DOCUMENTACIÓN | MEMORIA | ANTE LA LEY QUE REGULA LAS NUEVAS FORMAS DE MATRIMONIO

Ante la ley que regula las nuevas formas de matrimonio
Andoni Guillen - Miembro de ESK | Gara, 2004-11-11 [MyNews]

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social»... dice la Constitución en el artículo 10.1; en el artículo 32.1 que... «el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica»; en el 32.2 que «la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos».

En el artículo 31 dice que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad» y en el 14 dice que... «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Ante todo esto me hago alguna pregunta:

¿Por qué no cumplen en este caso su Constitución? ¿Debemos alegrarnos por la aprobación del proyecto de ley que regulará las nuevas formas de matrimonio?

Yo diría que no es para tanto, ya que de entrada llega muy tarde, la Constitución ha cumplido más de 25 años. ¿Qué han hecho en estos 25 años para evitar esta discriminación que hemos sufrido en democracia las personas que tenemos prácticas homosexuales? Por otro lado no hay que olvidar que ya estamos viviendo en modelos de familias diferentes a la establecida; que hay un gran número de familias formadas por personas del mismo sexo, con hijos e hijas biológicas o adoptadas, que ante una desgracia, fallecimiento, separación... no tienen una ley a la que acogerse para evitar problemas añadidos debido al vacío legal existente, vacío que pretenden llenar con esta nueva ley.

Sería interesante hacer un poco de historia y recordar que cuando el PSOE estaba al frente del Gobierno allá por el año 1992 y ante una inminente reforma del Código Penal la comisión redactora de dicha reforma recibió una carta de la COFLHEE. La Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual de Estado Español, que tenía una intensa actividad en aquellos años, envió un escrito a la comisión redactora en el que solicitaba que la nueva redacción del Código Penal recogiera «de un modo avanzado y acorde con un Estado Democrático y de Derecho, la temática referente a la homosexualidad»; se remitió también el Proyecto de Ley Antidiscriminatoria elaborado por dicha coordinadora. Todo esto, como he dicho, en 1992, hace nada más y nada menos que 14 años; gobernando el PSOE.

Catorce años después vuelve el partido mencionado al poder, pero esta vez con necesidad de marcar diferencias con el anterior gobierno y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido presentar un proyecto de ley para acabar con esta situación de discriminación, que es insostenible en un estado que se proclama democrático en el siglo XXI. No hacen más que cumplir sus leyes, eso sí, tarde y aún esperarán que nos alegremos.

No todo el mundo quiere casarse, no creemos que el matrimonio ni la propia Constitución sean la panacea, pero sí queremos poder elegir como integrantes de esta sociedad, como personas libres la forma en que queremos vivir las relaciones interpersonales.

El PP en los ocho años que estuvo en el poder no hizo nada en este sentido, mejor dicho lo único que hizo fue recurrir la aprobación de la Ley de Parejas de Hecho de Navarra en la que por primera vez se aprobó la adopción por parejas formadas por personas del mismo sexo en una comunidad del Estado español. Hay que recordar que una persona sola al margen de su orientación sexual puede adoptar, pero en pareja no; esto no es lógico.

Ya basta de hipocresía y de hacer valer los valores morales de una religión determinada, como si de valores sociales se tratasen: la misma Constitución en su artículo 16.3, dice que... «ninguna confesión tendrá carácter estatal» y eso es algo que la Iglesia Católica no está dispuesta a asumir por la pérdida de privilegios que supondría.

No es de extrañar que el PP y por ende UPN hayan apoyado sin fisuras la actitud antidemocrática del propuesto Comisario Europeo de Justicia e Igualdad, Rocco Buttiglione, que todavía cree que el papel de las mujeres en el matrimonio y en la sociedad es tener hijos bajo la protección de un varón. Buttiglione «un gran amigo del Papa, hasta el extremo de que aprendió polaco para tratarse con la curia que rodea al Pontífice, ha dicho públicamente que considera pecado la homosexualidad y que la mujer debe desempeñar un papel pasivo en la sociedad», informaba un periódico que añadía «ha contado con el apoyo exclusivo del Partido Popular Europeo y de los Demócratas Europeos donde se encuentran los 24 Eurodiputados del PP español».

Pero no están solos, el Vaticano les ayuda. El cardenal presidente del Consejo Pontificio de Justicia, representante de la institución que con su inquisición nos echaba a la hoguera, con un descarado victimismo, denuncia públicamente que hay «una nueva inquisición que sienta a la iglesia católica y a los cristianos en el banquillo»; es muy curioso que lo digan ellos que siguen haciendo públicamente apología de la homofobia, negando los derechos de las demás personas en pro de su propia moral.

La oposición a la nueva ley que regulará las nuevas formas de matrimonio, potestad que la Constitución otorga al poder legislativo, debería tenerse en cuenta a la hora de subvencionar con dinero de las arcas públicas instituciones que fomentan la discriminación o que hagan apología de la homofobia y el rechazo social.

Hace poco pudimos saber las cantidades de dinero que «cada año Hacienda entrega a la Conferencia Episcopal para pagar los sueldos de los eclesiásticos. En el año 2004 por ejemplo va a recibir 138,7 millones de euros, (unos 23.000 millones de pesetas de las de antes). Además el Estado paga los salarios de 30.000 docentes de catolicismo y de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios o penitenciarios y libra miles de millones para subvenciones varias. La cifra no baja de 3.600 millones entre todas las administraciones».

Me gustaría que de una vez por todas se legislase de manera no discriminatoria y se sentasen unas bases sólidas para una convivencia en libertad, donde cada persona sea libre para elegir dónde, cómo, cuándo y con quién compartir su vida.

Grupos irrespetuosos con los derechos de las demás personas como es la Iglesia católica y su jerarquía seguirán estando ahí, lo que pido es que no sean subvencionados con dinero público y que no se les permita, al menos en público, hacer declaraciones en contra de la convivencia y de los derechos inherentes de las personas recogidos en la propia Constitución.