El veto de las Fuerzas Armadas a homosexuales y lesbianas es una violación del derecho inalienable de toda persona a la "protección de su vida privada", según una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dada a conocer ayer. Cuatro militares británicos (tres hombres y una mujer) expulsados entre 1993 y 1995 tras reconocer que eran homosexuales han obtenido esta histórica victoria jurídica cuyas consecuencias afectarán a todos los ejércitos de los 41 países miembros del Consejo de Europa. El ministro de Defensa, George Robertson, asumió imediatamente el dictamen y ordenó una revisión de la normativa que impide a los homosexuales permanecer en las Fuerzas Armadas.
Los cuatro demandantes, Jeanette Smith, de 33 años; Duncan Lustig-Prean, de 40; Graeme Grady, de 36, y John Becket, de 29, fueron expulsados tras reconocer su homosexualidad en los interrogatorios a los que les sometió la policía militar. Antes de Estrasburgo, los militares agotaron las vías judiciales en el Reino Unido. En su acción conjunta, la primera que estudia un tribunal europeo, los militares demandaron al Gobierno británico por violar con los interrogatorios su derecho a la vida privada (garantizado en el artículo 87 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), y por la consecuente discriminación (contraria al artículo 14 de esa normativa).
Además, Duncan Lustig-Prean y John Becket denunciaron el carácter inhumano y degradante de la investigación y la destitución (lo que contraviene el artículo 3 del convenio) y los abusos contra la libertad de expresión (garantizada por el artículo 10).
Respaldados por Liberty y Stonewall, organizaciones de defensa de las libertades civiles, la victoria de los británicos sienta un precedente aplicable en países que, como Turquía y Luxemburgo, prohíben la entrada de homosexuales en las Fuerzas Armadas, y en otros estados, como Austria o Alemania, que practican algún tipo de discriminación por la orientación sexual.
Otros países
Dianne Luping, abogada de Liberty, asegura que "el caso tendrá implicaciones en los países donde no existe un veto absoluto, pero se practica la política de "no preguntes, no lo digas". El tribunal señala que no ve justificación en este tipo de política".
Los jueces aceptan que las investigaciones para determinar la orientación sexual de los demandantes, así como su expulsión, violan el artículo 8 del convenio europeo: "Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. No puede haber interferencias de una autoridad pública en el ejercicio de este derecho excepto cuando se ejercita conforme a la ley y es necesario en el interés de la seguridad nacional".
Durante el juicio, el Gobierno británico reconoció que los soldados homosexuales no están menos capacitados ni son menos valientes que los heterosexuales. Pero defendió que el veto "era necesario" dado el impacto "sustancial y negativo" en la moral de las Fuerzas Armadas.
Los jueces responden unánimemente que este argumento "no es convincente ni tiene peso suficiente" para justificar la política discriminatoria. En un párrafo aplicable a todos los países, señalan: "Las autoridades nacionales no pueden basarse en normativas para frustrar el ejercicio del derecho a respetar las vidas privadas de miembros individuales de las Fuerzas Armadas".
El tribunal considera particularmente indiscretos, "penosos y humillantes", los interrogatorios y afirma que la "destitución administrativa" ha tenido "una profunda incidencia en sus carreras y perspectivas". También critica "el carácter absoluto y general de la política" de exclusión británica, que califica de "sorprendente". En consecuencia, el tribunal insta a ambas partes a acordar una compensación.
Tras conocer la sentencia, Jeanette Smith afirmó: "Ahora deberían levantar la prohibición". Duncan Lustig-Prean declaró: "La gente ya no tendrá que afrontar investigaciones intrusivas sólo por cuestiones de su vida privada". El anterior Gobierno británico reafirmó en 1996 su política en contra del reclutamiento de homosexuales. El entonces ministro de Defensa, Michael Portillo, que recientemente ha reconocido haber tenido relaciones homosexuales, justificó la medida con un estudio realizado entre las altas jerarquías militares que señala como perjudicial para la moral de las tropas la presencia de soldados homosexuales. La homosexualidad, según ese informe, añade un elemento de vulnerabilidad, con el consiguiente riesgo de chantaje por parte de los servicios secretos extranjeros.
Desde 1989, una media de 60 soldados son expulsados cada año del Ejército británico por razones exclusivamente sexuales. El caso más reciente, y presumiblemente el último, se produjo el pasado viernes, cuando Richard Young, cocinero de la Marina, recibió su orden de baja definitiva. Una llamada acusatoria anónima le costó el puesto de trabajo, al igual que a la gran mayoría de los soldados homosexuales. El Gobierno de Tony Blair ya proyectaba un cambio legal para acabar con estas discriminaciones en un plazo máximo de dos años. El ministro de Defensa, George Robertson, que el mes que viene sustituirá a Javier Solana al frente de la OTAN, anunció ayer la suspensión de las investigaciones pendientes y de los despidos de soldados homosexuales.
Representantes militares calificaron de "ridícula" la sentencia y la oposición conservadora pidió la exclusión del Reino Unido de esta sección del convenio europeo tan estrechamente relacionada con la normas de las Fuerzas Armadas. "Apoyamos a los jefes del Ejército en su argumento de que afectará a la moral y efectividad de las tropas. Cuando se redactó la convención [1950], la homosexualidad era ilegal", señaló el conservador Richard Ottaway.
