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| Amanece Metrópolis / IV. Aniversario CIGEE, 1990 // |
Los homosexuales piden protección para el derecho de orientación sexual
El País, 1990-12-30
https://elpais.com/diario/1990/12/31/sociedad/662598002_850215.html
La Coordinadora de Iniciativas Gay del Estado Español (CIGEE) ha lanzado una campaña ante la opinión pública para la inclusión del derecho de libre orientación sexual en la legislación sobre protección de derechos fundamentales de la persona. Con motivo del año nuevo, la CIGEE y Vota Rosa proyectan presentar al presidente del Gobierno un manifiesto con las adhesiones obtenidas.
Los promotores de este manifiesto recuerdan la derogación en nuestro país de las normas legales antihomosexuales (delito de escándalo público y ley de Peligrosidad Social), así como la ratificación por el Congreso de los Diputados en 1985 de las recomendaciones del Consejo de Europa antidiscriminatorias. Sin embargo, señalan que el Código Penal no castiga las discriminaciones contra los homosexuales, mientras sí penaliza otras.
Las organizaciones homosexuales reivindican el derecho de orientación sexual como un derecho fundamental de la persona, cuya protección lleva consigo la inclusión del correspondiente delito en el Código Penal, así como en la legislación antidiscriminatoria de la Carta Europea de Derechos Ciudadanos, a fin de homologarla a legislaciones similares vigentes en los países escandinavos, algunos Estados de EE UU y Australia.
Los firmantes del manifiesto invocan el principio constitucional de igualdad y piden al Gobierno que introduzca en nuestra legislación el derecho fundamental de cada persona a decidir libremente su propia orientación sexual y a ser protegido por el ejercicio de este derecho. Piden igualmente "el necesario reconocimiento legal de las parejas no casadas", con independencia del sexo de sus integrantes.
Los promotores de este manifiesto recuerdan la derogación en nuestro país de las normas legales antihomosexuales (delito de escándalo público y ley de Peligrosidad Social), así como la ratificación por el Congreso de los Diputados en 1985 de las recomendaciones del Consejo de Europa antidiscriminatorias. Sin embargo, señalan que el Código Penal no castiga las discriminaciones contra los homosexuales, mientras sí penaliza otras.
Las organizaciones homosexuales reivindican el derecho de orientación sexual como un derecho fundamental de la persona, cuya protección lleva consigo la inclusión del correspondiente delito en el Código Penal, así como en la legislación antidiscriminatoria de la Carta Europea de Derechos Ciudadanos, a fin de homologarla a legislaciones similares vigentes en los países escandinavos, algunos Estados de EE UU y Australia.
Los firmantes del manifiesto invocan el principio constitucional de igualdad y piden al Gobierno que introduzca en nuestra legislación el derecho fundamental de cada persona a decidir libremente su propia orientación sexual y a ser protegido por el ejercicio de este derecho. Piden igualmente "el necesario reconocimiento legal de las parejas no casadas", con independencia del sexo de sus integrantes.
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