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| El País / Miguel Ángel Flores // |
Cuatro años de prisión para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena.
La Audiencia Provincial de Madrid considera al promotor de la fiesta culpable de cinco homicidios por imprudencia grave.
J.A. Aunión | El País, 2016-09-27
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/26/madrid/1474910892_725102.html
Miguel Ángel Flores, conocido como ‘MAF’ en el mundillo de la noche madrileña, ha sido condenado a cuatro años de prisión por la tragedia del Madrid Arena, la fiesta de Halloween celebrada el 1 de noviembre de 2012 en el pabellón municipal de la Casa de Campo de Madrid en la que murieron cinco jóvenes. La Audiencia Provincial de Madrid le considera culpable de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y otros 14 de lesiones por imprudencia grave.
Flores, máximo responsable de la firma Diviertt, la promotora de la fiesta, vendió muchas más entradas de las que permitía el aforo (10.620 frente a unas 16.492 vendidas, según la sentencia, aunque pudieron llegar a acceder al recinto todavía más personas), y esta fue principal razón que acabó provocando una salvaje avalancha mortal en uno de los accesos a la planta en la que estaba pinchando el conocido dj Steve Aoki. El empresario ha anunciado a la salida de la Audiencia Provincial, donde ha conocido el fallo, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid terminaron de dar forma a la tragedia. "Nada de ello, sin embargo, funcionó correctamente", dice la sentencia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: Flores y otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos en la sentencia que se ha dado a conocer esta mañana.
En concreto, la Sala condena también a tres años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al responsable de la empresa de Madridec, Francisco del Amo y al director general de Diviertt, Santiago Rojo. Miguel Ángel Morcillo, de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión. Absuelve, sin embargo, al jefe de Policía Emilio Monteagudo y a los doctores Simón y Carlos Viñals. Los jueces creen que el operativo policial organizado por el Ayuntamiento, "a pesar de la precariedad, no tuvo influencia en lo sucedido".
En cuanto a los doctores Viñals, "pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran", no está probado que si dichos médicos hubieran actuado correctamente podrían haber evitado que las jóvenes fallecieran, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio y el que transcurrió hasta que pudieron ser rescatadas.
Los magistrados consideran también que los coordinadores de Seguriber Juan José Paris y Raúl Monterde son responsables en menor grado y les impone una pena de multa (doce meses a una cuota diaria de 10 euros). También consideran que el responsable de seguridad Rafael Pastor cometió infracciones constitutivas de falta, que en la actualidad están despenalizadas, por lo que es absuelto, si bien debe responder, junto con todos los anteriores, del abono de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, que giran en torno a los 350.000 euros para cada familia y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.
Las familias de las víctimas —Cristina Arce y Katia Esteban, que murieron en el acto, y Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso, que fallecieron poco después; tenían entre 17 y 20 años— recibirán distintas indemnizaciones que rondan los 350.000 euros para cada una de ellas.
Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.
Lo cierto es que en la madrugada del 1 de noviembre de 2012, durante la fiesta celebrada en el pabellón Madrid Arena de la Casa de Campo, en torno a una treintena de pesonas resultaron heridas y otras cinco murieron aplastadas por las avalanchas provocadas por “la aglomeración de personas” en los vomitorios. El enorme sobreaforo, con menores de edad incluidos, se sumó a claros fallos de seguridad: por ejemplo, no se controló el acceso por plantas y se taponaron algunos accesos al escenario principal.
Así, cuando llegó la hora de la actuación principal de la noche, la del dj Steve Aoki, a los jóvenes que ya estaban dentro del recinto se les fueron uniendo muchos más (cuya entrada se facilitó con la apertura de más puertas exteriores), de tal modo que el ambiente se hizo insoportable e irrespirable en esa pista central. Por eso, los que estaban dentro empezaron a intentar salir, chocando en los accesos con los que seguían intentando entrar, lo que causó la brutal avalancha en uno de los vomitorios, el 5, donde en la confusión los jóvenes se veían atrapados, pisoteados y, finalmente, aplastados, llegando incluso a provocar la muerte de las cinco chicas (tres aquella misma noche y otras dos los días siguientes).
La actuación y los medios del servicio de enfermería también empeoraron la situación. El médico responsable de la enfermería aquella noche, Simón Viñals, admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, por lo que el servicio se compuso de siete personas; entre ellas el propio Viñals, de 77 años en aquel momento y un auxiliar de enfermería de 81 años. En el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.
Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid, le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque finalmente, no fue acusado de nada.
Flores, máximo responsable de la firma Diviertt, la promotora de la fiesta, vendió muchas más entradas de las que permitía el aforo (10.620 frente a unas 16.492 vendidas, según la sentencia, aunque pudieron llegar a acceder al recinto todavía más personas), y esta fue principal razón que acabó provocando una salvaje avalancha mortal en uno de los accesos a la planta en la que estaba pinchando el conocido dj Steve Aoki. El empresario ha anunciado a la salida de la Audiencia Provincial, donde ha conocido el fallo, que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.
Pero si la avaricia desencadenó todo, los sonrojantes fallos de los encargados de seguridad en el pabellón, de la organización del evento y la gestión que han quedado en evidencia durante el macrojuicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid terminaron de dar forma a la tragedia. "Nada de ello, sin embargo, funcionó correctamente", dice la sentencia. Así, el resto de los acusados —responsables de la promotora de la fiesta (Diviertt), de la empresa pública dueña del Madrid Arena (Madridec), de las subcontratadas para las labores de seguridad (Seguriber y Kontrol 34) y el servicio médico, y de la Policía Municipal— han sufrido distinta suerte: Flores y otros seis acusados han sido condenados y otros ocho han sido absueltos en la sentencia que se ha dado a conocer esta mañana.
En concreto, la Sala condena también a tres años de cárcel por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones al responsable de la empresa de Madridec, Francisco del Amo y al director general de Diviertt, Santiago Rojo. Miguel Ángel Morcillo, de Diviertt, y a Carlos Manzanares, de Kontrol 34, les impone una pena de dos años, seis meses y un día de prisión. Absuelve, sin embargo, al jefe de Policía Emilio Monteagudo y a los doctores Simón y Carlos Viñals. Los jueces creen que el operativo policial organizado por el Ayuntamiento, "a pesar de la precariedad, no tuvo influencia en lo sucedido".
En cuanto a los doctores Viñals, "pese a entender acreditada su negligente actuación cuando las víctimas fueron llevadas al botiquín para que las asistieran", no está probado que si dichos médicos hubieran actuado correctamente podrían haber evitado que las jóvenes fallecieran, dado el tiempo que las víctimas estuvieron atrapadas en el vomitorio y el que transcurrió hasta que pudieron ser rescatadas.
Los magistrados consideran también que los coordinadores de Seguriber Juan José Paris y Raúl Monterde son responsables en menor grado y les impone una pena de multa (doce meses a una cuota diaria de 10 euros). También consideran que el responsable de seguridad Rafael Pastor cometió infracciones constitutivas de falta, que en la actualidad están despenalizadas, por lo que es absuelto, si bien debe responder, junto con todos los anteriores, del abono de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, que giran en torno a los 350.000 euros para cada familia y a los lesionados en proporción a las lesiones y secuelas que padecieron.
Las familias de las víctimas —Cristina Arce y Katia Esteban, que murieron en el acto, y Rocío Oña, Belén Langdon y Teresa Alonso, que fallecieron poco después; tenían entre 17 y 20 años— recibirán distintas indemnizaciones que rondan los 350.000 euros para cada una de ellas.
Termina con este fallo, casi cuatro años después de la tragedia, un juicio que arrancó el pasado 12 de enero y durante el cual se han entremezclado los relatos escalofriantes de los jóvenes que se vieron atrapados en la avalancha —incluido el de una muchacha que escuchó, medio ahogada entre una maraña de piernas, las últimas palabras de sus amigas— con las acusaciones cruzadas, procedentes del hiperpoblado banquillo de los acusados, que trataban de cargarse las culpas entre sí: los abogados de Flores a los dueños municipales del edificio; estos a la empresa Kontrol 34; quién aseguró a su vez que aquella noche solo aportó personal, pero que la seguridad dependía únicamente de Seguriber; los letrados de los sanitarios, por su parte, llegaron a señalar al Samur y a la Delegación del Gobierno en Madrid por dar el visto bueno a la apertura de puertas del pabellón.
Lo cierto es que en la madrugada del 1 de noviembre de 2012, durante la fiesta celebrada en el pabellón Madrid Arena de la Casa de Campo, en torno a una treintena de pesonas resultaron heridas y otras cinco murieron aplastadas por las avalanchas provocadas por “la aglomeración de personas” en los vomitorios. El enorme sobreaforo, con menores de edad incluidos, se sumó a claros fallos de seguridad: por ejemplo, no se controló el acceso por plantas y se taponaron algunos accesos al escenario principal.
Así, cuando llegó la hora de la actuación principal de la noche, la del dj Steve Aoki, a los jóvenes que ya estaban dentro del recinto se les fueron uniendo muchos más (cuya entrada se facilitó con la apertura de más puertas exteriores), de tal modo que el ambiente se hizo insoportable e irrespirable en esa pista central. Por eso, los que estaban dentro empezaron a intentar salir, chocando en los accesos con los que seguían intentando entrar, lo que causó la brutal avalancha en uno de los vomitorios, el 5, donde en la confusión los jóvenes se veían atrapados, pisoteados y, finalmente, aplastados, llegando incluso a provocar la muerte de las cinco chicas (tres aquella misma noche y otras dos los días siguientes).
La actuación y los medios del servicio de enfermería también empeoraron la situación. El médico responsable de la enfermería aquella noche, Simón Viñals, admitió haber previsto una asistencia mucho menor, para unas 6.000 personas, por lo que el servicio se compuso de siete personas; entre ellas el propio Viñals, de 77 años en aquel momento y un auxiliar de enfermería de 81 años. En el caos que siguió a la avalancha, el relato de varios testigos ha puesto en duda la capacidad y preparación de Viñals para atender a las víctimas.
Ningún responsable político del Ayuntamiento se ha visto obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. La tragedia, cuya gestión supuso un enorme coste de imagen a Ana Botella (PP), por entonces alcaldesa de Madrid, le costó el puesto a Pedro Calvo, que dimitió de su cargo de delegado de Economía y portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de la capital tras ser imputado por el juez que empezó a investigar el incidente; aunque finalmente, no fue acusado de nada.
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