Unión homosexual.
Editorial | El País, 2003-10-22
https://elpais.com/diario/2003/10/23/opinion/1066860001_850215.html
Editorial | El País, 2003-10-22
https://elpais.com/diario/2003/10/23/opinion/1066860001_850215.html
La solicitud de matrimonio presentada ayer en el Registro Civil por parte de tres parejas homosexuales tiene un innegable punto de provocación a los poderes públicos, y en especial al Gobierno. Uno de los protagonistas, el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo, lo ha descrito como "un acto de visibilidad y de militancia, porque no somos orientaciones sexuales que vagan por el espacio".
Algunos se han apresurado a tildar la iniciativa de "mediática" y "electoralista", por producirse en pleno periodo electoral en la Comunidad de Madrid y con las elecciones generales de marzo ya en el horizonte. Es posible. ¿Pero habría que culpar al colectivo de gays y lesbianas por aprovechar las elecciones para reivindicar la plena igualdad de derechos civiles frente a la cerrazón del Gobierno a sus demandas? Lo verdaderamente escandaloso es que en los siete años largos que lleva el Partido Popular en el poder se haya mostrado insensible a cualquier intento de acercar el derecho a la realidad social del mundo homosexual: no sólo ha bloqueado desde hace dos años en el Congreso la única propuesta de reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre homosexuales, sino que se niega a promulgar una ley estatal de parejas de hecho, a pesar de que varias comunidades autónomas, alguna de ellas regida por el PP, han regulado este tipo de uniones afectivas en sus respectivos ámbitos.
La estrategia de la iniciativa es evidente: intentar obtener por la vía judicial, si se les deniega, como es previsible, la inscripción del matrimonio, lo que el poder político se resiste a conceder. Serán los tribunales, especialmente el Constitucional, quienes tengan que abrir brecha en el camino del reconocimiento legal de las uniones homosexuales ante la inoperancia y la pasividad del Gobierno, movido sin duda por su deseo de complacer a la Iglesia y de no espantar al elemento católico de su electorado.
Con la Constitución en la mano, cuyo artículo 32 se limita a establecer que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", será difícil denegar judicialmente ese derecho a parejas del mismo sexo. No existen motivos legales insalvables, y sí muchos prejuicios ideológicos y religiosos, para oponerse a este trascendental paso en la equiparación legal de los homosexuales. Y es lamentable que el Gobierno se deje guiar por ellos cuando otros Ejecutivos europeos, incluso conservadores, han encontrado fórmulas que tienden a la equiparación efectiva entre parejas heterosexuales y homosexuales.
Algunos se han apresurado a tildar la iniciativa de "mediática" y "electoralista", por producirse en pleno periodo electoral en la Comunidad de Madrid y con las elecciones generales de marzo ya en el horizonte. Es posible. ¿Pero habría que culpar al colectivo de gays y lesbianas por aprovechar las elecciones para reivindicar la plena igualdad de derechos civiles frente a la cerrazón del Gobierno a sus demandas? Lo verdaderamente escandaloso es que en los siete años largos que lleva el Partido Popular en el poder se haya mostrado insensible a cualquier intento de acercar el derecho a la realidad social del mundo homosexual: no sólo ha bloqueado desde hace dos años en el Congreso la única propuesta de reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre homosexuales, sino que se niega a promulgar una ley estatal de parejas de hecho, a pesar de que varias comunidades autónomas, alguna de ellas regida por el PP, han regulado este tipo de uniones afectivas en sus respectivos ámbitos.
La estrategia de la iniciativa es evidente: intentar obtener por la vía judicial, si se les deniega, como es previsible, la inscripción del matrimonio, lo que el poder político se resiste a conceder. Serán los tribunales, especialmente el Constitucional, quienes tengan que abrir brecha en el camino del reconocimiento legal de las uniones homosexuales ante la inoperancia y la pasividad del Gobierno, movido sin duda por su deseo de complacer a la Iglesia y de no espantar al elemento católico de su electorado.
Con la Constitución en la mano, cuyo artículo 32 se limita a establecer que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica", será difícil denegar judicialmente ese derecho a parejas del mismo sexo. No existen motivos legales insalvables, y sí muchos prejuicios ideológicos y religiosos, para oponerse a este trascendental paso en la equiparación legal de los homosexuales. Y es lamentable que el Gobierno se deje guiar por ellos cuando otros Ejecutivos europeos, incluso conservadores, han encontrado fórmulas que tienden a la equiparación efectiva entre parejas heterosexuales y homosexuales.
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