de las mujeres que se dedican a la prostitución comenzaron a ejercer este oficio antes de alcanzar la mayoría de edad.
Ese hecho no parece causar tanta conmoción como cuando este comercio apunta a la práctica de la homosexualidad. Criminalizar esta opción sexual sigue siendo todavía para algunos más importante que impedir que alguien pueda inducir a adolescentes de no importa qué sexo a prostituirse. Las asociaciones de homosexuales han denunciado, no sin razón, el peligro de que el revuelo informativo que ha originado el sumario de Sevilla termine por desatar una caza de brujas contra la comunidad homosexual.
El Código Penal no discrimina en razón del sexo a la hora de penalizar la inducción de menores a la prostitución. Aplíquese la ley a quienes la hayan infringido, pero sin ejercicios de hipocresía social. El Estado tiene la especial obligación de defender al débil, y el menor de edad lo es por definición. Pero no tiene derecho a entrometerse en las opciones sexuales de los ciudadanos.
Ninguna legislación -tampoco el nuevo Código Penal- basta por sí misma para disuadir a quienes hacen negocio mediante la utilización sexual de menores. Pero llama la atención que las autoridades andaluzas no tomaran en su momento ninguna medida sobre lo que al parecer era de conocimiento público y que incluso desoyeran la petición, que les hizo hace un año la juez que investiga el caso para que se adoptaran medidas de protección sobre los menores denunciantes. Lo mismo podría decirse de otras instancias gubernativas o judiciales: la prostitución de adolescentes, hombres y mujeres, está al cabo de nuestras calles sin que nadie tome medidas.
