Los homosexuales sufren agresiones cotidianas en 150 países, según Amnistía.
Armando G. Tejeda | El País, 1998-06-01
https://elpais.com/diario/1998/06/02/sociedad/896738402_850215.html
Armando G. Tejeda | El País, 1998-06-01
https://elpais.com/diario/1998/06/02/sociedad/896738402_850215.html
Las actitudes homofóbicas, ya sean agresiones físicas o verbales, son comunes en al menos 150 países, según Amnistía Internacional (AI). La situación en cuanto a derechos de este sector de la sociedad en el mundo está prácticamente en pañales: sólo 13 países cuentan con leyes antidiscriminatorias, mientras que ser gay está prohibido y sancionado con penas de hasta ocho años de cárcel en 83 países. La Fundación Triángulo y AI han denunciado la falta de garantías y las amenazas que sufren los defensores de derechos humanos en países como Brasil, Zimbabue, México y Chile.
Apedrear en una plaza pública a una persona que manifiesta su inclinación homosexual, recibir amenazas de muerte por luchar abiertamente contra esa u otras medidas represivas o vivir con la psicosis de que si te pilla la policía en flagrante te podría caer una sentencia de varios años de cárcel «es una realidad que se vive en al menos dos terceras partes del planeta», según Daniel Soto, representante de AI para asuntos de gays y lesbianas. A 50 años de la proclamación de los Derechos Humanos, la situación legal de la homosexualidad no es para pegar saltos: en 44 países, el lesbianismo está prohibido, mientras que los gay viven en condiciones de ilegalidad en 83 países.
En Estados Unidos, por ejemplo, existen cuatro Estados (Arkansas, Kansas, Oklahoma y Texas) en los que queda explícita la ilegalidad de la homosexualidad -«el sexo anal y oral homosexual es ilegal»-; por este delito se pueden aplicar sanciones de tres a ocho años, o como en el caso de Texas, que se contempla «hasta la cadena perpetua», aseguró en entrevista Daniel Soto. En Chile, las penas para las lesbianas son de entre tres y cinco años, mientras que para los gay las condenas son de cinco a siete años. En Arabia Saudí, la gente y la policía «apedrean hasta la muerte» a los homosexuales en la plaza pública.
En contraste, únicamente 13 países cuentan con leyes antidiscriminatorias a nivel nacional basadas en la orientación sexual. Todos estos países, a excepción de Suráfrica, Nueva Zelanda y Canadá, son europeos, entre los que se encuentran España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, Islandia, Países Bajos y Suecia. La homosexualidad es legal en 59 países, aunque las leyes no son igualitarias.
Un tribunal británico decidió ayer que un piloto había sufrido discriminación por la compañía Air Foyle por su carácter de transexual, después de un proceso judicial de dos años.
Defensores defendidos
Marcelo Nascimiento, presidente del Grupo Gay de Alagoas -organización defensora de los derechos humanos en Brasil-, y Pedro Montenegro, miembro de AI en Brasil, han sido objeto de numerosas amenazas de muerte anónimas por haber iniciado una campaña de presión social para que se investigue el asesinato de tres personas: un travestido y dos homosexuales. Tsitsi Tiripano es lesbiana y fundadora de una organización de homosexuales en su país, Zimbabue. Por estas razones, Tsitsi Tiripano ha sido agredida, lo que le ha decidido a huir de su país, a pesar de haber solicitado protección a la policía nacional. Casos como éstos han sido denunciados por AI y la Fundación Triángulo. En países como Brasil, Chile, Zimbabue, México y Arabia Saudí, en donde, según estas organizaciones, las personas que deciden plantarle cara a la sociedad y luchar por las reivindicaciones específicas su vida está en vilo: reciben amenazas de muerte constantes y, en ocasiones, sufren torturas.
Ante esta situación, AI de España ha creado un fondo para facilitar protección temporal en España a personas que viven bajo estas amenazas. Entre estos casos están: un joven cubano que luchó infructuosamente por la reforma universitaria en la isla, Néstor Rodríguez; una abogada turca, Sevil Dalkilic; una estudiante china, Li Hai; una activista paquistaní que ha luchado a favor de los derechos de la mujer, Asma Jahangir, y la coordinadora del comité de familiares detenidos en Honduras, Bertha Oliva.
Partidos políticos españoles (PSOE, IU y PP) rechazaron unánimemente estas violaciones a los derechos humanos y manifestaron su apoyo «incondicional» a este tipo de programas. Inés Sabanés, diputada de IU en el Congreso, aseguró que se deben incrementar las acciones «para presionar a los Gobiernos de los países en donde se violen los derechos humanos para que dejen de darse acciones tan reprobables». José Herrera, diputado del PP, se manifestó a favor de la cooperación internacional para que «los derechos humanos dejen de ser una mera declaración de intenciones y se hagan realidad».
En España, estas manifestaciones represivas «son muy pocas», pero «no podemos decir que hayan desaparecido», asegura Manuel Ballesteros, presidente de Triángulo.
Apedrear en una plaza pública a una persona que manifiesta su inclinación homosexual, recibir amenazas de muerte por luchar abiertamente contra esa u otras medidas represivas o vivir con la psicosis de que si te pilla la policía en flagrante te podría caer una sentencia de varios años de cárcel «es una realidad que se vive en al menos dos terceras partes del planeta», según Daniel Soto, representante de AI para asuntos de gays y lesbianas. A 50 años de la proclamación de los Derechos Humanos, la situación legal de la homosexualidad no es para pegar saltos: en 44 países, el lesbianismo está prohibido, mientras que los gay viven en condiciones de ilegalidad en 83 países.
En Estados Unidos, por ejemplo, existen cuatro Estados (Arkansas, Kansas, Oklahoma y Texas) en los que queda explícita la ilegalidad de la homosexualidad -«el sexo anal y oral homosexual es ilegal»-; por este delito se pueden aplicar sanciones de tres a ocho años, o como en el caso de Texas, que se contempla «hasta la cadena perpetua», aseguró en entrevista Daniel Soto. En Chile, las penas para las lesbianas son de entre tres y cinco años, mientras que para los gay las condenas son de cinco a siete años. En Arabia Saudí, la gente y la policía «apedrean hasta la muerte» a los homosexuales en la plaza pública.
En contraste, únicamente 13 países cuentan con leyes antidiscriminatorias a nivel nacional basadas en la orientación sexual. Todos estos países, a excepción de Suráfrica, Nueva Zelanda y Canadá, son europeos, entre los que se encuentran España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Luxemburgo, Noruega, Eslovenia, Islandia, Países Bajos y Suecia. La homosexualidad es legal en 59 países, aunque las leyes no son igualitarias.
Un tribunal británico decidió ayer que un piloto había sufrido discriminación por la compañía Air Foyle por su carácter de transexual, después de un proceso judicial de dos años.
Defensores defendidos
Marcelo Nascimiento, presidente del Grupo Gay de Alagoas -organización defensora de los derechos humanos en Brasil-, y Pedro Montenegro, miembro de AI en Brasil, han sido objeto de numerosas amenazas de muerte anónimas por haber iniciado una campaña de presión social para que se investigue el asesinato de tres personas: un travestido y dos homosexuales. Tsitsi Tiripano es lesbiana y fundadora de una organización de homosexuales en su país, Zimbabue. Por estas razones, Tsitsi Tiripano ha sido agredida, lo que le ha decidido a huir de su país, a pesar de haber solicitado protección a la policía nacional. Casos como éstos han sido denunciados por AI y la Fundación Triángulo. En países como Brasil, Chile, Zimbabue, México y Arabia Saudí, en donde, según estas organizaciones, las personas que deciden plantarle cara a la sociedad y luchar por las reivindicaciones específicas su vida está en vilo: reciben amenazas de muerte constantes y, en ocasiones, sufren torturas.
Ante esta situación, AI de España ha creado un fondo para facilitar protección temporal en España a personas que viven bajo estas amenazas. Entre estos casos están: un joven cubano que luchó infructuosamente por la reforma universitaria en la isla, Néstor Rodríguez; una abogada turca, Sevil Dalkilic; una estudiante china, Li Hai; una activista paquistaní que ha luchado a favor de los derechos de la mujer, Asma Jahangir, y la coordinadora del comité de familiares detenidos en Honduras, Bertha Oliva.
Partidos políticos españoles (PSOE, IU y PP) rechazaron unánimemente estas violaciones a los derechos humanos y manifestaron su apoyo «incondicional» a este tipo de programas. Inés Sabanés, diputada de IU en el Congreso, aseguró que se deben incrementar las acciones «para presionar a los Gobiernos de los países en donde se violen los derechos humanos para que dejen de darse acciones tan reprobables». José Herrera, diputado del PP, se manifestó a favor de la cooperación internacional para que «los derechos humanos dejen de ser una mera declaración de intenciones y se hagan realidad».
En España, estas manifestaciones represivas «son muy pocas», pero «no podemos decir que hayan desaparecido», asegura Manuel Ballesteros, presidente de Triángulo.
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